07:23 (25-03-2011) | La Gaceta
El Ministerio Público se adhiere a la petición de uno de los imputadoo. Pide que no se les acuse de colaboración con banda armada. Si el juez lo admite, la Audiencia Nacional perdería la competencia.
R. R. B. Madrid
El fiscal del caso Faisán, Carlos Bautista, se adhirió ayer a la petición de uno de los imputados, el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, que solicitó a la Sala de lo Penal retirar la acusación de colaboración con banda terrorista de los cargos que se le atribuyen a los tres inculpados.
Esto sería de una enorme trascendencia, puesto que al eliminar este delito tan sólo quedaría el de revelación de secretos, con lo que la Audiencia Nacional ya no tendría competencia para instruir el caso, que pasaría a los juzgados ordinarios. En concreto, a uno de Irún (Guipúzcoa), donde se produjeron los hechos. La propuesta retiraría de la instrucción al juez Pablo Ruz, que sustituyó a Baltasar Garzón al frente del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía también se opuso ayer al archivo del caso, que sí solicitó la defensa de García Hidalgo, al entender que existen “indicios de criminalidad” después de las diligencias ordenadas recientemente por Ruz y de los interrogatorios practicados, además de la parte que aún se mantiene secreta, donde supuestamente hay fotogramas que muestran al inspector imputado saliendo del bar Faisán el día del chivatazo.
Esta nueva posición de la Fiscalía contradice el criterio inicial expresado por el Ministerio Público, que el 1 de octubre de 2009 pidió el sobreseimiento de la causa. “Agotada la investigación, no siendo necesaria la práctica de nuevas diligencias y no concurriendo claros indicios incriminatorios que acrediten la participación de persona alguna en los hechos que se investigan, resulta procedente (...) acordar el sobreseimiento provisional y archivo de la causa”, propuso entonces la Fiscalía.
Ruz hizo caso omiso de esa propuesta e incoó sumario el pasado 24 de enero, lo que provocó la rectificación del Ministerio Público, que no tuvo más remedio que apoyar posteriormente las diligencias del magistrado.
Colaboración
La nueva postura de la Fiscalía entiende que sí hay un delito de revelación de secretos, pero no de colaboración con banda armada porque, según Carlos Bautista, no se puede demostrar que los acusados “compartieran las finalidades y los objetivos de la organización terrorista”. No lo entendió así la Sala de lo Penal, que ya vio indicios de colaboración con banda armada en su auto del 15 de febrero de 2010. En el mismo sentido se pronunció el instructor Pablo Ruz en el auto de incoación de sumario del pasado 24 de enero. El juez dedicó cuatro páginas a argumentar que el 4 de mayo de 2006 los autores del chivatazo también incurrieron en un delito de colaboración con banda armada.
El magistrado recordó, entre otros argumentos, el auto del Tribunal Supremo del 8 de septiembre de 2004 que aseguraba: “La esencia del delito de colaboración con banda armada consiste en poner a disposición de la banda (...) determinadas informaciones, medios económicos o de transportes o servicios de cualquier tipo que la organización obtendría más difícilmente (...) sin ayuda externa”.
También se refirió a la sentencia del Supremo del 6 de mayo de 2005, que consideraba colaboración “todos los supuestos de facilitación de informaciones que coadyuven a las actividades de la organización armada (...) e incluso si dicha información constituye una aportación eficaz al funcionamiento de la banda en cuestiones distintas a las acciones armadas”.
Ruz reactivó la causa el pasado 24 de enero después de que Garzón la mantuviera dormida durante más de un año. El caso se mantuvo vivo gracias a la acusación popular ejercida por Dignidad y Justicia, que solicitó a finales de 2009 a la Sala de lo Penal remitir una comisión rogatoria a Francia para que este país emitiera su versión de los hechos. La Sala dio el visto bueno y cursó la citada comisión, que la juez antiterrorista gala Laurence Le Vert no remitió hasta que Garzón no fue suspendido.
Esto me suena a lo que hacen los dictadores, como chávez etc..., cambian las leyes a su beneficio, y dicen que estamos en democracia??.... Y a todo esto, el poder judicial que hace al respecto, o es que estamos todos corruptos..., que pena de país.
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