Denuncia que «nadie dé razón de las evidencias recogidas en los cuatro focos de las explosiones» y rechaza la prescripción que alegó Manzano porque la falsedad se produjo en el juicio
La Fiscalía no apoya al comisario Sánchez Manzano en su pretensión de que la Audiencia de Madrid dé carpetazo a la investigación del Juzgado de Instrucción número 43 sobre la actuación del ex jefe de los Tedax en la recogida de las muestras de las explosiones del 11-M. El Ministerio Público afirma en un extenso informe que la investigación debe seguir porque a las instalaciones de los Tedax llegaron evidencias procedentes de los cuatro focos de las explosiones «y en algún momento desaparecieron sin que nadie dé razón de su destino». El fiscal, que descarta la prescripción de los posibles delitos, también aprecia «irregularidades» en la recogida de las muestras al no haberse observado requisitos legales y reglamentarios «de tramitación elemental».
La Fiscalía vuelve a respaldar en ese informe, fechado el pasado día 2, la investigación de la magistrada Coro Cillán sobre la supuesta comisión por el ex jefe de los Tedax de delitos de falso testimonio, encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos en relación a la recogida de los restos de explosivos utilizados en la masacre del 11-M.
El fiscal pide a la Audiencia de Madrid que rechace el recurso en el que el comisario Juan Jesús Sánchez Manzano reclama el sobreseimiento libre del procedimiento por inexistencia de delito, porque los hechos que se investigan ya han sido objeto de enjuiciamiento en la Audiencia Nacional (existencia de cosa juzgada) y porque los delitos que figuran en la querella de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, origen del procedimiento, habrían prescrito.
Esta última es una alegación novedosa. La Fiscalía, que se ha opuesto reiteradas veces a la petición de archivo formulada por el ex responsable de los Tedax, también rechaza que los delitos objeto de la querella hayan prescrito, extinguiendo así toda responsabilidad penal.
La defensa de Sánchez Manzano basa la prescripción en que entre la fecha de los atentados (11 de marzo de 2004) y la presentación de la querella (7 de julio de 2009) transcurrieron más de cinco años, que es el plazo de prescripción señalado para esos delitos, plazo que habría vencido el 11 de marzo de 2009.
El Ministerio Público discrepa de que el cómputo de la prescripción deba partir de la fecha de los atentados. A su parecer, es «obvio» que respecto al posible delito de falso testimonio en juicio se debe partir de la fecha en la que Sánchez Manzano y los otros peritos imputados declararon en la vista oral del 11-M (en marzo y en mayo de 2007), por lo que el plazo de prescripción de cinco años no habría transcurrido en cuanto a esa posible infracción penal.
Y sobre los demás delitos objeto de querella, el fiscal sostiene que «en relación con la posible desaparición de las evidencias recogidas en los cuatro focos de las explosiones y que, según las declaraciones testificales [que constan en el procedimiento], fueron trasladadas a las instalaciones de la Unidad Central de los Tedax, de donde en algún momento desaparecieron sin que nadie dé razón de su destino, la fecha de su comisión es incierta pero sus efectos se prolongan en el tiempo». A su juicio, hay que empezar a computar el plazo de prescripción desde la fecha en la que los restos de explosivos recogidos en los lugares de los atentados pudieron ser aportados al sumario del 11-M o bien cuando fueron reclamados por la Audiencia Nacional para realizar una pericia conjunta.
La Fiscalía insiste en rebatir la alegación de cosa juzgada. «Este procedimiento», explica, «no se centra en una revisión de la pericial sobre los explosivos acordada por la Audiencia Nacional, sino que se refiere a un estadio previo, como fue la recogida de evidencias o restos de las explosiones y muestras de explosivos de los cuatro focos de las explosiones (Atocha, Téllez, El Pozo y Santa Eugenia), su posterior traslado a dependencias policiales y su posible destrucción o desaparición al margen de cualquier normativa».
El informe subraya que las «irregularidades» descubiertas impiden archivar el procedimiento. Destaca que «no consta hasta la fecha que la recogida de evidencias o de vestigios fuese documentada en un acta, como determina la Ley de Enjuiciamiento Criminal», por lo que «parece que no se observó un presupuesto de tramitación elemental en una recogida de vestigios de una infracción penal».
Además de lo que establece la ley procesal, la recopilación de muestras de explosivos debía someterse a unos protocolos de actuación plasmados en una circular de la Dirección General de la Policía que obligaba a los Tedax y a la Policía Científica a redactar conjuntamente «un acta en la que describirán todos y cada uno de los restos» y a llevar a cabo una recepción conjunta.
La investigación desarrollada por el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha puesto de manifiesto que, en el caso del 11-M, «no consta la confección de una inspección técnico-ocular sobre las muestras o vestigios recogidos, esto es, no consta el acta que documentase esa recogida», señala el dictamen de la Fiscalía.
Tampoco fue documentada la entrega de las muestras ni se realizó posteriormente una acta del lugar donde fueron hallados los restos de explosivos ni se identificó al responsable policial que los recogió.
«Esta irregularidad, así como el resto de los hechos denunciados, no permite llegar a un planteamiento de sobreseimiento libre del procedimiento, sin perjuicio de que la instrucción no se encuentra concluida», indica el fiscal.
A su parecer, «resulta razonable» que las diligencias continúen «para llegar a tener los elementos de hecho y de Derecho» que permitan determinar si el comisario Sánchez Manzano debe sentarse o no en el banquillo.
Bien por el fiscal. Hay cosas que desaparecieron, y otras que aparecieron donde no debían por interés.
ResponderEliminarAsi que, bien por el fiscal, ahora pà lante como los de alaicante.