FERNANDO LÁZARO / Madrid
23/09/2011/El Mundo
El ascenso de Ballesteros se produce justo al día siguiente de que el Pleno de la Audiencia Nacional decidiera por unanimidad, tras un acuerdo entre los jueces, revocar el auto de procesamiento de los tres imputados y pedirle al instructor, Pablo Ruz, que siga investigando para encontrar más pruebas.
Cuando aún no se han calmado, ni de lejos, las repercusiones de la decisión del Pleno de la Audiencia Nacional de devolverle el sumario del chivatazo policial al juez Ruz para que lo siga instruyendo, continúan las decisiones del Ministerio del Interior sobre los presuntos implicados: el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo; el jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies, además de Ballesteros.
Apenas unas horas después de que, de forma unánime, los 14 magistrados de la Audiencia Nacional revocaran los procesamientos, la Dirección General de la Policía hacía pública su última lista de ascendidos a inspectores jefes.
En esa breve lista aparece el nombre de José María Ballesteros. Estuvo procesado como inspector como presunto autor del chivatazo y, en apenas 24 horas, ha pasado a mejorar sus expectativas procesales y a convertirse en inspector jefe, el segundo nivel más importante en el Cuerpo Nacional de Policía, por debajo de comisario.
«Proceso selectivo de ascenso a inspector jefe. Acuerdo de 22 de septiembre de 2011 del tribunal calificador de las pruebas selectivas», reza el escrito en el que, por orden alfabético, se incluyen los nombres de los 108 inspectores de la Policía que se presentaban a este proceso. Menos de la mitad, 49, ha logrado el ascenso. Entre ellos, José María Ballesteros.
Lo publicado ayer es el resultado final de una convocatoria que se desarrolló en dos fases. Según explicaron fuentes policiales, únicamente se pueden presentar quienes llevan más de 10 años en el Cuerpo Nacional de Policía como inspectores.
Ahora, los aprobados tendrán que esperar hasta marzo o abril para conocer su nueva ubicación. Ballesteros estaba destino en Vitoria cuando se produjo el chivatazo policial a ETA y, poco después, fue trasladado a otra de las capitales vascas.
El juez instructor, Pablo Ruz, le señaló como el mando policial que entró al bar Faisán y le entregó un teléfono móvil a Joseba Elosua, desde el que recibió el chivatazo de que iba a ser detenido en la operación Urogallo. Inicialmente, este mando policial negó la mayor y con un «no recuerdo» trató de escabullirse en los interrogatorios judiciales acerca de si él había estado en el bar de Irún aquella mañana del 4 de mayo de 2006 en la que se produjo el soplo. Los jueces han dejado claro ya que aquel día se produjo un delito y que debe ser investigado en la Audiencia.
Tras la llegada de Ruz al juzgado (antes estuvieron instruyendo la causa Fernando Grande-Marlaska y Baltasar Garzón), los investigadores detectaron, al revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia, imágenes que antes no habían logrado identificar. Eran de la mañana del 4 de mayo y en ellas se observa al menos en tres momentos diferentes a José María Ballesteros en las inmediaciones del bar regentado por el presunto responsable del aparato de extorsión de ETA. En una se le ve saliendo del establecimiento.
Entonces, de nuevo en sede judicial, Ballesteros se reconoció en las fotografías. Aseguró que no sabía en qué bar había entrado aquella mañana del 4 de mayo porque la zona no la conocía. Y se ratificó en que fue a esa zona por orden del jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies -al que el juez Ruz también sitúa como responsable material del chivatazo- para informarle de movimientos policiales en la frontera. Pamies aseguró que Ballesteros estaba haciendo labores de información porque estaba ultimando una cita con un confidente de ETA. El instructor no dio ningún crédito a esta versión.
Ruz concluyó en su auto de procesamiento que la secuencia de llamadas del día del chivatazo entre Pamies, Ballesteros y el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, además de las imágenes del vídeo, le llevaban a la conclusión de que al menos estos tres mandos estaban relacionados directamente con la delación.
Según el juez, Ballesteros acudió al bar siguiendo órdenes de Pamies y fue éste, el jefe superior del País Vasco, quien, siguiendo órdenes de García Hidalgo, mantuvo una conversación telefónica con Elosua en la que le alertó de que iba a ser detenido. El Ministerio del Interior, primero con Rubalcaba y después con Camacho, no ha adoptado en ningún momento medidas preventivas sobre los imputados.
De forma habitual, cuando un agente del Cuerpo Nacional de Policía se ve inmerso como imputado en un procedimiento penal, los responsables administrativos tienen la obligación de abrir, cuando menos, una información o un expediente que inmediatamente queda paralizado hasta que se resuelve la causa judicial.
Ni siquiera cuando el juez Ruz decidió elevar la acusación contra los profesionales de la Policía en su auto de procesamiento (ahora revocado), desde el Departamento, entonces dirigido por el actual candidato del PSOE a las elecciones generales, se decidió actuar contra los imputados. Es más, a ambos se les mantuvo en sus puestos de trabajo. Estaban destinados en la lucha antiterrorista en el País Vasco. El jefe superior sigue en el mismo puesto y el nuevo inspector jefe estuvo dedicado en Vitoria a la lucha contra el terrorismo internacional y ahora, a la lucha contra ETA.
Esta falta de decisión de Interior sobre estos agentes contrastó con la rapidez con la que el director general de la Policía, Francisco Javier Velázquez, abrió expediente por falta muy grave contra varios policías que cometieron aparentes excesos durante las cargas contra los radicales del 15-M. En aquella ocasión, en apenas 24 horas, Interior actuó.
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SANTIAGO GONZÁLEZ
23/09/2011
La habitación cerrada
«Eran maricones o maderos», dictamina éste. «Eran maderos», replica el suegro. Las palabras de Elosua fueron espontáneas, grabadas con autorización judicial. La Audiencia Nacional, que ha dado un meneo al auto del juez Ruz, se manifiesta convencida de que se cometió un delito, pero no de que fueran los maderos procesados por el juez instructor. El delito ha de ser colaboración con banda armada. Si el sanedrín de lo Penal hubiera pensado que se trataba sólo de revelación de secretos, habría enviado el caso a Irún. Pero lo ha retenido en la Audiencia con un pasteleo entre progres y conservadores, y, sean cuales fueren las intenciones de los magistrados, su decisión constituye un mandato para que Ruz siga investigando.
El chivatazo es un enigma clásico. Con Los crímenes de la calle Morgue, Edgar Allan Poe formuló el misterio de la habitación cerrada y puso las bases de la novela detectivesca. El bar Faisán es una habitación cerrada. Están controladas entradas y salidas y las cámaras detectan la entrada del inspector Ballesteros minutos antes de la hora de la llamada. También captan su salida minutos después.
Ballesteros ha sido ascendido a inspector jefe. Lejos de mí la tentación de establecer relación causal entre los hechos, pero no puedo evitar la duda. Durante su estancia en el bar se comete un delito, la AN supone que por otras personas. ¿Cómo pudo no darse cuenta de que un colega suyo hablaba con el patrón, le pasaba un móvil y luego se lo quitaba? ¿En qué tenía la cabeza? Es que ni Clouseau, oigan.
Otra variante de la habitación cerrada. Los autores tenían que ser policías, por reducción al absurdo. Sólo ellos conocían la operación de la policía judicial y sólo ellos podían abortarla. Cuántas tonterías se han dicho y escrito sobre este asunto. Un jubilado del Supremo comparando este delito con el cambio de fecha de una operación policial para que dé más frutos. Las dos falacias del candidato: todos fueron detenidos tiempo después (después de que el alertado destruyera pruebas) y no fue una ayuda (p. ej. colaboración económica para ETA). Las nueve botellas de vino que la Policía no incautó pudieron convertirse, ocho meses después, en los 800 kilos de explosivos que volaron la T-4. El sumario de Ruz es sólo una hipótesis, como todos hasta llegar en la vista a la fase probatoria, pero es la única hipótesis que tiene sentido dentro de la habitación cerrada
Ruz buscará nuevos indicios contra los tres imputados
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha descartado la posibilidad de dar carpetazo al caso Faisán y tiene intención de practicar nuevas diligencias que puedan reforzar los indicios contra los tres imputados. Según indicaron ayer fuentes de su juzgado, la decisión no sólo se justifica por el hecho de que la Sala afirme que se produjo un delito y le ordene proseguir con las pesquisas, sino por la convicción de que la tesis mantenida hasta ahora por los investigadores es sólida.
En cualquier caso, el alcance de las diligencias vendrá determinado por el contenido del auto del Pleno, que está siendo redactado por el magistrado José Ricardo de Prada y deberá ser aceptado por los 14 participantes en las deliberaciones.
El resultado del sorprendente pacto fue la revocación del auto de procesamiento, al considerar que los indicios contra Víctor García Hidalgo, Enrique Pamies y José María Ballesteros no eran suficientes para dar ese salto desde la condición de imputados, a la que ahora han vuelto.
En las deliberaciones, una mayoría de magistrados expuso las lagunas de las que adolecía la investigación, así como su opinión de que sería muy improbable que la celebración de un juicio con los elementos reunidos hasta ahora concluyera en condena.
Pese a la intención declarada de apurar aún más la investigación, fuentes del juzgado de Ruz estiman muy poco probable que las nuevas líneas de investigación que ahora se exploren lleguen a concretarse realmente en nuevas imputaciones.
Tampoco estiman previsible que aparezcan más indicios de relevancia contra los hasta ahora procesados, puesto que el equipo investigador consideraba su trabajo concluido y había remitido hace pocos meses su informe final de conclusiones.
Tras la prórroga que se dio el martes, la Sala de lo Penal tendrá que afrontar algún día la decisión definitiva sobre si lo que presenta el juzgado justifica el procesamiento y pone a los hoy imputados camino de un juicio. Probablemente, la causa llegue con poco material más contra los imputados, aunque tal vez sí con menos lagunas en la investigación.
Algunas de las carencias expuestas por los magistrados podrían resultar de imposible aclaración dado el tiempo transcurrido. Un ejemplo de ello serían las llamadas que la mañana del chivatazo emplearon repetidores franceses que también cubrían la zona del Faisán. El juez reconoció en su auto que hoy en día esos datos ya no existen.
Según fuentes de la Sala, el auto que se prepara hará referencia a la inconveniencia de haber escogido como equipo investigador al mismo que el día de los hechos estaba a cargo de la operación Urogallo y que, precisamente por ello, podía entrar en la reducida lista de sospechosos. A los pocos días del soplo, el juez Fernando Grande-Marlaska puso a ese equipo investigador a trabajar, pero también a otro de la Guardia Civil. Cuando volvió a su juzgado, el juez Baltasar Garzón retiró al Instituto Armado y dejó las pesquisas en manos del equipo del comisario Carlos Germán. Por su parte, desde su llegada a la Audiencia hace algo más de un año, Ruz ha mantenido la confianza en ese equipo y ha rechazado las persistentes peticiones de los imputados de asignar el caso a otros agentes.
Entre las diligencias que previsiblemente se desprenderán del auto se encuentra la ampliación de la franja horaria en la que pudo cometerse el chivatazo. Las defensas han insistido en sus escritos en que la llamada del soplo pudo no ser la que señalan los investigadores, sino una posterior que les señala precisamente a ellos.
Ayer, primer día después del acuerdo del Pleno, el juez Ruz conversó con varios magistrados de la Sala, alguno de ellos con un protagonismo especial en lo sucedido. Por ejemplo, con De Prada, al que, como ponente correspondió abrir fuego contra el auto en las deliberaciones. Cuando ambos regresaban a la Audiencia se toparon con el presidente, Javier Gómez Bermúdez. Ya en su despacho, el instructor también recibió la visita del magistrado Enrique López, una pieza relevante en las deliberaciones y cuyo inesperado respaldo a la revocación de los procesamientos fue determinante para alcanzar el acuerdo final
El CGPJ solicita «acatar» la decisión
Madrid
23/09/2011
Ballesteros pide el sobreseimiento
La defensa del imputado en el caso del chivatazo José María Ballesteros dirigió ayer un escrito al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor de la causa, en el que le exige que dicte «hoy mismo» su sobreseimiento y que cite a declarar en calidad de imputado al mando policial que dirigió la investigación, Carlos Germán. El abogado emplea un tono muy duro para reclamar: «Quiere decir esto que hoy mismo, hoy mismo, hoy sin falta y sin perjuicio de desconocer por qué se puede tardar un día más en resolver al respecto, se solicita el sobreseimiento contra Ballesteros a salvo, claro está, que su señoría considere ahora que se pueden practicar más pruebas en dicho sentido, pruebas que no consideró necesarias practicar porque no había más».
El escrito de siete folios, al que ha tenido acceso Europa Press, se basa en la decisión adoptada por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Para el caso de que el magistrado decidiese proseguir con la investigación, la defensa de Ballesteros también pide apartar «desde ya al equipo de investigación de la 'investigación'» y que cite a declarar «en calidad de imputado y a los solos efectos de preservar sus derechos y garantías, asistido de letrado» al jefe del equipo policial, Carlos Germán, para que explique los hechos. Además, pide al juez que entregue a las partes copia de la infografía aportada por su defensa como «teoría alternativa»
MARISA CRUZ / Madrid
23/09/2011
Rubalcaba y su círculo presentan el 'caso Faisán' como «liquidado»
La resolución de la Audiencia Nacional revocando el procesamiento de tres altos mandos policiales en el caso Faisán, pero reclamando al mismo tiempo que prosiga la investigación judicial sobre el asunto, porque efectivamente en el mismo se aprecia la existencia de delito, desató ayer una catarata de valoraciones, interpretaciones, lecturas y reproches entre los dos principales partidos políticos.Una decisión judicial de este tipo en plena precampaña sirve en bandeja munición susceptible de ser utilizada con fines electorales que ni unos ni otros están dispuestos a desaprovechar.
El candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y su círculo más próximo -miembros de su equipo de campaña y sus ex subordinados en el Ministerio del Interior- se apresuraron a presentar el chivatazo a ETA como un asunto zanjado y de paso aprovecharon para culpar al Partido Popular de haber jugado durante años con el buen nombre de quienes luchan contra el terrorismo.
El propio Rubalcaba compareció ante los periodistas al término del Pleno del Congreso para pronunciares sobre dos cuestiones: la aprobación por la Cámara del Impuesto de Patrimonio y la resolución sobre el caso Faisán.
En relación con este último asunto, el candidato reprochó al PP sus «calumnias e insultos, sesión tras sesión» del Congreso. En su opinión, la actitud de los populares sólo tiene una explicación: no les gusta que se esté «a punto de acabar con ETA». «Eso es lo que más me entristece», afirmó.
«El PP», añadió, «me ha calumniado e insultado, a mí y al secretario de Estado [Antonio Camacho, hoy ministro del Interior] sesión tras sesión, y ha arrastrado por el suelo el honor de policías muy serios, sabiendo que todos los etarras fueron detenidos y procesados».
En línea con sus palabras se manifestaron también el ministro Camacho y el secretario de Estado de Seguridad, Justo Zambrana. Ambos reclamaron al PP una «reflexión muy seria» sobre la utilización partidista de la lucha contra el terrorismo. Camacho, además, aseguró que él siempre ha estado «en el mismo lado», es decir, «defendiendo el buen nombre de la Policía».
Desde el equipo de campaña de Rubalcaba se pronunció su vicecoordinador, Antonio Hernando, para quien el caso está «liquidado del todo». «La Justicia», dijo, «ha estado cinco años investigando y ha llegado a la conclusión de que no hay nada de nada. En estos años, el PP ha estado diciendo barbaridades, insultando, persiguiendo y difamando a responsables de Interior y a policías que se han dejado la vida y la familia por derrotar a ETA». En su opinión, el Partido Popular está «obligado» a rectificar y pedir disculpas, al menos a los tres mandos policiales cuyo procesamiento ha sido revocado.
En el bando político contrario, las valoraciones y las interpretaciones fueron muy diferentes. El líder del PP, Mariano Rajoy, se mostró extremadamente parco en palabras. Se limitó a apuntar que todavía está a la espera de las oportunas «explicaciones políticas» sobre el caso. Para Rajoy, lo que han dicho los tribunales es que «hay un delito y es bueno seguir investigando».
En la misma tesis se situó su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría. Para ella, la Audiencia ha dejado bien claro y «por unanimidad» que en el caso Faisán «hay un delito» en el que resta por determinar quiénes son los culpables. «Hay que ver», recalcó, «si los que estaban procesados son los únicos responsables o puede haber alguien más». También destacó la importancia de que el pleito quede en la Audiencia Nacional y no se traslade a un juzgado de Irún, «como pretendían y defendían la Fiscalía y el entorno del Gobierno».
Más tajante y más dura se mostró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. «Sigo considerando», afirmó, «que el caso Faisán es alta traición». Así, Aguirre rechazaba categóricamente la exigencia de disculpas por parte del Partido Socialista.
El líder de los populares vascos, Antonio Basagoiti, expresó su deseo de que «nunca más se produzca un enredo como el del caso Faisán porque no hace sino alimentar el fanatismo».
Satisfacción y pesadumbre
>UPyD. La portavoz de UPyD, Rosa Díez, pidió al juez instructor, Pablo Ruz, que «no se desanime» y siga investigando porque ya está «probado» que hubo un «chivatazo a ETA» y «si hay un delito habrá un delincuente».
>Foro Ermua. La presidenta del Foro Ermua, Inma Castilla de Cortázar, mostró su «frustración»: «Estamos acostumbrados a que las instituciones, en los últimos años, defrauden por su falta de independencia, pero la pesadumbre es indescriptible».
JUSTINO SINOVA
23/09/2011
La Justicia y la política
La primera medida para salvar la Justicia española consiste en separar de ella las manos políticas que la atrapan. Hay que liberar al Consejo del Poder Judicial para que sea un órgano independiente que emane de los profesionales y no de las mayorías parlamentarias; hay que liberar a la Fiscalía del Estado de su vasallaje a las estrategias del Gobierno para que sea una instancia sólo sometida al deber de encontrar resoluciones justas; hay que liberar al Tribunal Constitucional del violento acoso gubernamental que padece; hay que abrir el más amplio espacio a la ética de la independencia y de la fidelidad a la ley para que la Justicia recupere su esencia y, si se permite el pleonasmo, su justeza.
Es una desdicha que la Justicia sea tantas veces noticia por manejos extrajudiciales. El último espectáculo lo ha ofrecido la inusual reunión del Pleno de la Audiencia Nacional por el juez Gómez Bermúdez para poner en orden el caso Faisán, en atrevido ascenso a las alturas políticas del Ministerio del Interior. Aunque los desactivadores no puedan cantar victoria plena, el proceso queda enmarañado en nuevas diligencias que pueden conducirlo a laberintos pleiteadores hasta ya veremos. Hoy es imposible disimular la intimidación sobre las togas.
El penúltimo episodio no es menos desconcertante. El candidato Rubalcaba se ha investido de catalanista para respaldar la inmersión lingüística en la enseñanza que ha desautorizado el Supremo, y ha lanzado luego una confusa teoría sobre la incompetencia del Constitucional para decidir sobre una ley sometida a referéndum. Digo confusa porque primero afirmó que «no puede volver a pasar que el pueblo vote un estatuto y el TC lo modifique posteriormente», para alegar luego que se refería a la cronología de las decisiones (antes Tribunal que referéndum), cosa que pudo hacer y no hizo su Gobierno con el malhadado proceso del Estatut; en todo caso, en 2009 ya decía que «España no puede negar la decisión de un parlamento democrático elegido por los catalanes».
Estos ejercicios dialécticos y aquellas maniobras desacreditan, por decirlo suavemente, el Estado de Derecho, o sea, los pesos y contrapesos de los poderes estatales y la primacía de la ley. Y muestran lo maleado que está el cotarro y la ingente tarea de restauración que urge. Decía Rajoy en el Congreso que Zapatero deja una «herencia envenenada». Creo que se quedó corto en el calificativo
Pues nada, ya está todo amañao, ascensos, lentejas, embajadas, comisarías generales y un largo etc., esto ya esta fagorizado y cocido. Una vergüenza más a añadir a estos que se venden por un plato de lentejas etc., y de estos de la casta, que dicen ser socialistas, que no lo son. Esto es una asquerosidad, y vomitivo todo esto, luego dicen que la moral está baja, como coño quieren que esté, con todo este desaguisado corrompido.
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