La Audiencia investigó las llamadas de Ares al teléfono de contacto con ETA en la tregua

M. MARRACO / F. LÁZARO / Madrid / El Mundo

El juez Juan del Olmo investigó en 2007 el tráfico telefónico del hoy consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares. El juez de la Audiencia Nacional ordenó la medida tras comprobar que el diputado del PSE había contactado con el número de teléfono que el negociador etarra Jon Iurrebaso llevaba anotado como salvoconducto cuando fue arrestado. Iurrebaso explicó a los gendarmes que el número se lo habían proporcionado los negociadores españoles para que lo empleara en caso de emergencia.

La detención de Iurrebaso se produjo en marzo de 2007, después del atentado de Barajas pero antes de que el Gobierno diera por cerrada la negociación con ETA. Tras sus explicaciones, la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert cursó una comisión rogatoria a España reclamando que se investigara a los usuarios de ese número -acabado en 190 y que pertenecía a un tarjeta prepago-, así como de otro teléfono que también exhibió Iurrebaso como prueba de que era un negociador. El resultado fue que la tarjeta 190 estaba en manos del ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, actualmente imputado en la causa del chivatazo.

Los investigadores comprobaron que Iurrebaso no había llegado a marcar nunca el número que debía servirle de salvoconducto. A diferencia de lo que sucedía con otros números de teléfono empleados por Hidalgo -investigados en la causa del chivatazo-, el tráfico de la tarjeta 190 era limitadísimo, lo que añadía relevancia a las llamadas. Según explicaron fuentes jurídicas, uno de los teléfonos recogidos en el informe correspondía al teléfono móvil de Rodolfo Ares, entonces diputado socialista en la Cámara vasca. Los contactos entre ambos números se habían producido sólo en dos o tres ocasiones, según las mismas fuentes. Otro número que había contactado con la tarjeta 190 era el de un ex alto mando de Información de la Policía.

Del Olmo resolvió dar otro paso en la investigación y ordenó a la Guardia Civil que le proporcionara todo el tráfico de llamadas mantenido por Ares, que fue así incorporado a la causa secreta. El listado presentado en la Audiencia Nacional con las llamadas del hoy consejero era, obviamente, muy extenso e incluía a la cúpula del Ministerio del Interior. Las pesquisas de la Audiencia no fueron más allá.

La investigación pasó posteriormente a manos del juez Baltasar Garzón, que desde el principio quiso hacerse con una investigación que podía poner al descubierto parte de la negociación con ETA. Del Olmo, hoy fuera de la Audiencia Nacional, llegó a rechazar en dos ocasiones la petición de inhibición de Garzón, que alegaba que él ya estaba investigando a la detenida junto a Iurrebaso, por lo que era el juez competente. Finalmente, tras recibir los datos y remitirlos a Le Vert, Del Olmo cedió la causa.

Dentro de esa investigación, la Fiscalía de la Audiencia presentó un escrito en el que reclamaba a Garzón que decretase la nulidad de la diligencia de investigación sobre el teléfono de Ares, al considerar que la Audiencia Nacional no tenía competencia para practicarla. El Ministerio Público explicaba que Ares era parlamentario vasco y, por tanto, gozaba de aforamiento, por lo que únicamente podía ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Al mismo tiempo, estimaba que no existía indicio alguno que justificara las pesquisas sobre el dirigente del PSE.

La respuesta de Garzón no fue avalar la investigación de Del Olmo. Tampoco anularla. Lo que resolvió fue que no era el momento de resolver y que ya se vería más adelante. Es decir, siguió con las conversaciones del aforado incluidas en las diligencias. Garzón fue suspendido y ahora el asunto está en manos de Pablo Ruz, al que le va a tocar solventar, por fin, sobre la petición fiscal de nulidad.

En cuanto al futuro procesal de las diligencias 306/2009 -ya expulsada, previsiblemente, la investigación sobre el aforado-, lo más probable es que acaben enviándose al sumario principal del chivatazo, ya que están vinculadas directamente con Hidalgo, el más destacado de los tres imputados por la delación. De momento, Ruz ha levantado el secreto y ha dado acceso a las partes, en este caso Dignidad y Justicia.

Iurrebaso, actualmente en libertad provisional en Francia, fue arrestado el 29 de marzo de 2007 junto a Kepa Mirena Suárez. En dependencias policiales, además del teléfono de Hidalgo, ambos mostraron otros tres números de móvil, uno español y dos franceses. El español que acompañaba al de Hidalgo no pudo ser identificado. De los franceses se sabe que uno correspondía a un alto funcionario muy próximo al presidente francés, Nicolas Sarkozy. Según fuentes jurídicas, los investigadores también comprobaron que Iurrebaso tenía los contactos de varios negociadores extranjeros que habían participado en las negociaciones entre ETA y el Gobierno.

Un negociador en la 'cúpula militar'

Los etarras Pedro Esquisábel, 'Xerpa', y José Manuel Ugartemendia se defendieron ayer ante el Tribunal de lo Criminal que los juzga en París con el argumento de que, cuando fueron detenidos en 2005 por la Gendarmería, participaban en el 'proceso de paz' con el Gobierno español.

La abogada de 'Xerpa', Amaia Recarte, puso especial interés en que la policía confirmara que cuando fueron arrestados ya se sabía que se preparaba una negociación con el Ejecutivo español en la que estaban implicados.

Un agente francés declaró, además, que 'Xerpa' formaba, junto a 'Txeroki', la «cumbre» del 'aparato militar' de ETA.

SANTIAGO GONZÁLEZ

Cruce de llamadas

La vida nos lleva a veces a extrañas relaciones simbióticas. En El bueno, el feo y el malo, Eli Wallach se ve obligado a cuidar de la salud de su enemigo, Clint Eastwood, a quien ha mantenido al sol del desierto hasta la deshidratación, cuando se da cuenta de que él conoce el nombre de la tumba en la que están enterrados 200.000 dólares en oro. «Dormiré tranquilo», dice Eastwood, «porque sé que mi peor enemigo vela por mí».

Algo de esto tenía que sentir el etarra Juan Carlos Iurrebaso cuando fue detenido en Francia el 29 de marzo de 2007, día en el que se cumplía el decimoquinto aniversario de la caída de la cúpula de ETA en Bidart. Iurrebaso llevaba consigo varios números de teléfono, uno de los cuales pertenecía al ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo. El detenido mostró la ficha a la Policía francesa, les dijo que él pertenecía al grupo de ETA que negociaba con el Gobierno español y que bastaba con llamar para que le dejaran en libertad. «No saben ustedes con quién están hablando», podría haberles dicho, para aclararles a continuación que él era el que se sentaba frente a Eguiguren en las reuniones negociadoras de 2006 y 2007.

Mes y medio después, la juez Laurence Le Vert dirigió una comisión rogatoria a España para que se investigara lo relacionado con los números de teléfono que Iurrebaso llevaba encima. Dijo que las negociaciones habían continuado después de la explosión de la T-4 y del rotundo nunca máis del ministro Rubalcaba, tres días después del atentado: «El proceso está roto, está liquidado, está acabado porque ETA lo ha roto con una bomba en Madrid». Los policías franceses, que al parecer propenden más al clasicismo, le preguntaron si la inmunidad cubría las circunstancias de su detención, a lo que respondió que el Gobierno español «sabe que vamos armados y en coches robados». O sea, Eastwood: nuestros peores enemigos velan por nosotros.

Una vez el asunto en la Audiencia Nacional, el juez Del Olmo investigó el tráfico del número de teléfono que había pertenecido a García Hidalgo, que, como es lógico, tenía pocas llamadas, algunas de las cuales eran con el móvil de uso corriente del entonces parlamentario vasco y secretario de Organización del PSE, Rodolfo Ares; y resulta que, ¡oh, sorpresa!, tenía muchas llamadas. Aquello no llevaba a ninguna parte, pero Del Olmo, en cualquier caso, debió remitir las actuaciones al TSJPV, dada la condición de aforado de Ares. El fiscal pidió la nulidad cuando Garzón se había hecho cargo del sumario, pero el juez superstar no acostumbraba a soltar un sumario que tuviera entre las manos o en el fondo de un cajón y respondió que no había lugar.

Dirán que cosas como éstas explican que las cosas vayan como van, pero el talento está muy repartido. En justa compensación, cuando la organización de ETA en Francia empezó a sentirse acosada, puso a sus militantes a apatrullar las calles cercanas a sus puntos de interés y tomar nota de todas las matrículas, para cruzar las distintas observaciones. El resultado era, naturalmente, que muchos vehículos se repetían y otros no. No había conclusiones que sacar. Los primeros eran residentes; los otros, no.