ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid
26/06/2011/El Mundo
Los dirigentes de la izquierda abertzale han creado comisiones de coordinación política y técnica dedicadas a supervisar y asesorar a los electos de Bildu en las instituciones. Según las Fuerzas de Seguridad, este plan de los ex dirigentes de Batasuna se puso en marcha antes de las elecciones con el fin de controlar la gestión política de la coalición.No se trató de una decisión de Bildu ni, por tanto, una iniciativa destinada a coordinar el trabajo de los tres grupos que la forman, en imitación de un método que suelen emplear las formaciones que se asocian electoralmente. Según las fuentes consultadas, en las reuniones no estuvieron presentes miembros de EA o Alternatiba -los socios en Bildu de los independientes pertenecientes a la izquierda abertzale-, y los radicales tampoco incluyeron entre los nombres de los asesores designados a los que pudieran ser afines a los citados partidos.
Las Fuerzas de Seguridad sostienen que los abertzales han ideado una especie de comisión nacional de la que dependen las dos comisiones asignadas a cada una de las instituciones, tanto a la Diputación de Guipúzcoa, presidida por Martin Garitano desde el pasado jueves, como a las decenas de ayuntamientos gobernados por la coalición en todo el País Vasco.
Los miembros de las comisiones técnicas tienen como función asesorar a los electos en cuestiones de gestión y de administración de recursos. Por su parte, los pertenecientes a las comisiones políticas, según el esquema diseñado, tienen como función la vigilancia del cumplimiento de las directrices dadas por los líderes de la izquierda abertzale.
Es más, según las fuentes consultadas, los miembros de estos comités políticos tienen entre sus atribuciones la de sustituir a los electos que se nieguen a cumplir con las órdenes procedentes de la dirección o que simplemente traten de seguir un criterio propio.
Los excelentes resultados de la coalición han desbordado a la izquierda abertzale, que para burlar la Ley de Partidos se vio obligada a crear una coalición y a recurrir a simpatizantes de perfil bajo que no estuvieran contaminados por su presencia en alguna de las formaciones ilegalizadas en los últimos ocho años.
La presión era tanta en aquellos momentos que, según los informes policiales aportados ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, los encargados de buscar candidatos tuvieron que recurrir incluso a las amenazas para que algunos de ellos se sumaran a la nueva aventura electoral sucesora de Batasuna.
En cuanto al resto de los socios de la coalición, el reparto de puestos lo organizaron basándose en el documento denominado Herri Akordioa. Según este texto, la representación de los tres partidos en cada una de las listas dependió de los votos obtenidos por cada formación en las elecciones de 2007. Así se hizo, y la izquierda abertzale contabilizó para sí los votos obtenidos por ANV y dirigió la captación de los representantes y la formación de las planchas.
Fueron realmente esclarecedoras las conversaciones entre miembros de Batasuna que se mostraban enfadados porque representantes de Eusko Alkartasuna protestaron por la asignación de puestos en las listas. Fue el caso de Mayorga Ramírez, presidente de EA en Navarra, que amenazó con dimitir porque sólo le habían asignado los puestos uno y cuatro en la lista de Bildu para el Ayuntamiento de Pamplona. Los asignados por Batasuna para elaborar las listas le respondieron agriamente que todavía les estaban dando más de lo que merecían.
La izquierda abertzale tiene práctica en la aplicación de estos métodos de control. Siempre ha tenido militantes como Ibon Arbulu, detenido en varias ocasiones, encargados de orientar a sus bases sobre lo que debían decir cuando se producía un atentado de ETA o un acto de terrorismo callejero en momentos delicados. Y también tiene práctica en la designación de asesores cuando sus electos hayan sido de perfil bajo, como cuando utilizó de testaferros políticos a los representantes del Partido Comunista de las Tierras Vascas.
En aquella ocasión, el mismo día en el que el PCTV -para esquivar una eventual ilegalización que no se llevó a cabo hasta mucho después de que fracasase la negociación de 2005 entre el Gobierno y ETA- registró su grupo parlamentario con el nombre de Ezker Abertzaleak -el mismo utilizado por Batasuna en la V legislatura-, se supo que sus asesores eran de Batasuna. Ese día registró a tres de los cuatro asesores que permitía el reglamento de la Cámara. Una de ellos era Mireia Unamuno, edil por la formación ilegalizada y cabeza de lista por AuB, que entró como asesora de la ex parlamentaria de Sozialista Abertzaleak Rakel Peña. Ésta llevaba ocupando las dependencias de Tierras Vascas desde el primer pleno de la legislatura en calidad de invitada.
Tras los comicios del 22-M, los asesores no han tardado en reaparecer en los ayuntamientos gobernados por Bildu. En el más importante ganado por la coalición, el de San Sebastián, el histórico miembro de Batasuna Josetxo Ibazeta se convirtió en la sombra de Juan Karlos Izagirre nada más ser elegido éste alcalde de la ciudad.
No ha sido un caso único. Los ex alcaldes de ANV en Hernani y Azpeitia, Marian Beitialarrangoitia e Iñaki Errazkin, ocuparán puestos de asesores en las Juntas Generales de Guipúzcoa. En el caso de Errazkin, fue inhabilitado por no condenar el asesinato del empresario Ignacio Uria en un atentado de ETA.
MIKEL SEGOVIA / Bilbao
26/06/2011
Aurore Martin reaparece sin ser detenida
La reaparición de Martin se produjo con motivo de una manifestación convocada en contra de su arresto y en favor del «respeto de los derechos civiles y políticos en el País Vasco». La militante de Batasuna, de 32 años, llegó a la marcha -en la que participaron miles de personas- entre aplausos y acompañada de un grupo de alrededor de medio centenar de personas. Aseguró que pese a estar convencida de que tarde o temprano será arrestada, «la batalla política ha sido ganada». A la finalización del acto, Martin no fue detenida.
Durante todo el recorrido, unidades de la Policía francesa vigilaron la manifestación, que se desarrolló de manera pacífica, y sin que tuvieran que intervenir. Los portavoces de Askatasuna, Anaïs Funozas, y del Nuevo Partido Anticapitalista, Cluade Larrieu, leyeron un comunicado en nombre de los convocantes en el que denunciaron que la justicia española reclame a Martin «como miembro del buró nacional de Batasuna, un delito en España pero no en Francia», donde la organización continúa siendo legal.
El pasado martes, un gran tumulto provocado por simpatizantes de la izquierda abertzale y del colectivo de indignados evitó que agentes de la división nacional antiterrorista de la Policía francesa pudieran cumplir con la euroorden. Los incidentes que se produjeron mientras era detenida en el domicilio de su hermana obligaron a suspender la operación por un riesgo cierto de «orden público», según la Policía.
Poco después, el ministro francés del Interior, Claude Guéant, reiteró que la Policía francesa «tiene el deber» de cumplir con el mandato de arresto y que éste «será aplicado». La orden se emitió en octubre del año pasado después de que la ex dirigente de Batasuna no se presentara en la comisaría mientras estaba sometida a control judicial.
Desde entonces, Martin se encontraba en la clandestinidad, hasta que reapareció el martes pasado en Bayona. Su intento de detención ha provocado numerosas movilizaciones en señal de apoyo en al menos una docena de localidades del sur de Francia.
Portavoces del colectivo de indignados acampado en Bayona han asegurado que su respaldo a Martin responde únicamente a la defensa de la «libertad de expresión». Diversos colectivos del País Vasco francés han criticado que la euroorden responda a una decisión «política», y que supone un ataque a los «derechos civiles» y la persecución de «unas ideas».
OORBYT.es
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Josean Izarra sobre la orden de detención de Aurore Martin.
ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid
26/06/2011
Aval judicial a las ayudas a familias de presos de ETA
La misma Sala del TSJPV, la Sección Primera de lo Contencioso Administrativo, ha declarado nula la concesión de una ayuda de 3.000 euros a dos vecinos del municipio de Berriz (Vizcaya) que pensaban emplearlos en asistir a las sesiones del juicio en la Audiencia Nacional en el que sus familiares están encausados.
Según la Sala, mientras que en el primer caso el municipio «ha de gozar de algún grado de iniciativa y atribución», en el caso de Berriz no se aprecian «razones que vayan más allá de la satisfacción de un interés legítimo pero no más que individual de los beneficiarios; una especie de favor o concesión graciosa por adhesión a la situación familiar de aquellos que por sí sola o por sus causas no concita el interés general al que debe servir la acción municipal».
En relación con las ayudas a los familiares de los etarras presos, el Tribunal Superior vasco llega a decir que las competencias de las diversas administraciones tienen muchas interpretaciones y que las actuaciones derivadas de la autonomía de las administraciones locales no han de estar «sujetas al filtro de consideraciones de oportunidad social o política» procedentes de otros ámbitos como el estatal o el de las comunidades autónomas.
Las dos decisiones de dar ayudas a los familiares habían sido recurridas por la Abogacía General del Estado. Contra el Ayuntamiento de Berriz ganó el caso y contra el de Durango lo ha perdido. Sin embargo, más allá de la aparente contradicción, hay otras consideraciones del tribunal que resultan llamativas.
La Abogacía siempre ha defendido que las ayudas a los familiares pueden ser consideradas ayudas a ETA. Ante la decisión de Durango -con mayoría del PNV, seguido por ANV, en la anterior legislatura- desplegó varios argumentos. Primero, que el Ayuntamiento carecía de competencias para adoptar medidas de inserción familiar porque éstas recaen en la Comunidad Autónoma. En segundo lugar, y más importante, que cualquier medida municipal debería someterse a la legislación básica en materia de subvenciones y a la ley vasca de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas, dado que «tal medida de ayuda a los familiares de la organización terrorista ETA estaría muy lejos de deslegitimar ética, social y políticamente al terrorismo».
La Abogacía también sostuvo que se había producido una «desviación de poder» y que «no toda situación de carencia o desarraigo, y sí sólo las más graves, son contempladas en el concepto de asistencia social». «Se produjo una disfunción entre el fin objetivo de toda ayuda social y la finalidad de apoyar económicamente a familiares de reclusos (cuando se hace) con independencia de su situación económica», argumentó el Estado.
La Sala de lo Contencioso responde aclarando que no entra a enjuiciar «si la decisión es políticamente acertada» y argumenta que no ve ningún tipo de connivencia del Ayuntamiento con los receptores de las ayudas. «En el presente caso», afirma, no se presupone «nivel alguno de condescendencia, adhesión , legitimación ni respaldo municipal a las actividades o actitudes de grupos de apoyo social o político, ni en suma a los autores y a las actuaciones delictivas que hayan determinado la actuación penal de los internos a los que indirectamente se refieren». Si se produjese esta circunstancia, añade, la «regulación se situaría en un limbo de ilegitimidad».
La sentencia también se adentra en la legitimación del Estado para impugnar decisiones municipales. La Sala reconoce que el Supremo determinó que «desde la perspectiva de la asistencia social penitenciaria, un programa de ayudas a familiares de internos habría de quedar referido a los internos de la Comunidad Autónoma Vasca, pues la territorialidad es un límite intrínseco al ejercicio de la competencia». Es decir, las ayudas deberían tener un carácter social y nunca aplicarse fuera del País Vasco. Por eso el TSJ admite que no cabe hablar de competencias locales en materia penitenciaria porque no existen. Pero añade que «el sistema garantiza que el municipio intervenga y goce de algún grado de iniciativa en todos los asuntos que afecten directamente al círculo de sus intereses» y que «las actuaciones derivadas de esa autonomía, pudiendo quedar negativamente delimitadas por las competencias de otros poderes públicos, no están sujetas al filtro de consideraciones de oportunidad social, política o conveniencia procedentes de esas otras instancias y poderes territoriales de ámbito superior».
Realizada esta interpretación sobre las sentencias del Supremo y del Constitucional, la Sala concluye que las ayudas a los familiares de presos de ETA fuera del País Vasco pueden constituirse en subvenciones «siempre que quede desligada de la finalidad de atención social al preso» y que contemple dos aspectos: «el elevado coste de los desplazamientos» y «una insuficiencia de recursos económicos para afrontar ese gasto excepcional en viajes».
Obviamente, el Tribunal ni se plantea que los presos podrían estar en las cárceles del País Vasco y ahorrarles todas las penalidades a sus familiares simplemente expresando un alejamiento del terrorismo.
Más hazañas de los batusis, hasta los jueces no se ponen de acuerdo, y les dan la razón en el tema del dinero para los presos. Esto es ya el mundo al revés, parece que las consignas del desgobiero a los jueces, van tomando forma.Por lo demás, siguen riéndose de todo y de todos, faltaría más.
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