FERNANDO LÁZARO / Madrid / El Mundo
Tenía previsto llevarla a cabo para este mes de abril, pero ha decidido frenarla hasta después de los comicios autonómicos y municipales. El Ministerio dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba prevé un tijeretazo drástico y reducir a la mitad las escoltas que se están realizando en el País Vasco y Navarra. También quiere recortar muchos de los servicios que se llevan a cabo fuera de estas comunidades autónomas.La causa esgrimida en círculos privados es reducir gastos, que el Estado debe apretarse el cinturón y eso incluye también la seguridad. Pero sotto voce también se habla de que la actual tregua de ETA ha llevado, según el entender de los expertos, a una disminución de riesgos.
Según explicaron a este periódico fuentes cercanas a los servicios de seguridad encargados de la protección de cargos, fundamentalmente amenazados por ETA, el planteamiento que han puesto sobre la mesa los técnicos al ministro no es tanto recortar el número de protegidos, sino el número de efectivos que se dedica a la protección de estos amenazados.
El planteamiento afectaría a más de 2.000 protegidos. La gran mayoría de ellos está bajo el manto protector de la seguridad privada. Desde que el Gobierno entendió que había un alto número de cargos públicos del País Vasco y Navarra que podían estar en el punto de mira de ETA, se efectuó un impresionante despliegue de escoltas con el que se intentó cubrir, con agentes de la seguridad del Estado, a la gran mayoría de los amenazados. Pero no había efectivos para todo si se trataba de mantener el resto de servicios intactos. Por ese motivo, se recurrió a la seguridad privada. Poco a poco, la pública fue sustituida mayoritariamente por aquélla.
En la actualidad, según explicaron las mismas fuentes, hay más de 1.100 cargos públicos en el País Vasco y cerca de 900 en Navarra con protección básicamente privada. Algunos altos cargos de ambas administraciones tienen la protección garantizada por el Estado, pero el resto recibe vigilancia de escoltas privados.
Durante los últimos meses, el Ministerio del Interior ya ha hecho un replanteamiento de la seguridad. Pero el gran recorte, el gran tijeretazo, lo tenía previsto aplicar este mes de abril. Los asesores del Departamento estimaron que, para evitar efectos electorales, se retrasara hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 22 de mayo.
A partir de esa fecha, Interior reducirá a la mitad el número de efectivos. Hasta ahora, la gran mayoría cuenta con dos escoltas. Tras el 22-M, sólo le protegerá uno.
Desde la Asociación Española de Escoltas, su presidente, Vicente de la Cruz, alerta de que en los dos últimos años se han perdido más de 600 empleos. Apunta a la crisis y a la rebaja de la amenaza terrorista como los factores clave de esta disminución. Pero también advierte de que en ocasiones se ha reducido la seguridad «sin un adecuado análisis de riesgos». Su asociación celebrará a finales de mes su congreso anual en Bilbao y sobre la mesa de debate figura este problema de reducción de seguridad en cargos públicos.
Expediente al portavoz de la UFP
El director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, ha decidido abrirle un expediente disciplinario por estas declaraciones.
La mano derecha de Rubalcaba decidió actuar contra el dirigente de la UFP tras estudiar el contenido del informe que le remitió el Director Adjunto Operativo, Miguel Ángel Fernández Chico.
«¿Pretenden que nos callemos? Pues no nos vamos a callar», aseguró Perdiguero tras conocer la intención de su superior en la Policía.
Aseguró que, a pesar de este expediente, tiene la intención de seguir defendiendo la labor de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía «y denunciando todas aquellas carencias y abusos que sufren los mismos».
«El libre ejercicio de la libertad de expresión y el ejercicio de nuestra labor de representación nos lleva en ocasiones a que determinados dirigentes del Cuerpo Nacional de Policía no muy acostumbrados a las críticas pretendan amordazarnos bajo la legalidad y el revestimiento de un expediente sancionador que puede conllevar la expulsión del expedientado».
La UFP denuncia que esta iniciativa supone una «agresión a la libertad de expresión».
La seguridad de los cargos públicos en el País Vasco da pie a muchos debates y posiciones críticas con las decisiones del Ministerio del Interior.
Esto ya lo dijeron el año pasado, por tanto, ya sabían como iba la negociación. Esta claro, que aunque no existiera la negociación, había que hacer un reajuste sobre las escoltas, ya que algunos se aprovechas de ellas para otros menesteres, y lo pagamos todos los españoles.
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