ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid / El mundo
Duda entre impugnar todas las listas o sólo aquellas en las que haya candidatos vinculados a Batasuna como ocurrió con ANVLa opción de entrar en litigio contra las listas en vez de actuar contra la coalición ofrece a su vez dos posibilidades: impugnar todas las planchas -según prefieren Fiscalía y Abogacía-, o recurrir sólo aquellas que contengan candidatos con antecedentes -según criterio de algún ministro-.
Si el Ejecutivo apuesta por esta salida, de la que son partidarios destacados miembros del Gabinete de Zapatero, lo más probable es que prosperen la mayoría -si no todas- las candidaturas. Si fuese el conjunto de las listas el cuestionado, una decisión por la que se inclinan la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el Supremo tendría la posibilidad de descartarlas en conjunto alegando que su contaminación radica en la intervención de Batasuna en su elaboración.
El Tribunal, en este caso, estaría rescatando el argumento que empleó con ANV cuando reprochó al Gobierno que hubiese impugnado sólo la mitad de las listas de este partido y le recordó que, de haberlas cuestionado todas, habrían sido ilegalizadas. Sin embargo, entonces el Supremo todavía no se había dividido en sus decisiones sobre los presuntos herederos de Batasuna.
Los motivos del Gobierno para centrarse sólo en las listas son políticos y jurídicos. Tienen que ver con la repercusión -también para el PSE- que podría tener en el País Vasco solicitar la ilegalización de EA y Alternatiba, el primero de ellos de larga trayectoria política. Y con su interés por no parecer intransigente.
Algunos miembros del Ejecutivo sostienen, asimismo, que un fracaso ante los tribunales reportaría un triunfo para la izquierda abertzale que repercutiría en un incremento del número de sus votantes.
Pero estas mismas fuentes también esgrimen argumentos legales. En primer lugar, precisan que la izquierda abertzale, como tal, no consta como uno de los partidos fundacionales de Bildu.
En segundo lugar, sostienen que la solicitud de ilegalización para dos partidos puede durar meses. Se podrían pedir medidas cautelares para suspender el derecho al voto para Bildu en estas elecciones, pero se correría el riesgo de que el Tribunal Constitucional se negase a adoptar una decisión de ese calado. Fuentes del Gobierno argumentan que éste no es partidario de pasar la patata caliente a las instituciones judiciales si no está todo bien probado y se aferran a que, con cada solicitud de ilegalización, los altos tribunales han ido realizando una aplicación más garantista de la Ley de Partidos.
Finalmente, destacan la falta de precedentes. Hasta el momento ha sido solicitada la ilegalización de partidos o plataformas, pero no de una coalición, y se plantean dudas -aunque nunca insuperables procedimentalmente- sobre si lo correcto habría sido plantear la impugnación de Bildu o de cada uno de sus partidos por separado.
Éste es el planteamiento del Ejecutivo a la espera de los informes que están elaborando las Fuerzas de Seguridad tras las solicitudes al respecto de la Fiscalía y de la Abogacía.
Ya hay varias pruebas que obran en poder del Gobierno y que rectifican alguno de sus argumentos. Respecto a la presencia o no de Batasuna en el documento de formación de Bildu, en el texto, efectivamente, no consta Batasuna o la izquierda abertzale como firmante, aunque se habla -y la Policía ha destacado este aspecto- del compromiso de «tres partidos» cuando sólo hay dos reconocidos en ese acuerdo.
El 30 de marzo, en su argumentación contra Sortu, el Supremo incluyó un documento de ETA fechado en agosto de 2009 en el que la banda argumentaba: «Hay que realizar una alianza política con EA que debe conocer un alto nivel de desarrollo antes del Proceso Democrático». El Alto Tribunal lo valoraba duramente: «La alianza con EA se refleja en el documento en unos términos imperativos y no como sugerencia. Esta instrucción, si es que podemos llamarla así, fue cumplimentada por Batasuna en el desempeño de la función asignada en este documento, 10 meses después, en junio de 2010, como es público y notorio».
En otro documento incautado a Ekaitz Sirvent, ETA se refería a la «refundación de la izquierda abertzale». Reconocía que «la búsqueda de un acuerdo estratégico ha tenido más opciones que la lucha armada; la organización, por tanto, debe seguir profundizando en la vía que incide en la consecución de un Proceso Democrático para Euskal Herria y también desarrollar la negociación política con el Estado. Al mismo tiempo, las acciones deberán ser continuas». La banda indicaba a EA y Aralar que no debían andarse con melindres. «Hay indicación expresa de que ETA pone a disposición su fuerza armada» y les animaba a «integrarse en su espacio de lucha».
En ese documento de 2009 -fechado, también es cierto, antes de que se produjera el debate entre la banda y la izquierda abertzale que ésta aseguró haber ganado en favor de las vías políticas-, ETA daba instrucciones a los dirigentes de Batasuna, a los que riñó cuando no lograban arrancar el acuerdo con EA.
El Supremo podría disponer también del texto incautado por la Guardia Civil al miembro de Ekin, Gorka Mayo, redactado en noviembre, durante las negociaciones que Batasuna y EA mantuvieron para formar una coalición para el Parlamento navarro. «Batasuna gestionará los asientos que le corresponden y gestionará los ámbitos que le corresponden», recogía el texto en el que la izquierda abertzale establecía sus condiciones, exigiendo determinar la proporción de representantes en las listas y su libertad de maniobra.
Marear la perdiz, haciendo el paripé, total para nada, para engañarnos de nuevo y los batasunos en las elecciones.
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