J. M. ALONSO / San Sebastián
21/06/2011/El Mundo
Los agentes cumplieron a rajatabla la orden dictada la semana pasada por la alcaldesa, Ana Carrere, que se ha estrenado en el cargo con el reconocimiento de ser la primera regidora de Bildu que reduce la seguridad municipal, al eliminar el arco detector de metales y el escáner en el Consistorio.
Primero fue la única edil del PP, Asunción Guerra, quien sufrió en sus carnes la nueva política municipal. Un policía dio el alto a su escolta cuando la concejal, ironías del destino, acudía a registrar la moción que su partido está presentando en todos los ayuntamientos vascos para exigir a Bildu la condena de cada uno de los cerca de 900 asesinatos por ETA. Tras ser identificado, el agente le impidió el paso.
El socialista Vela, por su parte, conoció los hechos al toparse en la calle con su compañera del PP, que le puso sobre aviso cuando éste se disponía a acudir al Ayuntamiento a realizar unas gestiones. Ambos se dirigieron juntos al Consistorio, donde, en esta ocasión, la Policía Municipal había reforzado la presencia con un segundo agente. Y la situación se repitió, dejando en la calle a sus servicios de seguridad.
El jefe de la Policía Local tuvo la misma respuesta para ambos cuando, por separado, le pidieron explicaciones: los agentes habían cumplido una orden suya en virtud de una decisión de la alcaldesa avalada por un informe jurídico del secretario del Ayuntamiento. Los dos concejales acudieron al secretario, quien a «regañadientes», según apuntan, les facilitó el escrito que habilita a Ana Carrere a adoptar esta medida.
La alcaldesa ya había dejado clara su intención a los ediles del PP y PSE por escrito, pero no de viva voz, algo que le reprochan los afectados, máxime tratándose de un asunto de «esta importancia». «Por la presente, le comunico que a partir de la recepción de este escrito los agentes de seguridad privada que le acompañan no podrán acceder a dependencias municipales», rezaba el texto con el que se daban por enterados.
Vela censura que se limite la seguridad de los concejales pero, sobre todo, denuncia que el «gran perjudicado» de esta medida es el ciudadano, que está «abandonado y desprotegido» por la ausencia en la calle de agentes policiales, a quienes se les ha encomendado la labor de estar pendientes de la posible llegada de los ediles a los edificios municipales desde las 8.00 horas a las 15.00.
«Es inaudito, surrealista. ¿Vamos a tener que aumentar la plantilla de la Policía Municipal para que estén pendientes de nosotros? ¿Y si no vamos al Ayuntamiento?», se pregunta. Y añade: «¿Qué pasa si tienen que salir a cubrir algún percance, cerrarán el Consistorio?».
El concejal socialista cree que esta medida es un ejemplo «de lo que nos espera en el futuro». No quiere hablar de los años de plomo que colocaron a Andoain en el epicentro de la violencia terrorista y que llevó al municipio a ser conocido como el Triángulo de las Bermudas porque los etarras desaparecían allí, pero sí vaticina mayor tensión. Guerra, en cambio, sí augura el regreso a los «años duros».
Madrid
21/06/2011
UPyD pide que Bildu no acceda a datos fiscales de las personas
En su iniciativa, Rosa Díez recuerda que el pasado 26 de mayo, tras la victoria de la coalición abertzale en Guipúzcoa, el entonces director general de la Agencia Tributaria y actual Secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo, firmó dicho convenio con la Diputación Foral de Guipúzcoa. La diputada critica la firma como «una grave irresponsabilidad» y «un escándalo», porque «son notorios los vínculos entre Bildu y el entorno de la banda terrorista ETA», informa Europa Press.
La nota oficial de Hacienda asegura que el convenio da «acceso directo a la base de datos» de la Agencia Tributaria estatal, pero un portavoz de esta institución afirmó a este diario que no será así y que la diputación foral sólo podrá pedir datos relacionados con sus administrados guipuzcoanos y de forma justificada. En su opinión «el convenio agiliza los intercambios para combatir mejor el fraude fiscal».
Madrid
21/06/2011
Denunciado el Ayuntamiento de Ibarra por colgar fotos de etarras
Según explica la asociación de víctimas en el escrito presentado ante el juez de guardia, el Consistorio exponía hasta antes de las elecciones una pancarta contra la banda terrorista que ahora se ha manipulado con fotografías de Aranalde de modo que puede leerse «ETA ETA» en lugar del «ETA ez, ETA no» que figuraba anteriormente.
Aranalde fue condenada en 2008 por la justicia francesa por asociación de malhechores y está acusada en España de tenencia de armas y colocación de bombas en distintas gasolineras.
Dignidad y Justicia pide al magistrado Santiago Pedraz que «se proceda a la retirada de la cartelería etarra y a la depuración de responsabilidades penales», al considerar que la exhibición de las fotografías supone un delito de enaltecimiento del terrorismo.
ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid
21/06/2011
«Recuerden que el Rey es objetivo de ETA»
La sentencia emitida por el Tribunal europeo e impugnada por el Estado consideró en su día que, cuando Otegi, entonces parlamentario por Euskal Herritarrok, aseguró que Don Juan Carlos era el «jefe de los torturadores», estaba haciendo uso de su libertad de expresión. Estrasburgo descalificó asimismo por «desproporcionada» la decisión del Supremo de condenar al portavoz radical a un año de prisión, a pesar de que esta decisión fue suspendida.
El Tribunal europeo concluyó que Otegi no se estaba metiendo en la vida privada del Rey ni le estaba atacando personalmente, sino que efectuó una crítica a su representación institucional al frente de los responsables de las torturas -nunca probadas, reconocieron, no obstante los jueces europeos- en el caso del director del diario Egunkaria.
La Abogacía del Estado replica que la libertad de expresión lleva consigo «deberes y responsabilidades» cuando el alcance es público, y que es asunto de esencial importancia valorar la responsabilidad de los políticos cuando ejercen esa libertad en un contexto de violencia. «La Cámara hizo una evaluación del afectado que, con todos los respetos, no tuvo en cuenta el particular contexto y lugar donde tuvo lugar la acusación contra el Rey», sostiene.
El recurso recuerda que la misma Corte requirió prudencia en el caso de una viñeta publicada en el País Vasco francés dos días después del 11 de septiembre. «Si eso fue exigido a un dibujante, cómo no hacerlo con un representante electo», reflexiona la Abogacía que, acto seguido, argumenta que el caso adquiere mayor significación si se tiene en cuenta que «la acusación procede del líder de una organización que, meses más tarde, fue declarada ilegal por su relación con el terrorismo. Hay que recordar que el Rey de España ha sido objetivo de los terroristas».
La recurrente emplaza al Tribunal para que se plantee la interpretación que está realizando sobre asuntos de importancia general tales como «las consecuencias del ejercicio de la libertad de expresión por representantes electos en relación con la reputación de otros»; «los deberes de los políticos en un contexto de violencia», o «la protección de las instituciones del Estado frente a la difamación». En especial, cuando el injuriado tiene obligación de guardar neutralidad política -«no por un privilegio»- y no puede intervenir en el debate ni defender su reputación institucional ante los tribunales.
Varias perlas de los de siempre, osea, batasunos. Como se puede ver, se dedican más a repeler e impedir, que a trabajar por su pueblo. Esto es ya un clásico, haber si se unen los demócratas y les dan pal pelo a estos indeseables, que están ususrpando unos puestos que no les deberían de haber concedido nunca.
ResponderEliminar