Contra Marta por encima de la ley

FERNANDO LÁZARO / LUIS F. LÓPEZ / El Mundo

El CSD y la Guardia Civil enviaron al laboratorio de Colonia, sin autorización judicial, la prueba clave contra ella / Habían comprobado que el análisis en Madrid era negativo y buscaban un último recurso

Ni el Consejo Superior de Deportes (CSD) ni la Guardia Civil se dieron por vencidos y, en un intento por encontrar evidencias contra Marta Domínguez, buscaron auxilio en la avanzada tecnología del laboratorio de Colonia (Alemania) para poder así mantener la acusación contra la atleta. Ambas instituciones conocían que el examen del bote que vinculaba a la palentina con una trama de dopaje había dado negativo por trembolona o alguna de las otras 12 sustancias dopantes buscadas. Sin embargo, en lugar de comunicar a la magistrada de la operación Galgo el resultado de los test realizados en el laboratorio de Madrid, consintieron el envío de una muestra a Colonia, sin la autorización judicial pertinente.

Según explicaron a EL MUNDO fuentes cercanas al caso, el pasado 4 de abril, el laboratorio de la Agencia Estatal Antidopaje, «dependiente del CSD», como confirmaban ayer desde el propio organismo, trasladó a Alemania una muestra de la sustancia clave en la investigación. Porque la imputación de Marta Domínguez como suministradora de sustancias dopantes se basaba en que había hecho llegar un bote sospechoso a Alberto García. Ese vial, que Marta y Alberto llamaban «oro», alertó a los investigadores, que creyeron que los atletas hablaban en clave de una sustancia prohibida. En la redada que dio inicio a la operación Galgo, el 9 de diciembre, los agentes intervinieron tres viales de oro en casa de Alberto García, pero quedaba pendiente su análisis. La acusación sostenía que se trataba de trembolona, mientras Marta defendía que era un producto natural permitido, un recuperador muscular comprado en un herbolario.

El oro fue analizado en primera instancia por el laboratorio de la Agencia Española del Medicamento, que no encontró rastro de dopaje. Por eso, la juez, Mercedes Pérez Barrios, en un auto del 17 de febrero pasado, autorizó a la Guardia Civil remitir los tres viales de oro a la Agencia Estatal Antidopaje, que gestiona el laboratorio de Madrid. Éste tampoco encontró nada tóxico. Sin embargo, la Guardia Civil, que tutelaba la prueba, en lugar de comunicar ese dictamen a la magistrada, permitió su envío hasta Colonia. Desde el CSD explican que se hizo porque forma parte del protocolo del laboratorio de Madrid contrastar sus datos con otro. Pero en este asunto se trataba de una sustancia bajo control judicial.

El CSD y la Guardia Civil, en su empeño por probar la culpabilidad de la atleta, se saltaron la autorización de la magistrada para realizar una tercera prueba que avalara sus sospechas, tras los dos hechos en España sin rastro de dopaje. Contra Marta por encima de la ley. Porque ese análisis en Colonia -el informe preliminar también era negativo-, no hubiera sido validado en ningún caso, porque una vez que parte del material salió del laboratorio de Madrid sin permiso judicial, la cadena de custodia quedaba rota.

En el juzgado, la actuación de la Guardia Civil provocó un fuerte malestar. Este cuerpo sabe perfectamente qué supone una cadena de custodia y romperla representa invalidar la conclusión. «¿O es que trataban de que la instructora lo avalase sin más si el oro daba en Colonia lo no se hallaba en Madrid?», se preguntan estas mismas fuentes.

La maniobra quedó desactivada por la juez, que se percató de ella 10 días después, cuando requirió a la Policía Judicial (Guardia Civil) para que le aportara datos sobre los informes que estaban pendientes del material intervenido. Cuando le transmitieron los nulos hallazgos del laboratorio de Madrid y, molesta porque la sustancia fuese exportada sin su consentimiento, acordó sobreseer el caso, el 14 de abril, una decisión que este diario adelantaba el pasado miércoles 20 de abril.

El CSD aún no se plegó y ese mismo día 20 presentaba un recurso contra el archivo de la causa. De hecho, el 21 de abril, El País informaba: «El CSD ha decidido recurrir a la espera de lo que resulte del análisis de una muestra [del oro] en el laboratorio alemán de Colonia». Pero un día después, el viernes santo, El País rectificaba: «El CSD retira el recurso» ¿Qué pasó la madrugá del jueves que explique ese cambio? Pasó que, a lo largo del miércoles, desde el CSD filtraron a El País su iniciativa, sin embargo, a última hora, desde el juzgado, vía email, les ordenaron interrumpir cualquier análisis en Colonia, pues carecía de validez. En ese punto, la juez había dicho basta y el CSD tenía que renunciar a su presa. Hoy mismo retirará su recurso.

Marta Domínguez es cada día menos culpable y más víctima en el asunto del oro, mientras crece la hipótesis que veía un interés político en su caso. La actuación de la Guardia Civil, dependiente del ministro Rubalcaba, y del CSD, de su íntimo Lissavetzky, fortalecen esa teoría.

Colonia, allí donde todo es posible

Ningún otro laboratorio hubiese detectado clembuterol en la orina de Contador, pero sí lo hizo el de Colonia. Ese centro volvió a mostrar su inigualable capacidad detectora en la 'operación Galgo'. El AMTH-2, producto intervenido a César Pérez, técnico de Marta, había dado negativo en Madrid, pero arrojó un positivo en Colonia, en cantidades mínimas, por dos tipos de testosterona. La Guardia Civil y el CSD pensaron que sería igual con el 'oro' de Marta. Se llevaron un doble revés. La falta de control judicial invalidaba el análisis que, además, resultó también negativo en su primera fase.

PEDRO SIMÓN / Madrid

Una liebre del PP y la caza del 'Galgo'

La detención de la atleta se produjo sólo unos días después de que el Gobierno decretara el estado de alarma y aprobara nuevos recortes sociales

Y justo después de que el Gobierno decretara el estado de alarma para someter a los controladores aéreos y de que Zapatero bendijera una nueva remesa de recortes sociales, se desencadenó una espectacular acción antidopaje que hizo torcer cámaras y micrófonos en un giro providencial de 180 grados.

Cuando aquella mañana del 9 de diciembre, los hombres de Harrelson de la Operación Galgo entraban a la casa de la atleta, hacía sólo dos horas que Zapatero había comenzado a dar explicaciones en el Congreso sobre el caos aeroportuario. Entonces lo de menos fue que España se desangrara por el aire. Entonces lo de más fue que se desangraba por tierra. Marta Domínguez, la reina del fondo, estaba entre los 14 detenidos.

La liebre (permítase el término dado que hablamos de atletismo) la levantó por entonces Esteban González Pons, vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, que se metió en esta carrera de tartán y política nada más enterarse de que entre los arrestados estaba la cara más amable de la pista, la campeona sencilla, la portada de todos los periódicos del día siguiente.

«Qué casualidad que la cúpula del Ministerio del Interior», dijo Pons, «decidiera que el día ideal para hacer una operación muy mediática como es la del dopaje en el deporte fuera justo cuando Zapatero terminara de dar su breve explicación en el Congreso sobre todo lo ocurrido la semana pasada».

Así fue. El nombre de ella estaba alimentando los digitales, copando telediarios y ocupando portadas de todos los medios el 10-D. Embarazada de tres meses, estuvo ocho horas declarando ante la Guardia Civil de Palencia. Quedó en libertad con cargos. Luego casi nadie creyó en ella.

Con Marta en la diana, el Ministerio del Interior hizo dos cosas.

Una fue sacar una nota con el membrete del Instituto Armado en el que respondía al portavoz popular: la tesis era que la idea de reventar la Operación Galgo justo en esas fechas ya estaba tomada desde hacía un mes.

La otra fue pronunciarse al respecto a través del ministro Rubalcaba: «La detención de Marta Domínguez es una pésima noticia, pero no todos los atletas hacen trampas (...). Sería tremendo que porque unos pocos, aunque sean importantes, hagan trampas, se piense que todo el mundo hace trampas. No es verdad (...). Hay mucha gente que compite honestamente por su país y para simplemente mejorar sus marcas. Es a ellos a quienes toca que el Gobierno defienda».

Para el entorno de Marta Domínguez, aquel mandoble en la plaza pública podía tener que ver con otras cosas. No obstante, la atleta militó en el PP y dio su apoyo público a Mariano Rajoy en las elecciones generales de 9-M de 2008.

El director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, le inquirió por ello en Veo7, donde rompió su silencio en exclusiva: «La gente de mi alrededor me dice que esto podría ser algo político. Que necesitaban un galgo importante para que fuera un éxito, un caso grande».

Los que antes la vitoreaban cuando salía a entrenar por Palencia empezaron a insultarla cuando se la cruzaban por la ciudad.

En el último mes del embarazo, Marta anda buscando la paz como esas madres que están a punto de serlo. Fue Benedetti quien dijo que después del invierno siempre viene la primavera.

Dará a luz en mayo la chica de la cinta rosa. A ver quién le pone nombre a esta aventura.

F. LÁZARO / L. F. LÓPEZ / Madrid

Y la juez mandó callar

Para atajar las interesadas filtraciones mediáticas al inicio de la operación, llamó a su despacho a dos de los máximos responsables del operativo

«El dinero traicionó a Marta» (12 de diciembre, 2010). «Marta se metió a fisio» (24 de diciembre). «Queda media botella de ron» (9 de enero 2011).

Estrictamente, tres exclusivas periodísticas de El País, que se corresponden con las tres imputaciones contra Marta Domínguez. La primera hablaba de un posible delito de blanqueo de capitales, que ha sido reducido a presunto delito fiscal y que parece encauzado hacia la intrascendencia. El segundo daba cuenta de la última imputación deportiva que pesa sobre la palentina, por su participación en el supuesto dopaje de un atleta amateur de 44 años, compañero de entrenamiento. Y el tercero, el caso del ron/oro con el que supuestamente traficaba, fue sobreseído. Esa es hoy la realidad.

Sin embargo, justo en un mes desde el inicio de la operación Galgo (9 de diciembre de 2010), todo lo denunciable sobre Marta había llegado a la opinión pública como inequívoco y a través de un mismo medio. Eso indicaba que El País tenía hilo directo con alguien importante, pues, en ese momento, las fuentes de información estaban bastante restringidas. De hecho, hasta bien avanzado diciembre, la instructora de la causa, la Fiscalía, los investigadores y algún superior político, probablemente, eran los únicos que conocían los fundamentos de la operación. Y sobre la magistrada no había duda, pues siempre se caracterizó por negar información a los medios. Ni siquiera la fecha de comparecencia de los encausados.

Según explicaron a EL MUNDO fuentes cercanas al caso, la magistrada llegó a llamar al orden a la Guardia Civil. Entendía que las filtraciones provenían desde la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, responsable de las operaciones. La juez pidió explicaciones a los responsables de esta unidad. Así, por el despacho de Mercedes Pérez Barrios pasaron, al menos en una ocasión, dos de los máximos responsables del operativo policial.

La titular del juzgado de instrucción número 24 de Madrid les dejó claro que no iba a tolerar nuevas filtraciones. Entendía, y así se lo transmitió, que no podía existir una investigación secreta si se pasaban datos sobre las pesquisas. Además, se estaba juzgando públicamente a los implicados, vulnerando su presunción de inocencia. Amenazó con que, si aparecían nuevas revelaciones del sumario, abriría una pieza separada para esclarecer el origen de las filtraciones. La juez logró acallar, temporalmente, ese juicio paralelo.

Decidió que el mensaje dado a los mandos de la Guardia Civil llegara también a sus superiores y envió una requisitoria a la Guardia Civil y al Ministerio del Interior. Porque lo que se estaba filtrando, desde luego, no eran buenas noticias para los imputados, entre ellos Marta Domínguez, que veía como salían a la luz sus supuestas vergüenzas, de manera del todo parcial u orientada.

Cuando este diario accedió a partes relevantes del sumario, pudo comprobar la tibieza de las pruebas o los excesos cometidos desde el mismo inicio de la investigación, especialmente en la autorización de las escuchas telefónicas a partir de una base dudosa, incluidas informaciones de la wikipedia. Eso ha hecho que pese un recurso de nulidad sobre toda la causa que debe gestionar también la juez Mercedes Pérez Barrios. ¿Habrá más sorpresas?