Qué hacer con ZP & cía

• 27-09-2011 |La gaceta

  A ver si es verdad que mentir y derrochar el dinero público se castiga.

• Carmen Tomás

  El ya presidente del Gobierno en funciones parece que tiene claro que sí quiere ocupar un puesto en el Consejo de Estado. Se ve que ahí piden escaso currículum y cero resultados. No se entiende si no cómo acogen a un gobernante que cogió un país próspero, con una baja tasa de paro que incluso en algunas comunidades era pleno empleo, superávit en las cuentas públicas, una sociedad tranquila y un claro y prestigioso lugar en el mundo. Entiendo y comparto el cabreo de millones de ciudadanos que reclaman que los gobernantes que no han sabido hacerlo, que han sido pésimos gestores, acaben premiados con puestazos, sueldos jugosos y prebendas de todo tipo. Los cinco millones de parados, los mileuristas, los pensionistas, los funcionarios, en fin, más de media España, alucina viendo cómo los irresponsables que nos han gobernado se están repartiendo lo que queda.

  Me parece bien y se lo reclamaremos si gana las elecciones y tiene la responsabilidad de gobernar este desastre de país que nos van a dejar, lo anunciado por Mariano Rajoy. Una nueva ley para que la mala gestión pública, llevárselo crudo, arruinar una institución o despilfarre no sólo lo pague políticamente sino si ha lugar incluso penalmente. ¿O es que dejar en el cajón miles y miles de facturas sin pagar o gastarse el dinero de los ciudadanos en cursos inexistentes, sin objeto claro y sin control es de premio? Puede haber malversación, pero también sencillamente despilfarro y mala gestión. La denuncia de Rajoy es oportuna y ha puesto el dedo en la llaga. Además, los ciudadanos tienen que saber que en los últimos días y en los próximos los que nos han engañado y llevado a la ruina y no tienen cabida ni en el Congreso ni en el Senado futuros están ya tomando posiciones en empresas y organismos públicos para seguir viviendo de nuestros impuestos. A ver si es verdad que ya en este país mentir a los ciudadanos y derrochar el dinero público se castiga, y no sólo en las urnas.