lunes, 28 de marzo de 2011

La asociación de Oficiales de la Guardia Civil se persona como acusación contra Manzano


JOAQUÍN MANSO / Madrid / El Mundo

Zapatero embustero

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UOGC) será la cuarta acusación en el procedimiento que se sigue en los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid contra el ex comisario jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano por su actuación en el 11-M.

La juez Coro Cillán admitió el jueves su personación en la causa, que se hará efectiva en cuanto aporte una fianza de 300 euros, y se sumará así a las acusaciones particulares de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que presentó la querella en 2009 y lleva el peso de las pesquisas, y al Sindicato Unificado de Policía (SUP), que se incorporó en febrero de este año.

A esas tres hay que añadir, de momento, a la acusación pública, que en diciembre presentó un informe contrario al archivo del procedimiento que pedía la defensa de Sánchez Manzano. Por primera vez, la Fiscalía de Madrid reclamaba que se agotase hasta el final la investigación contra Sánchez Manzano, imputado por los presuntos delitos de encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos y falso testimonio en el juicio de los atentados de Madrid.

La Unión de Oficiales es, de largo, la principal asociación de miembros de la escala ejecutiva del Instituto Armado: más del 40% está asociado a la UOGC. Su portavoz, Jesús Martín, explicó ayer a este diario que la decisión de personarse se tomó por decisión unánime de su Junta Directiva «para dirimir responsabilidades, apartar a las manzanas podridas y ejercer como garantes del esclarecimiento de la verdad, como siempre ha hecho la Guardia Civil».

«No vamos a consentir que se mancille el buen nombre de cualquier cuerpo policial, porque esa actuación afecta a la credibilidad de la Policía Nacional y también a la de todos los servidores públicos», señaló.

El portavoz de la UOGC hizo hincapié en que su posición manifiesta un compromiso con los afectados: «Mientras otros sectores mantienen una posición tibia y no se significan, nosotros vamos a estar siempre con las víctimas del terrorismo». Asimismo, denunció que Interior «no está colaborando» en la resolución de esta causa y está contribuyendo a que se produzcan dilaciones.

Zapatero embustero Este mismo viernes, la juez Coro Cillán ha dado un plazo de cinco días al Departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba para que facilite la localización de tres miembros de la Unidad Central de los Tedax -la que dirigía Sánchez Manzano- que, según el letrado de las víctimas, José María de Pablo, pudieron participar en el traslado de los restos de explosivo que se recogieron en el lugar del atentado.

Los artificieros de la Brigada de Madrid han declarado a la juez que recogieron «cientos» o «toneladas» de muestras, que fueron trasladadas por el equipo de Manzano a la Unidad Central sin etiquetar y sin respetar el protocolo, pese a que ellos advirtieron expresamente al ex comisario jefe de que su actuación estaba siendo irregular. De todo ese material, Manzano destruyó la mayoría, según su propia confesión, y conservó para el tribunal del 11-M solamente 23 piezas minúsculas que, además, nunca remitió para su análisis a la Policía Científica, en contra de lo que imponen las normas policiales y de lo que se hace habitualmente en caso de atentado.

Según testificaron bajo juramento los tedax de Madrid, ellos avisaron a Manzano, que se desplazó en persona a Atocha, de que la recogida de pruebas no podía hacerse de esa manera, de que había que etiquetar las muestras para determinar quién, cuándo y dónde se habían recogido y de que no hacerlo así rompía la cadena de custodia. La respuesta del ex comisario habría sido un «aquí mando yo». Así, las muestras de los cuatro focos de Atocha se mezclaron y se enviaron a la Unidad Central. La consecuencia fue que resultaba imposible determinar en qué foco concreto se había recogido cada resto.

La juez pide ahora a Interior que aporte el domicilio de Rogelio Campos, identificado por los tedax de Madrid como el inspector jefe de la Unidad Central que dirigió el traslado de restos en Atocha y que ahora tendría un puesto en Repsol, y que facilite los números de carné profesional de los inspectores Larios del Toro y Ríos Calvo, que pudieron participar en esas tareas a las órdenes de Manzano en Téllez y El Pozo, respectivamente.

La intención del abogado de las víctimas es seguir la pista de las muestras de explosivo para acreditar toda la cadena de custodia y determinar cómo, cuándo y por qué se destruyeron.

1 comentario:

  1. Ánimo, que va bien la cosa, haber si damos en el clavo y lo retorcemos.
    Ka verdad os hará libres.

    ResponderEliminar