08:33 (24-04-2011) | La Gaceta
Rubalcaba le premió con el pase a servicios especiales. El ‘número dos’ de Interior está pendiente de ser llamado como testigo en el chivatazo a ETA.
Diego Carrasco. Madrid
El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 6 de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso que presentó la Asociación de Fiscales contra el blindaje en la carrera fiscal del secretario de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior, Antonio Camacho. Los fiscales consideran que “la orden que declara que Camacho pasa de una situación de excedencia a servicios especiales es ilegal porque no se ajusta a las disposiciones legales”. Lo más sorprendente de este asunto es que el magistrado, Luis Carlos de Rozas Curiel, ha citado a las partes para celebrar la vista oral el día 2 de abril de 2013, es decir, dentro de dos años. Cuando la reclamación que se suscita es sobre un tema de personal que carece de la más mínima complejidad. En el procedimiento abreviado la Abogacía del Estado alegará que el nuevo estatus de Camacho tiene amparo en la disposición adicional primera del Estatuto Orgánico del Poder Judicial, que afirma: “Las situaciones administrativas en la carrera fiscal se acomodarán a lo dispuesto en la ley para jueces y magistrados”.
Sin embargo, esta argumentación contrasta con lo que dice la ley: “Esta situación de servicios especiales se reconoce cuando se presten servicios en el Ministerio de Justicia y Camacho trabaja en el Ministerio del Interior”.
Causa abierta
Camacho está pendiente de que la Sala Penal de la Audiencia Nacional decida si le llama a declarar como testigo en el caso Faisán por el intercambio de llamadas que aparecen registradas con el ex director de la Policía, Víctor García Hidalgo. Tanto la Asociación de Víctimas contra el Terrorismo como Dignidad y Justicia y el PP recurrieron a la Sala después de el juez Ruz denegara la práctica de esta diligencia.
Todo comenzó cuando el Boletín Oficial del Estado del 15 de noviembre de 2010 publicó una orden que declaraba a Camacho en situación de servicios especiales con efectos retroactivos desde el 20 de abril de 2004, cuando fue nombrado secretario de Estado de Seguridad. Esto significaba que todos los años dedicados a la política le computaban como antigüedad dentro de la carrera fiscal.
La nueva categoría administrativa de Camacho, preparada por el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y ejecutada por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, lo colocaba en una situación privilegiada. A efectos prácticos ganaba una notable antigüedad para concursos, traslados, derechos pasivos o ascensos.
En este sentido, la jugada jurídico-política tendría otra ventaja. El secretario de Seguridad superaría una antigüedad de 15 años de ejercicio profesional. De esta manera, podría optar a ocupar plazas de libre designación como fiscal del Tribunal Supremo, del Tribunal de Cuentas, ante el Tribunal Constitucional o en el servicio de inspección de la Fiscalía General del Estado. Camacho ganaría una antigüedad de más de ocho años.
Otra caciquada del ministro. En vez de servir a los intereses del pueblo, se sirve a el mismo. No nos merecemos un gobierno que nos mienta (palabras dichas por rubalcaba)
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