MANUEL MARÍA BECERRO / Sevilla
29/08/2011/El Mundo
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía investiga el uso irregular en varias provincias de las ayudas de la Junta para la integración laboral de discapacitados. El fraude podría afectar a cientos de minusválidos, a los que presuntamente se les estafó con contratos indefinidos subvencionados por la Consejería de Empleo, contrato que se suscribía sin realizar ningún tipo de selección o entrevista personal. Los afectados aseguran que a las pocas semanas eran despedidos sin recibir un céntimo de su salario.
Según el decreto dictado por la Fiscalía, al que ha tenido acceso EL MUNDO, esta práctica se habría reiterado en tres centros de Granada, Jaén y Málaga. Este tipo de centros están obligados a tener en plantilla al menos a un 70% de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33%. Si no, no son reconocidos como tales por la Dirección General de Empleo de la Junta y no acceden a las ayudas públicas.
Se da la circunstancia de que el centro de Jaén comparte sede con la Delegación Provincial de Empleo de la Junta en esa ciudad. Pero el hecho de estar actuando ante las mismas narices de la Administración parece que no ha sido óbice para cometer las irregularidades.
Los centros investigados están gestionados por la misma empresa. Según un informe de la Federación Granadina de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Fegradi), el de Granada contrató con carácter indefinido a 50 discapacitados en apenas seis meses, hasta el punto de agotar la lista provincial de minusválidos demandantes de empleo. Al poco tiempo, todos ellos habrían sido despedidos sin recibir ningún abono por el trabajo realizado. En ese centro, la cifra de discapacitados expulsados en periodo de prueba y sin cobrar superaría el centenar.
Fegradi va más allá en su denuncia y asegura que los minusválidos contratados estaban «sometidos a condiciones laborales vejatorias o contrarias a la legislación laboral y a las normas en materia de prevención de riesgos laborales».
La reacción del centro de Granada fue cerrar poco antes del verano -arguyendo motivos económicos- y trasladarse a Málaga, lo que provocó un aluvión de denuncias particulares en los juzgados que, sin embargo, fueron sobreseídas.
El presunto fraude ha sido denunciado en otras instancias (por ejemplo, la Inspección de Trabajo) tanto por sindicatos como por afectados a título individual y organizaciones de defensa de los discapacitados.
La Fiscalía Superior del TSJA ha incoado diligencias, solicitando la elaboración de un informe policial detallado y reclamando expresamente que se comunique a la Consejería de Empleo la investigación en marcha. En principio, se barajan hasta tres posibles delitos: fraude de subvenciones, delito contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental, aunque también se analizará si ha existido omisión del deber de perseguir el delito
FÉLIX VILLALBA / Santander
29/08/2011
Marcano 'camufló' un millón de euros
La auditoría que descubrió que el regionalista cántabro Francisco Javier López Marcano, delfín de Miguel Ángel Revilla, pagó con dinero público 60.000 euros en gastos de mini-bar también desvela que el ex consejero de Cultura y Turismo evitó la licitación pública de contratos que suman un millón de euros en 2008 camuflándolos como contratos menores a través de la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria, de la que era presidente.
Hay contratos, por un valor total de 611.000 euros, que directamente superan el límite de la Ley de Contratos del Sector Público (50.000 euros en el caso de obras y 18.000 en el resto) para ser considerados contratos menores y, por tanto, poder ser adjudicados directamente.
Otras facturas detectadas, que en conjunto suman 388.000 euros, fueron en realidad contratos fraccionados. En unos casos se presentan facturas por el mismo concepto pero correspondientes a distintos periodos a lo largo del ejercicio. Las empresas Sergio Vélez, publicista de cabecera de Marcano, son las que más emplean esta fórmula.
Los auditores también encontraron otra forma de fraccionar los contratos, consistente en que el mismo trabajo lo facturaban diferentes empresas. Un caso en el que se hace evidente el mecanismo es el de una factura de 45.881 euros presentada por una imprenta, Gráficas Martínez, que se anula. Luego, la empresa pasa cuatro facturas consecutivas por el mismo concepto cuya suma es exactamente los 45.881 euros mencionados.
Subvenciones encubiertas
El informe, al que ha tenido acceso este periódico, también desvela que muchos de los contratos de patrocinio o de colaboración firmados por la Sociedad Regional de Turismo son en realidad subvenciones (entregas dinerarias sin contraprestación) encubiertas. De este modo, se elude la Ley de Subvenciones de Cantabria. En este tipo de contratos también hay otros que, en realidad, son de prestación de servicios, gestionados por tanto al margen de la norma pertinente, o que correspondería pagar a otra entidad diferente de la Sociedad Regional de Turismo. En total, hay 23 acuerdos bajo sospecha cuyo montante total supera los 10,6 millones de euros.
Otro punto destacado de las auditorías son dos contratos otorgados por concurso, de casi tres millones en total, que los auditores no creen justificada la adjudicación final
Sigue la corruptela en andalucía. Estos de la casta, que dicen ser socialistas que no lo son, se aprovechaban hasta de los discapacitados, les da igual ciento que ochenta, no tienen perdón de Dios.
ResponderEliminar