La Audiencia ve, «sin duda», indicios contra los imputados del Faisán

El Mundo

El Pleno ordena al juez Ruz que siga investigando en un auto plagado de errores

Los tres procesamientos del caso Faisán por el presunto chivatazo a ETA deben ser revocados porque el juez ha sostenido una hipótesis «aquejada de graves defectos», aunque existen, «sin duda», indicios de criminalidad contra los imputados y el instructor tiene vía libre para «completar la investigación en la forma que crea oportuna».

Todo lo anterior forma parte del auto notificado ayer por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y es reflejo del pacto al que llegaron los 14 magistrados para resolver por unanimidad un asunto que dividía claramente a la Sala.

La tesis mantenida por el juez Pablo Ruz y discutida por el Pleno es que el ex director de la Policía Víctor García Hidalgo acordó el soplo con el todavía jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies. Este, a su vez, habría mandado a un inspector -hoy inspector jefe- al bar Faisán para que le pusiera al teléfono a Joseba Elosua, al que advirtió de la inminente operación policial contra la red de extorsión de ETA.

El escrito, del que ha sido ponente el magistrado José Ricardo de Prada, arranca afirmando que la revocación de los procesamientos «tiene como razón principal considerar que no se han agotado todas las posibilidades de investigación que la situación ofrece». «Se ha seguido exclusivamente una hipótesis investigatoria, con exclusión, a juicio de la Sala, de forma no suficientemente justificada, de otras vías o hipótesis posibles, especialmente ante la existencia de inconsistencias relevantes no resueltas en la hipótesis por la que finalmente se ha decantado el juzgado», añade, alineándose con lo sostenido por los imputados.

El Pleno sí considera que el soplo se produjo. Lo describe como «la puesta en conocimiento de Joseba Elosua, [...] de una información relevante en relación con la investigación que se estaba llevando a cabo». Lo que no comparte son las deducciones efectuadas por Ruz, frente a las que sostiene que persisten las dudas tanto sobre la autoría -pudieron ser guardias civiles, policías franceses o incluso servicios secretos, dice- como sobre el momento y el lugar en que se produjo el chivatazo.

El auto suscrito por 14 magistrados de la Sala enumera una larga lista de objeciones al auto de procesamiento. Objeciones que, en varios casos, contienen llamativos errores. Empezando por la hora de la llamada sospechosa, que el auto fija a las 11.20 pese a que fue a las 11.23. O la detección de Ballesteros frente al Faisán por la cámara de vigilancia, que fue a las 11.17 y no a las 11.14 (el vídeo tenía un desfase de tres minutos).

Esas diferencias temporales son clave, porque el auto se agarra a un acta de vigilancia que sitúa a Elosua a las 11.15 horas, durante varios minutos, en la adyacente perfumería de su hija, lo que implicaría que «Elosua no estuv[o] en el bar Faisán en el fragmento de tiempo en que se dice en la hipótesis judicial». Con el horario correcto, en cambio, sí es perfectamente posible que Ballesteros entrara en el Faisán -siempre después de las 11.20 horas, según Ruz- cuando Elosua ya había vuelto de la perfumería.

El auto también resalta la contradicción de que el vídeo muestre a Ballesteros entrando por la puerta delantera del bar, pese a que Elosua aseguró que quien le pasó el móvil había llegado por la trasera. En realidad, el vídeo le muestra pasando por delante... para dar la vuelta y entrar por detrás. Es decir, por donde decía Elosua.

La lista de errores se extendería al último epígrafe: «Tampoco la investigación ha tenido en cuenta las llamadas salientes». En realidad, esas han sido las llamadas investigadas. Las que se descartaron fueron las entrantes, porque se consideró lógico que fuera Ballesteros quien llamara a Pamies cuando estuviera en presencia de Elosua.

Los reparos del Pleno incluyen varios asuntos relacionados con la investigación de las llamadas telefónicas, claves en el caso Faisán. Critica que no se investigaran las que pudieron hacerse empleando antenas de telefonía francesas. Este reproche, en realidad, va dirigido a Baltasar Garzón, que sólo autorizó investigar las españolas. Hoy ya no es posible obtener los datos de Francia. El auto también lamenta que no se investigaran llamadas desde teléfonos vía satélite.

Una objeción que planea sobre toda la investigación es la de haber dejado las pesquisas, de forma exclusiva y sin contraste posible, en manos de un equipo de policías sobre el que había «dudas perfectamente razonables», ya que lo integraban teóricos candidatos a haber dado el soplo. Este palo le corresponde de nuevo a Garzón, que fue quien a su vuelta a la Audiencia retiró de las pesquisas a la Guardia Civil.

El auto sí lanza un durísimo reproche directamente a Ruz, cuando afirma que sólo ha tenido en cuenta lo declarado por Elosua cuando corroboraba su tesis, descartando todo lo que «exculparía» a los procesados.

Los magistrados cierran el escrito instando a Ruz a «completar la investigación en la forma que crea oportuna». Es decir, le deja las manos libres para que acuerde las diligencias que -al margen de factores no estrictamente jurídicos- podrían determinar si el auto de ayer es el fin del caso Faisán o todavía es posible que la causa reviva.