El Ayuntamiento de Barcelona está dispuesto a llegar hasta el final en su intención de que el catalán sea la lengua más utilizada en el Consistorio. El equipo de Gobierno municipal, del PSC, ha anunciado su voluntad de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión adoptada en su día por el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) de suspender de forma cautelar varios artículos del Reglamento de Usos Lingüísticos del Ayuntamiento.
El pasado octubre el Alto Tribunal catalán decidió anular de forma provisional la aplicación de esta norma, aprobada por el Pleno municipal en febrero de 2010, en lo que respecta al uso preferencial del catalán sobre el castellano en sus documentos y comunicaciones oficiales.
El TSJC suspendió en un auto judicial la ejecución cautelar de estos artículos amparándose en sentencias anteriores que declararon nulas algunas normativas que imponen directamente el uso preferente del catalán sobre la cooficialidad del castellano.
La decisión del TSJC contó con el voto particular del magistrado Alberto Andrés, que destacó que «del análisis pormenorizado resulta incompatible con el examen superficial de la cuestión de fondo que es inherente a una medida cautelar, por lo que también desde este punto de vista debe reservarse a la sentencia definitiva cualquier pronunciamiento sobre el particular».
El recurso que quiere presentar el Consistorio ante el Supremo utilizará la interpretación de la legislación que ha desarrollado este magistrado en su voto particular. En concreto, el Ayuntamiento de Barcelona apela al «interés público» del reglamento por lo que, entienden, «la medida cautelar de suspensión debe adoptarse muy restrictivamente», pues «podría implicar un grave trastorno a la actividad administrativa».
También se recuerda que la normativa municipal impugnada «debe beneficiarse de la presunción de legalidad», toda vez que fue «aprobada por un órgano competente [el pleno del Consistorio] siguiendo el procedimiento establecido» y dentro de las competencias del Ayuntamiento.
El equipo de Gobierno de Barcelona pedirá al Supremo que revoque la suspensión cautelar, a la espera de conocer la sentencia definitiva del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que no dispone de un plazo determinado para fallar.
En el procedimiento también está personado el Partido Popular, ya que el Reglamento de Usos Lingüísticos fue impugnado en lo Contencioso Administrativo por el presidente del Grupo municipal popular, Alberto Fernández Díaz. El líder del PP en Barcelona anunció que también estarán presentes ante el Tribuinal Supremo con el objetivo de «defender el bilingüismo» en la ciudad.
El también candidato popular a la Alcaldía de Barcelona destacó igualmente que «se trata de un reglamento que va en contra de la libertad lingüística, porque discrimina una lengua sobre otra. Es necesario garantizar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos por la Administración municipal de forma bilingüe, así como que todos aquellos docu- mentos, comunicaciones, notificaciones e impresos se redacten en ambas lenguas».
La concejal del PP, Ángeles Esteller, destacó en el mismo sentido que su formación siempre ha acusado al Consistorio de anteponer una lengua sobre otra con la aprobación de este reglamento lingüístico, por lo que reafirmó la voluntad de su partido de comparecer ante el Tribunal Supremo para defender su postura.
Por su parte, fuentes municipales explicaron que el recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña forma parte de la «tramitación normal» iniciada tras la anulación del Reglamento. Desde el Consistorio insisten en que se pretende levantar la suspensión cautelar a la espera conocer la sentencia definitiva del TSJC sobre esta normativa.
En su auto de anulación preventiva, el Alto Tribunal catalán establecía que los apartados que ha dejado en suspenso temporalmente implican la exclusión del castellano, por lo que «mantener su vigencia comportaría un perjuicio de difícil o imposible reparación, que justifica la suspensión cautelar».
En concreto, el Tribunal Superior anuló aquellos artículos que obligan a utilizar el catalán en las actuaciones internas y actas, en los impresos o sellos de goma, en la expedición de documentos, la rotulación y en los asentamientos.
Al igual que en el caso del Consistorio barcelonés, el mismo tribunal ha anulado de forma cautelar reglamentos similares en las diputaciones de Lérida y Gerona.
Los artículos de la discordia
>Artículo 2 «El catalán es la lengua propia de Cataluña y, como tal, es la lengua oficial y de uso normal y preferente del Ayuntamiento y tiene que ser utilizada de manera preferente en sus tareas y relaciones [...]».
>Artículo 4 «El Ayuntamiento, en los contratos que se encarguen a terceros, hará constar una cláusula en la que se especificará que, con carácter general, el trabajo se tiene que entregar en catalán. Excepcionalmente, en el caso que su finalidad exija la redacción en otra lengua, se tendrá que hacer una versión en catalán [...]».
>Artículo 5 «La expedición de documentos o testimonios de expedientes se hará en catalán o, si el solicitante lo pide, en catalán y castellano [...]».
Estos a lo suyo, siempre a lo somarda. La independencia, a lo somarda, aunque no ganen en las encuestas, votaciones etc. La lengua, igual, después querrán que el pan contumaca sea patrimonio de la humanidad..., con tal de llamar la atención, estos de la casta son capaces de cualquier tropelía.
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