El Mundo
Por primera vez en democracia un juez cree tener indicios de que un ministro ha cometido un delito de corrupción
En las llamadas interceptadas entre Dorribo y el primo de Blancose habla de las gestiones del titular de Fomento
El ministro destaca que la noticia se ha conocido «precisamente en el día que da comienzo la campaña»
El Tribunal Supremo registró ayer, al filo de las 14.00 horas, un escrito de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, por el que remite a la Sala Penal las diligencias de la operación Campeón que podrían afectar al ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco. La juez, que consigna en su escrito el supuesto delito de tráfico de influencias (sin descartarse otros), se ha dirigido al Alto Tribunal a pocas horas del comienzo de la campaña de las elecciones generales, a las que Blanco concurre como candidato.
Dada la proximidad de los comicios generales, es improbable que la Sala Penal del Supremo tome alguna decisión sustantiva sobre el escrito de la juez de Lugo Estela San José relativo a los indicios incriminatorios existentes contra el ministro Blanco.
El Supremo y, por derivación, la mayoría de los jueces y tribunales siguen desde hace años el criterio de no tomar decisiones que puedan tener influencia en el resultado de unas elecciones, salvo que concurran circunstancias de urgencia o necesidad relacionadas, por ejemplo, con el riesgo de pérdida de pruebas o sustracción de los implicados a la acción de la Justicia.
Fuentes del Supremo excluían ayer esas notas de urgencia en el caso del escrito de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, que dispone desde hace tres meses de la declaración en la que el empresario gallego Jorge Dorribo acusa a José Blanco de haber recibido comisiones ilegales.
Dorribo, propietario de Laboratorios Nupel, fue enviado a prisión el pasado mayo tras ser detenido por orden de la juez San José como supuesto cabecilla de una trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta. Se le imputan supuestos delitos de falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, fraude fiscal y fraude en subvenciones públicas.
El empresario fue puesto en libertad tras su declaración del 8 de agosto, en la que aseguró que, a través de Manuel Bran, primo político de Blanco, entregó al ministro 200.000 euros a cambio de que gestionara a su favor la concesión de subvenciones. Según ha publicado EL MUNDO, Dorribo aseguró a la instructora que el ministro de Fomento y número dos del PSOE hizo gestiones ante Hacienda para que la Dirección de Ayudas Regionales subvencionase con 467.267 euros a sus empresas, y también utilizó sus influencias ante el Ministerio de Sanidad para que acelerara los permisos administrativos para la comercialización de productos unidosis.
Dorribo también acusó de cobros ilegales a los entonces diputados autonómicos Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG), que dimitieron tras la publicación de estas informaciones en EL MUNDO.
San José ha enviado a la Sala Penal las diligencias que afectan al ministro de Fomento sin haber contestado al escrito que la Fiscalía presentó la pasada semana en respuesta a una consulta de la instructora sobre la competencia del Juzgado en las diligencias que conciernen a Blanco.
El Ministerio Público recordó la doctrina del Supremo, que exige la verificación de los indicios existentes contra el aforado antes de remitir las actuaciones al Alto Tribunal, y se mostró partidario de comprobar la verosimilitud de las acusaciones de Dorribo a través de las diligencias que ya ha acordado la propia juez y que aún no han terminado. Entre ellas figura la práctica de un informe pericial ya iniciado para contrastar si, como sostiene Dorribo, los documentos contables de sus empresas reflejan el pago de las comisiones ilegales.
Pese a que él pidió comparecer en el Juzgado, San José no ha tomado declaración a Manuel Bran, primo de la mujer de Blanco y persona a través de la cual el ministro habría recibido los cobros.
La instructora sí dispone, en cambio, de los indicios que se desprenden de las intervenciones telefónicas acordadas en el seno de la operación Campeón. En varias conversaciones entre Dorribo y Bran se alude al ministro Blanco y se comentan las gestiones desplegadas ante él por su primo para que favoreciera al empresario.
Precisamente por ello, en el escrito que ha dirigido al Supremo, San José se refiere a un supuesto delito de tráfico de influencias, aunque las fuentes consultadas no descartan otras infracciones penales. Es la primera vez que un órgano judicial expone a la Sala Penal del Supremo los indicios existentes contra un ministro en activo por posibles delitos de corrupción.
>Videoanálisis de Casimiro García-Abadillo
Se conoce la noticia «el día que comienza la campaña»
El ministro destaca la coincidencia y dice que se halla en «situación de indefensión»
El ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, compareció ayer ante los medios de comunicación tras conocerse que la juez que instruye la operación Campeón elevaba al Tribunal Supremo las acusaciones vertidas por Jorge Dorribo contra él. Blanco leyó su declaración en la sede del partido en Lugo y, entre otras cosas, quiso destacar que no tiene «ningún conocimiento oficial» de la decisión y, sobre todo, que la noticia se ha conocido «precisamente en el día que da comienzo la campaña».
El número dos del PSOE trasladó su deseo de que el escrito remitido por la juez Estela San José al Supremo permita «desbloquear la situación de indefensión» en la que, según aseguró, se encuentra desde que comenzaron a conocerse las declaraciones del empresario Dorribo, que, recalcó el ministro, «está imputado por falsedad y fraude». El secreto de sumario impide que, por el momento, se conozca el motivo del escrito enviado al Supremo desde el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo.
Blanco reiteró, como viene haciendo desde que se vio salpicado por la declaración del empresario, que las imputaciones publicadas son, en lo que a él se refiere, «una pura falsedad». No se cansó de repetirlo varias veces en su intervención y, yendo más allá, añadió que está en condiciones de demostrarlo «ante quien sea». También incidió en que tiene «el máximo interés» en que se investiguen «las falsas acusaciones lo más rápidamente posible».
En una breve intervención en la que se mostró sereno, el ministro no se pronunció sobre su posible dimisión, a pesar de ser interpelado por este asunto de manera directa. Blanco fue contundente al esgrimir que no haría declaraciones en relación con las peticiones de dimisión hechas por el PP a lo largo del día e insistió en el discurso inicial y en su confianza en el proceso judicial en marcha, de lo que puede inferirse que no piensa dejar el cargo.
Blanco compareció flanqueado por cargos del PSOE local, entre ellos el alcalde de Lugo, José López Orozco; el presidente de la Diputación Provincial, José Ramón Gómez Besteiro, y el secretario provincial del PSOE gallego, Ricardo Varela. A las 22.30 horas participó en la fiesta previa a la tradicional pegada de carteles detrás del Ayuntamiento de Lugo que da el pistoletazo de salida a la campaña electoral.
Los casos de corrupción descubiertos en Galicia en los últimos meses se han convertido en el escenario de una agria polémica en el Parlamento regional. En la sesión de control al Gobierno, el BNG reprochó al presidente de la Xunta la reciente implicación del ya ex diputado Javier Escribano en el caso Arena, una acusación a la que Alberto Núñez Feijóo respondió recordando la dimisión del ex conselleiro de Industria Fernando Blanco, salpicado por la operación Campeón
La larga y sinuosa investigación
En cinco meses, un presunto fraude en Galicia ha cubierto de sospechas a José Blanco
Cinco meses de indagaciones, imputaciones y enfrentamiento político han llevado a primera plana a la operación Campeón pese al secreto de sumario.
El 24 de mayo de 2011, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, despliega un contundente operativo al hilo de una investigación sobre un presunto fraude en subvenciones públicas. La operación Campeón sacude a los medios por la detención del director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Joaquín Varela, y el subdirector, Carlos Silva. La Agencia Tributaria les atribuye un «presunto asesoramiento» a los directivos del laboratorio farmacéutico Nupel para montar una trama para la obtención de ayudas.
La jornada, larga y frenética, concluye con un total de 15 detenidos vinculados con las tres empresas lucenses intervenidas: Nupel, Proitec y Coveluma. El conocido empresario Jorge Dorribo es uno de los detenidos y a quien se apunta como posible cabecilla. A los implicados se les imputan diversos delitos de fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
El 26 de mayo decretan prisión para Jorge Dorribo, que es trasladado a la cárcel de Bonxe (Lugo). Por su parte, la Consellería de Economía informa de que Nupel cuenta con un crédito de 2.956.919 euros. La Xunta pide personarse en la causa. Los directivos del Gobierno gallego quedan en libertad y se anuncia su «suspensión temporal».
El 9 de agosto, Dorribo queda en libertad con medidas cautelares tras tomarle de nuevo declaración. Se apunta a la revelación de información de interés como factor clave para que abandone la cárcel.
El 4 de octubre, EL MUNDO publica que Dorribo aseguró en el juzgado haber pagado a José Blanco 400.000 euros a cambio de recibir ayudas públicas. Éste responde que emprenderá «acciones civiles y penales». Surge el nombre de Manuel Bran, primo de Blanco y socio de Electricidad Espiñeira y Bran, que junto a Proitec habrían sido las firmas intermediarias.
El empresario menciona también al diputado del PP Pablo Cobián y al ex consejero de Industria del BNG Fernando Blanco. El juzgado decide remitir al Tribunal Superior de Galicia la investigación. El PP comunica la dimisión de Cobián. Los tres políticos anuncian querellas contra Dorribo y medidas por las filtraciones de un caso que está bajo secreto de sumario.
El 5 de octubre, EL MUNDO destapa que Dorribo se citó con Blanco en una gasolinera de Guitiriz para hablar de las ayudas a la farmacéutica. Ese día, Fernando Blanco deja su escaño. El día 6, Manuel Bran solicita declarar como testigo y Blanco pide la parte de la declaración filtrada. Al día siguiente, Francisco Caamaño solicita que se investiguen las filtraciones.
El 10 de octubre este diario desvela que Dorribo anotó pagos al primo de Blanco en su contabilidad. Un sondeo de Sigma Dos indica que el 61% de los españoles es partidario de que el ministro dimita.
El 13 de octubre, EL MUNDO publica que el socio de Dorribo habría pagado una parte del chalé de Blanco. Ese día, se prorroga el secreto de sumario hasta el 12 de noviembre y el PSOE bloquea la comparecencia de Blanco en el Congreso. El PP le pregunta por qué no ha denunciado aún. Mientras tanto, la fiscal del caso es sustituida por el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Lugo, Javier Rey. La asociación de juristas Preeminencia del Derecho pide al Supremo que se investigue a Blanco. Una semana después, Dorribo vuelve a declarar y más de 500 personas marchan en apoyo a los jueces.
El 31 de octubre, el Tribunal Superior de Galicia se inhibe y devuelve la causa al Juzgado número 3 de Lugo, tras la dimisión de Cobián y Fernando Blanco.
EL MUNDO desvela que Dorribo dijo a la juez que pagó 200.000 euros al primo de Blanco por la cita en la gasolinera. Ayer mismo, cuando arrancaba la campaña electoral, la juez de Lugo elevó al Supremo las acusaciones contra Blanco.
Si todo esto es verdad, lo que debería de hacer, es dimitir, pero no lo hará, ya que ninguno de la casta tiene bermoles de dimitir, y menos estos que dicen ser socialistas, que no lo son.
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