Las acusaciones piden que Camacho no sea una excepción y testifique en el 'caso Faisán'

MANUEL MARRACO / Madrid/ El Mundo

Recuerdan que sí han declarado todos los que hablaron con el imputado Hidalgo

Las tres acusaciones populares personadas en el chivatazo pidieron ayer a la Sección Segunda de la Audiencia Nacional que no permita un trato excepcional a Antonio Camacho. Dignidad y Justicia, AVT y el PP resaltaron la «incongruencia» que supondría que el secretario de Estado de Seguridad se convirtiera en la única persona que habló por teléfono con el imputado Víctor García Hidalgo en el contexto de la operación Urogallo -desbaratada por el soplo- que no compareciese como testigo.

Las acusaciones expusieron en una vista a puerta cerrada los argumentos por los que reclamaron que se le tomara declaración, así como las razones que les llevaron a recurrir la negativa a hacerlo del juez Pablo Ruz. La decisión está ahora en manos de los magistrados Fernando García Nicolás, Ángel Hurtado y Julio de Diego. Si acordaran que Ruz le tomara declaración, Camacho, dada su condición de secretario de Estado, tendría la posibilidad de responder a las preguntas en su despacho, al que se desplazaría la comitiva judicial.

La abogada de Dignidad y Justicia, Vanesa Santiago, explicó en la vista que no es lógico rechazar su declaración después de haber aceptado investigar a los titulares de los teléfonos que contactaron con Hidalgo, uno de los cuales resultó ser de Camacho.

Por su parte, el letrado de la AVT, Antonio Guerrero, resaltó que Camacho quedaría como una excepción en una investigación exhaustiva. Y añadió que sus llamadas a Hidalgo llegaron en un momento en el que los imputados o implicados por la Policía estaban manteniendo contactos ligados al chivatazo. Camacho e Hidalgo mantuvieron dos conversaciones la noche anterior al chivatazo y otra la mañana de los hechos, cuando coincidieron en un acto.

Todas las acusaciones resaltaron que piden la comparecencia únicamente como testigo, por lo que no son válidos los argumentos con los que el equipo investigador rechaza implicarle en el chivatazo.

El fiscal se opone a la citación alegando que las llamadas concuerdan con los preparativos de una operación antiterrorista y no cuadran con los momentos clave del soplo.

El mismo tribunal examinó ayer la petición del inspector José María Ballesteros de dejar sin efecto la exigencia de que se presente quincenalmente ante el juzgado, impuesta a petición del fiscal. La defensa alegó que los indicios en su contra habían quedado desvirtuados por la reciente declaración del dueño del Faisán de que Ballesteros no fue quien le pasó el móvil desde el que le dieron el soplo. La respuesta del fiscal fue que ese testimonio no es fiable -tampoco reconoció al policía que le interrogó seis veces tras su arresto- y que el Constitucional respalda las medidas cautelares impuestas a aquellos sobre los que hay indicios de delito.