Ruz archiva la causa contra el ex director general de la Policía

15:26 (25-05-2011) | La Gaceta

El juez Ruz ha archivado provisionalmente la pieza separada que seguía contra el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha archivado provisionalmente la pieza separada que seguía contra el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo por el hallazgo de su número de teléfono en posesión del etarra Jon Iurrebaso al no hallar indicios de delito, aunque ha incorprado algunas de las diligencias que ha realizado al sumario en el que investiga el chivatazo a ETA que se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa), según informaron fuentes jurídicas.

Ruz ha acordado el sobreseimiento libre de la causa, lo que implicaría su reapertura en el caso de que aparecieran nuevas pruebas, al considerar que el hecho de que el etarra portara el número de teléfono del responsable policial no puede constituir por si solo indicio de un delito de colaboración con organización terrorista.

En todo caso, incorpora algunas diligencias practicadas en este procediiento a la causa principal sobre el chivatazo, en la que García Hidalgo está imputado junto al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballesteros. El juez estima que estas actuaciones podría reforzar la imputación que pesa contra el primero por los delitos de colaboración con banda armada y revelación de secretos.

Cuatro números y cinco tarjetas

Iurrebaso fue arrestado en la localidad francesa de Périgueux el 29 de marzo de 2007, en pleno alto el fuego de ETA, junto al también supuesto miembro de la organización Kepa Mirena Suárez. Al practicarse su detención, el primero llevaba una pequeña ficha de cartulina en la que estaban anotados cuatro número de teléfono y cinco tarjetas de visita de varios funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, de la Misión de este país ante Naciones Unidas, del Departamento Federal Suizo de Asuntos Exteriores y de un representante del Centro para el Diálogo Humanitario de Ginebra.

Durante su declaración ante la Dirección Central de Policía Judicial francesa, Iurrebaso señaló que los teléfonos debían "solucionar una hipótetica y aventurada detención de algún miembro de la comisión de negociación iniciada entre ETA y el Gobierno español y por ello conducir a la puesta en libertad del negociador arrestado y su acompañante". "Es un acuerdo alcanzado por el Gobierno español y las autoridades francesas, por lo menos eso es lo que nos dijeron", aseguró.

El presunto etarra, que se presentó como "miembro de la delegación de ETA en la mesa de negociación", también aseguró que en el momento de su detención las converaciones con el Ejecutivo estaban "en curso" y que los número de teléfono que llevaba se los dieron "los miembros de la delegación del Gobierno español" en "dos momentos distintos" aunque no hizo "uso" de ellos. "Son dos números del Ministerio del Interior español y del Ministerio del Interior francés. Era una garantía. Si se llamaba, debían dejarme en libertad", indicó.

No fueron puestos en libertad

El juez, sin embargo, resta credibilidad a la declaración del detenido al poner de manifiesto el "dato objetivo" de que, a pesar del salvoconducto que aseguraba poseer el etarra, la policía francesa les detuvo y les puso a disposición judicial y la juez antiterrorista Lauerence Le Vert les envió a prisión.

Además, rechaza la petición de nulidad de las actuaciones solicitada por la defensa de García Hidalgo y apoyada por la Fiscalía en julio de 2007 y reiterada en abril de 2011, al considerar que el juez Juan del Olmo, que comenzó las pesquisas, no vulneró los derechos de los titulares de cuatro números de teléfono cuyas líneas ordenó investigar, unas de las cuales estaba titularizada por el PSOE.

En su último informe, fechado el pasado 11 de abril, la Fiscalía defendía que, aunque García Hidalgo hubiera mantenido contacto con los presuntos etarras, su actuación no merecería reproche penal al haberse producido en el marco de una negociación avalada por el Congreso de los Diputados en mayo de 2005.

Investigación abierta en 2007

La causa sobre el papel de Yurrebaso en el proceso de negociación fue abierta en julio de 2007 por el juez Juan del Olmo, que cursó dos comisiones rogatorias a Francia para solicitar información sobre "determinada documentación en la que constaban anotados algunos números de líneas telefónicas pertenecientes a altos funcionarios de los Gobiernos español y francés intervinientes en el proceso de negociación o interlocución con ETA".

Posteriormente, se inhibió en favor de Garzón, que venía "conociendo con anterioridad" estos hechos porque estaba investigando el chivatazo a ETA en el bar 'Faisán'. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal admitió en mayo de 2010 la personación en el procedimiento de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) en un auto en el que corregía al juez que llevaba la instrucción, Baltasar Garzón, por haber rechazado una querella presentada por este colectivo en relación con estos hechos.