Trabajadores que alertaron del fraude fueron beneficiados pese al informe en contra
La Junta de Andalucía prejubiló a los mineros de Chaves a pesar de que un informe de la Consejería de Empleo determinó que no podía hacerlo. Se trata de los mineros que hace ocho años informaron al entonces presidente andaluz, Manuel Chaves, de la existencia de intrusos en los ERE de la Faja Pirítica de Huelva y que solicitaban el mismo trato para ellos.
En lugar de investigar los hechos, la Junta de Andalucía terminó prejubilando también a estos trabajadores, después de que el propio Manuel Chaves reenviara el escrito de los mineros a su consejero de Empleo, José Antonio Viera, indicándole que se trataba de una denuncia, pero no de fraude en los ERE, sino de «discriminación».
Los trabajadores fueron despedidos de la Mina de Tharsis entre 1996 y 1998, y fueron recolocados en las empresas agrícolas Citrasa y Sol Lepe, que recibieron ayudas públicas por ello. Estas empresas los despidieron al cabo de tres años -el plazo mínimo pactado con la Junta- y, cuando se firmaron los acuerdos de los ERE de la Faja Pirítica en los años 2002 y 2003, fueron contratados por Egmasa, empresa de gestión medioambiental de la Junta.
Estando contratados por Egmasa, los mineros se dirigieron a Chaves y al Defensor del Pueblo Andaluz denunciando que habían sido excluidos de las prejubilaciones cuando otras personas en su misma situación, o incluso «sin haber visto la mina ni por dentro ni por fuera», estaban prejubiladas.
El Defensor pidió un informe a la Consejería de Empleo, que respondió el 3 de marzo de 2004 que esos antiguos mineros podrían prejubilarse, recibir formación o ser recolocados «sólo en el caso de que no se hubiera destinado presupuesto de la Junta de Andalucía, de manera directa o indirecta, es decir, indemnización
personal o ayuda a la recolocación en empresas».
Sobre aquellos trabajadores que, excepcionalmente, habían sido contratados por Egmasa, como era el caso de los que reclamaron ante Chaves, el informe dejaba claro que «están excluidos de los distintos acuerdos firmados, sin que ello [su contratación por la empresa pública] pueda suponer su inclusión en los colectivos acogidos» a los ERE.
En febrero de 2005, 11 meses después del informe de la Junta de Andalucía, y pese a la negativa inicial de la Consejería de Empleo, cinco de esos mineros aparecían ya como beneficiarios de la póliza 1.096 de la compañía Vitalicio Seguros, pagada por el fondo de reptiles de la Junta de Andalucía.
Cada uno de ellos ingresa actualmente una renta mensual de 1.316,32 euros, que percibirán hasta pasar de los 60 años y, en un caso, hasta cumplir 61 años y dos meses. El más joven de ellos estará cobrando rentas hasta octubre de 2018, con un incremento anual del 2%.
Esta póliza de rentas, en la que están incluidos al menos 61 beneficiarios y cuyo tomador es la Federación Estatal de Industrias y Afines del sindicato UGT, parece un caso claro de ilegalidad en el manejo del fondo de reptiles. Así se desprende de otro informe fechado el 14 de marzo de 2011 por funcionarios de la Consejería de Empleo, en plena investigación interna por el escándalo de los ERE.
Los autores del informe señalan en su escrito que «no constan los acuerdos en virtud de los que se suscribió la póliza y donde se supone que deben contenerse los criterios para la determinación de los beneficiarios».
«Dadme nombres y los saco de los ERE»
Un alto cargo pidió ya en 2003 identidades de intrusos, pero los mineros se negaron
El delegado de la Consejería de Empleo en Huelva conoció en agosto de 2003 la existencia de intrusos en los expedientes de regulación de empleo pagados con fondos públicos. Los mineros que denunciaron los hechos ante el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y ante el Defensor del Pueblo Andaluz así lo cuentan en una de las cartas en las que exigían para ellos el mismo trato que a los demás.
En una misiva remitida al Defensor en marzo de 2004, después de que éste archivara su queja al entender que no tenían derecho a prejubilarse, los mineros relatan que, en agosto de 2003, mantuvieron una reunión con el delegado de Empleo en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez, pero «se cerró a todo derecho por parte de nosotros y es quien nos dejó fuera» de las prejubilaciones.
Según cuentan los mineros en su escrito, este alto cargo de la Consejería de Empleo quería que le dieran «nombre y apellidos de los compañeros que se habían colado tanto en las prejubilaciones como en la bolsa de trabajo para quitarlos». Pero la respuesta de los trabajadores fue la siguiente: «Nosotros estamos aquí reclamando unos derechos, no a quitarle el cacho de pan a ningún compañero».
Queda de manifiesto, pues, que el escándalo no pilló por sorpresa a la Junta de Andalucía, ya que lo conocía desde el verano de 2003. En aquella reunión, según los mineros, había otras personas, entre ellas el dirigente de la Federación de Industria y Afines de UGT Luciano Gómez, candidato en la lista del PSOE al Congreso de los Diputados en las elecciones de mañana.
Además de al delegado de Huelva, los mineros informaron también a Manuel Chaves, pero el presidente andaluz tramitó su escrito como una denuncia de «discriminación» y no como la revelación del fraude en los ERE de la Faja Pirítica onubense.
El propio Manuel Alfonso Jiménez, una vez cesó en su cargo en febrero de 2004 para ir como candidato en las listas del PSOE en las elecciones autonómicas de aquel año, dio la orden de informar al entonces viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández -luego consejero nacido para el ERE-, de la inclusión de al menos tres intrusos en los ERE de la minería de Huelva.
Un año después, en 2005, la Delegación de Innovación en Huelva también informó al delegado de Empleo de entonces, Juan Márquez, de 41 casos de irregularidades en el expediente de la minería
Griñán recurre el auto que le implica en ayudas ilícitas
La Junta de Andalucía ha recurrido el último auto de la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) sólo en lo referente a la supuesta autorización que debían realizar los ex consejeros de Hacienda José Antonio Griñán -hoy presidente autonómico- y Carmen Martínez Aguayo para la «concesión ilícita de ayudas públicas».
En su recurso, el letrado de la Junta dice que la petición que realiza la juez «es imposible porque, sencillamente, la norma que regula el régimen de aprobación de las inversiones en el seno de la Agencia IDEA en ningún caso exige la autorización del titular de la Consejería», como afirma el auto judicial, informa Efe.
La Junta, por ello, sólo recurre la parte del auto en el que el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla acordó que la Agencia IDEA le remita la autorización del consejero de Economía y Hacienda, previa a la aprobación por el Consejo de Gobierno de las operaciones de endeudamiento igual o superior a 1.200.000 euros en relación a 21 empresas.
La juez Alaya incluyó dicha petición dentro de su investigación sobre «la concesión ilícita de ayudas públicas durante más de una década, ya por la total carencia de procedimiento, ya por la concesión a determinadas personas».
Dice el recurso que la juez puede haber incurrido en un error, pues primero habla de los «límites cuantitativos» que determinan la competencia para realizar pagos, y la parte dispositiva de su auto sufre una «sustancial variación» y pide la autorización que existiese en el caso de «operaciones de endeudamiento», que «son conceptos antitéticos».
«Hubiera bastado la mera lectura del decreto y de la Ley General de Hacienda Pública para comprobar que no cabe una diligencia sobre un hecho que, referido a un trámite administrativo, no prevén dichas normas», sostiene el letrado de la Junta. La concesión de ayudas no requería «la previa autorización» del entonces consejero Griñán
Las corruptelas en andalucía siguen saliendo, eso es como un pozo sin fondo.
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