Madrid / El Mundo
Tras este pronunciamiento, el presidente del Tribunal, el magistrado Javier Gómez Bermúdez, advirtió al imputado de que «cualquier otra manifestación política» que no tuviera que ver con el objeto del juicio conllevaría su expulsión de la sala. El juez también se vio obligado a pedir en repetidas ocasiones a Txapote que guardara silencio en el transcurso de la vista oral.
El ex jefe de comandos de la banda terrorista ETA tildó el juicio de «teatro» y, al igual que los otros acusados, Asier Arzalluz Goñi y Aitor Aguirrebarrena Beldarrain, permaneció sentado de brazos cruzados, negándose a intervenir en la vista oral.
Al término de la misma, Txapote protagonizó un enfrentamiento con los policías que custodiaban a los imputados en la sala. Después de que el ex jefe militar intentara acercarse a Asier Arzalluz, un agente intervino para separarles y Txapote respondió con amenazas.
Esta escena provocó la indignación de los familiares de las víctimas que se encontraban entre el público y calificaron de «asqueroso» y «basura» al etarra. «El juicio no es más duro que lo que nos han hecho», manifestó la madre de la guardia civil asesinada en Sallent, Irene Fernández Pereda, refiriéndose al sufrimiento que le provocó revivir el atentado durante la vista oral.
En la fase testifical, comparecieron varios guardias civiles que recordaron que Aguirrebarrena y Arzalluz, captados por el ex jefe militar de ETA, junto a José Ignacio Guridi Lasa, ya condenado por estos hechos, colocaron una bomba-lapa en los bajos de uno de los vehículos del Instituto Armado aparcados en el centro de Sallent de Gállego.
Los agentes declararon que Guridi Lasa relató «abiertamente», tras su detención, que se entrevistó en varias ocasiones con Txapote en Francia y era este último el que «siempre marcaba todos los objetivos» del comando terrorista.
En esta causa están personados la acusación popular, ejercida por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que pide 80 años para cada uno de los acusados, y el Ayuntamiento de Sallent de Gállego, que se adhirió a la misma petición de condena que el Ministerio Público, 75 años de prisión.
El atentado del que están acusados los tres etarras provocó la muerte, además de a la agente Irene Fernández, a su compañero José Ángel de Jesús Encinas, que falleció en el Hospital San Jorge de Huesca tras sufrir graves heridas.
A este como a sus colegas, les daba yo vidilla.
ResponderEliminarCon este desgobierno, que negocia con ellos, les da alas a todo, y si ya son prepotentes, ahora más, ya que saben que pronto saldrán a la calle, y que todo esto es una milonga.
Menos mal, que también les hemos visto mearse y cagarse encima, se ve que en esos momentos la prepotencia se convertía en heces, vaya gudaris de mierda.