ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid / El Mundo
También le reveló que «sabiendo que se pide dinero, decimos que no consta que se pide»
«Es un accidente grave (las 13 detenciones). No sé qué deciros. Es algo que viene de hace dos años y es un asunto que viene del juez. Es un accidente importante, y cuando lo escuché, me irrité y entiendo que vosotros también lo estéis», dijo uno de los negociadores del Gobierno con ETA. Otro de los negociadores, «haciendo alusión a las 13 detenciones, dice que lo han intentado, pero que no han podido pararlo».
Los enviados por la banda terrorista a negociar con los representantes del Ejecutivo transcriben de este modo su versión de una de las conversaciones
mantenidas durante aquellos encuentros. La reunión está fechada por los propios etarras el 22 de junio de 2006, dos días después de que la Policía llevara a cabo las detenciones contra el entramado de extorsión de ETA. Mes y medio antes, el 4 de mayo, un policía había entrado en el bar Faisán de Irún, cuyo propietario es Joseba Elosua, para, según declaración del propio hostelero, advertirle de que estaba siendo vigilado y debía interrumpir la entrega prevista de dinero a ETA procedente de la extorsión empresarial.
Las conversaciones vienen recogidas en un acta incautada el 20 de mayo de 2008 en Francia a Francisco Javier López Peña, Thierry. Las actas que pudieran tener alguna relación con el caso fueron remitidas recientemente por la juez antiterrorista francesa Laurence le Vert al juez Pablo Ruz, titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional.
LA CARTA A ZAPATERO
A esta reunión, convocada dos días después de los arrestos del Faisán, acudieron un representante de ETA, dos enviados del Gobierno y tres intermediarios. Fue solicitada por la organización terrorista «ante la gravedad de la situación» y se inicia con la entrega a los interlocutores de una carta de ETA al presidente José Luis Rodríguez Zapatero con la solicitud de que le llegara directamente a él, sin intermediarios.
Al principio del encuentro, el representante etarra se queja de que el Gobierno esté vulnerando los acuerdos entre ambas partes con sus declaraciones. Se lamenta de que el presidente haya declarado a Catalunya Ràdio: «Hablaré con ETA de su disolución y del futuro de sus integrantes» porque, según recuerda, todos los intervinientes habían consensuado que «lo que pudiera hablarse sobre el proceso sería lo acordado entre ambas partes».
«Pocos aspectos positivos se pueden sacar sobre vuestra actitud, si no son los de haber hecho pública vuestra intención de reuniros con Batasuna [la reunión del PSE con la formación ilegalizada en un hotel de San Sebastián se había anunciado entonces y se produjo semanas después] y lo declarado en Baracaldo», dice el etarra, que insiste en protestar porque «mantenéis un tipo de discurso durante decenas de reuniones con Batasuna y otro distinto en las declaraciones públicas que hacéis». «Suponemos que es a esto a lo que llamáis un proceso duro, largo y difícil», añade, en alusión a la frase repetida por el presidente Zapatero durante aquellos meses.
«La guinda han sido las últimas detenciones, parte del plan diseñado por el Gobierno con provocaciones como las declaraciones de los ministro de Interior, Justicia y portavoz de La Moncloa». ETA especifica que se refiere a declaraciones como «Ni jueces ni policías están con los brazos cruzados» o «El Gobierno conocía la fecha en la que se iban a realizar las detenciones, fecha que fijaron los jueces hace una semana».
La banda asegura que su esperanza de que el Gobierno cumpliese «no ha tardado en desaparecer» y atribuye al Ejecutivo una actitud «saboteadora del incipiente proceso».
El acta recoge, a continuación, la respuesta de uno de los representantes del Gobierno. El etarra escribe: «Sobre las declaraciones concernientes al proceso, subraya que todo el mundo opina. Que hay declaraciones que, dependiendo de quién las haga, la opinión pública lo entiende de una u otra manera. Que hay que entender el ropaje con el que se visten algunas declaraciones. Que no se puede salir de la mañana a la noche con el discurso real de lo que va a ser el final del proceso. Que el discurso hay que ir modelándolo según avancen las cosas, que hay que entender el discurso formal como dirigido a la clase política, a los que aúllan contra el proceso y que, en todo caso, esto no supone que vaya a ser alterada la hoja de ruta».
LEGALIZAR BATASUNA
Como demostración, el mismo interlocutor asegura que «estamos trabajando y seguiremos haciéndolo para que en septiembre o en octubre Batasuna sea legal».
Según recoge el etarra en el texto, el enviado del Gobierno explicó el retraso en los avances asegurando: «No contábamos con el nivel de ataque del PP, de la mayoría de la prensa y de la AVT» y añadió que «los jueces se han convertido en un instrumento del PP y hacen cosas que en otra situación no harían».
«La Fiscalía ha tenido una actuación positiva salvo en una ocasión» admitió, según ETA, uno de los enviados segundos antes de que otro asegurara que las últimas detenciones habían intentado pararlas y que «fue una carta que alguien hace llegar al juez» la que desencadena la operación de los detenidos.
Este segundo interlocutor del Gobierno admite que «desde el alto el fuego de marzo las cosas no han ido como cada uno había previsto». Le reprocha a la organización que haya incumplido el pacto, con agresiones como los actos de terrorismo callejero, y resalta lo «mucho» que el Ejecutivo ha hecho por la negociación.
«El Gobierno ha hecho modificaciones con la intención de blindar el proceso: cambios en el Gobierno [Alfredo Pérez Rubalcaba se incorporó a Interior para continuar con una vía que conocía desde su cargo en el Congreso], cambio del fiscal jefe de la Audiencia Nacional [el anterior fiscal jefe era Eduardo Fungairiño]».
«Os quedará la duda, pero el Gobierno ha hecho lo imposible en el campo de la judicatura, como ejemplo, el caso de Batasuna, pero el PP ha encontrado su agarradero entre los jueces y las víctimas».
FALLO DE CÁLCULO
Según ETA, el Gobierno respondió a las acusaciones de estar incumpliendo lo que prometió en las negociaciones anteriores a la declaración del alto el fuego, que le habían «fallado los cálculos»: «Hace dos años se pudo realizar el acto de Anoeta y hoy se prohíbe una rueda de prensa que nunca antes se había prohibido. La situación ha ido torciéndose».
El representante del Ejecutivo se quejó de que el Gobierno mantenía «el discurso sobre la hoja de ruta», mientras ETA no salía de la exigencia de autodeterminación y territorialidad. Dice que pueden ponerse en marcha las dos mesas [una política y otra técnica], pero aclara a la banda que nunca se habló de los plazos de su puesta en funcionamiento y rechaza rotundamente la intención de ETA de controlarlo todo. «Los dos carriles pueden coincidir en el tiempo pero no puede haber tutelaje y, si coinciden, que pueden coincidir, habrá que hacerlo de manera que no lo parezca», señaló el interlocutor, quien añadió: «Lo que tenéis que tener claro es que el Gobierno tiene intención de cumplir».
El siguiente punto del día fue dedicado a la ruptura de las «garantías» que la dirección de ETA había enumerado y remitido con su enviado. Y el Gobierno responde.
«En el apartado de las detenciones [relata el etarra que manda el informe a sus jefes] dicen [los del Gobierno] que, salvo dos o tres, el resto devienen de procedimientos judiciales o de la situación de ilegalización de la izquierda aberztale; que tenemos una percepción irreal de lo que ocurre, porque decimos que la represión se ha intensificado, cuando de ninguna manera obedece a un plan diseñado por el Gobierno».
GRANDE-MARLASKA
El Ejecutivo añade que «se les ha comunicado a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Ertzaintza y a la Policía francesa que no hagan detenciones y ha sido muy difícil hacerlo (sabiendo que la Guardia Civil sólo obedece al Duque de Ahumada), pues esas órdenes no se pueden dar por escrito», y subraya que «Grande-Marlaska investiga si el Gobierno ha instigado a unos policías a no realizar detenciones». Insiste en que es muy difícil trabajar en Francia por la buena relación de Sarkozy con el PP y recuerda que «incluso hubo un parón en las detenciones antes de la tregua». En definitiva, «no es voluntad del Gobierno realizar arrestos, es decir, tirar piedras sobre su tejado».
Según se sostiene en el archivo de la organización, el Gobierno puso empeño en demostrar a la banda que su apuesta por el proceso era sincera y puso como ejemplo las cartas de extorsión a los empresarios que ETA no dejó de enviar durante la pasada tregua. «El ministro tiene un montón de cartas que no ha hecho públicas. Sabiendo que se pide dinero, decimos que no consta que se pide», reveló el enviado, quien justificó esta actitud asegurando que «hemos intentado minimizar ciertos hechos por y para el proceso: lo que perjudica al Gobierno os perjudica también a vosotros y al contrario».
EXTORSIÓN Y ATAQUES
ETA sostiene que el Gobierno le dejó bien claro que «el envío de cartas es un incumplimiento de lo acordado, porque aunque la amenaza no sea explícita [las remesas remitidas por la organización durante la tregua solicitaban, más que exigían, un pago], el solo hecho del sello de la organización es suficiente para que la familia se asuste». Según la banda, el interlocutor del Ejecutivo añadió que, «si el problema es el dinero, siempre se podrá arreglar por medio de una organización internacional». [Así ocurrió en Irlanda, donde la Comunidad Europea habilitó un sistema de ayuda a los terroristas que se acogieron al plan de paz].
A los reproches del Gobierno sobre los incumplimientos de ETA, la banda respondió que es «grave» decir que hay cuestiones imparables como las decisiones de los jueces, porque esto vulnera los acuerdos iniciales. El terrorista de la banda se entretuvo en leer un texto que respaldaba este punto.
SENTIDO POSITIVO La organización aseguró que las cartas no eran «una contravención de lo acordado» y que la «kale borroka» ni era «incumbencia de la organización» ni «está en los acuerdos».
El interlocutor del Gobierno, que insistió en aportar «algo en el sentido positivo», argumentó que, «durante el comienzo del proceso es lógico que se den accidentes», «que hay que ser conscientes y cautos» y «que hemos sido un poco ingenuos al pensar que tras el 22 de marzo [día del comunicado] las cosas iban a pasar del blanco al negro». «El Gobierno, por medio del fiscal, ha actuado convenientemente, pero ante los jueces tiene un tope. Con la policía, antes del juez, el Gobierno puede actuar, pero al revés no, y eso es así en cualquier estado moderno», concluyó.
El etarra, según las actas de ETA respondió: «Si las detenciones no son ámbito del Gobierno y sí de los jueces, entonces ¿por qué firmasteis los acuerdos?».
La reunión duró «cuatro horas y pico».
El etarra advirtió que «si se incumplen las garantías el proceso, se para; porque no se puede hablar de otros temas» y solicitó a sus interlocutores que le hicieran llegar la situación al Ejecutivo. La banda, a su vez, lo hizo mediante una carta. Quedaron para el día siguiente.
OORBYT.es
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Ángeles Escrivá sobre las actas de ETA.
Madrid
El pájaro de la discordia
Entre los documentos encontrados en los registros, fue hallado un recibo fechado en junio de 2006 que correspondía a una extorsión efectuada por primera vez en 2001. El Ejecutivo, que se había esforzado por no confirmar la existencia de cartas de extorsión remitidas en fechas posteriores a la tregua, destacó en este caso que los cobros correspondían a una exigencia de dinero realizada antes del anuncio del alto el fuego. «No hay ningún dato significativo que impida continuar con el proceso de paz que el Gobierno pretende seguir desarrollando», manifestó el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en aquellos momentos.
Uno de los detenidos fue Joseba Elosua, el propietario del bar Faisán de Irún, a quien se le encontraron dos tandas de dinero de 40.000 euros en billetes pequeños que es como ETA los prefiere. El hecho es que este establecimiento llevaba lustros siendo uno de los centros donde recoger información y donde resolver el asunto de la extorsión etarra, y las Fuerzas de Seguridad lo sabían.
Pero ese día a Elosua se le acabó un modo de subsistencia que podía haberse visto frenado mes y medio antes cuando, según los jueces, un policía le alertó por el teléfono facilitado por otro policía para que no realizase a ETA un pago previsto.
También fueron arrestados Julen Madariaga, fundador de ETA, Eloy Uriarte -como presuntos enlaces-, Ángel Iturbe, José Luis Cau, Cristina Larrañaga, Izaskun Gantxegi, José Ramón Badiola, Karmelo Luquín, Ramón Sagarzazu, Jean Pierre Harocarene e Ignacio Aristizabal. Días después, pasarían a disposición judicial Emilio Castillo González de Mendivil y José Ignacio Elosua.
El 21 de junio, el juez Fernando Grande-Marlaska abrió una pieza separada para tratar de esclarecer quién filtró a los investigados de la trama de extorsión que había un dispositivo policial contra ellos y que iba a desplegarse el 4 de mayo, cuando se sospechaba que se iba a realizar una entrega de dinero a la banda. Como consecuencia, el ex director general de la Policía, Victor García Hidalgo, el jefe superior del País Vasco, Enrique Pamiés y el inspector de Vitoria José María Ballesteros resultaron imputados.
Tras las dilaciones del juez Garzón, que consideró que no había caso, el juez Ruz sigue instruyendo la causa, una parte de la cual permanece bajo secreto de sumario.
SANTIAGO GONZÁLEZ
Código del hampa
Supimos después que el juez Gómez Benítez, integrante del equipo de Eguiguren en el proceso de paz de Zapatero, había exhibido el chivatazo del bar Faisán como prueba de la buena voluntad del Gobierno frente a los terroristas. Ahora tenemos noticia de más conversaciones y de lo inadecuadas que son las conversaciones cuando tratas con según qué gente.
Cuentan los terroristas que se reunieron con el Gobierno el 22 de junio de 2006 para pedirle explicaciones por las detenciones de 13 implicados (en la financiación, no en el chivatazo, ojo) mes y medio después del cante. «Es un accidente grave… lo han intentado, pero no han podido pararlo».
Las actas de los terroristas recogen afirmaciones pintorescas, como explicar a sus interlocutores que el Gobierno ha hecho esfuerzos para «blindar el proceso»: cambios en el Gobierno (Rubalcaba es nombrado ministro del Interior el 11 de abril) y en la Fiscalía de la Audiencia Nacional (Zaragoza es nombrado fiscal-jefe al día siguiente del chivatazo).
El problema de este asunto no radica en que los enviados gubernamentales digan la verdad o no. Si ya se han perdido las inhibiciones con los ciudadanos, ¿por qué habrían de ser veraces con los terroristas? El asunto es la obscenidad del lenguaje que deben emplear en esas conversaciones. Un ejemplo relevante: para acreditar la buena intención del Gobierno, no tienen empacho en señalar a quienes ponen los palos en las ruedas: el PP, la mayoría de la prensa y la AVT, y los jueces que «se han convertido en un instrumento del PP y hacen cosas que en otra situación no harían». Un enviado del Gobierno señalando a unos terroristas quiénes son los enemigos. Lo que interesa a los efectos no es conocer las palabras exactas, sino que los etarras entendieron y apuntaron en el acta exactamente lo que acaba de decirse.
¿Recuerdan las cartas de extorsión que el presidente de los empresarios navarros, José Manuel Ayesa, denunció en abril? Hubo explicaciones vergonzosas, que eran cartas puestas en el correo antes del 22 de marzo, y ya saben ustedes cómo funciona Correos. El tenaz Ayesa mostró una con matasellos del 7 de abril y el secretario de los socialistas vizcaínos le dedicó un ataque miserable, calificando de «sospechosa» su actitud, abriéndole un juicio de intenciones y poniendo en duda su palabra sobre la existencia de las cartas. Mientras, un compañero de Pastor se exculpaba ante los terroristas: «El ministro [del Interior] tiene un montón de cartas que no ha hecho públicas. Sabiendo que se pide dinero decimos que no consta que se pide».
Confieso que estas intimidades resultan algo más obscenas, incluso, de lo que uno podía imaginar. Este lenguaje de germanías compartido, el código del hampa. Joder, qué tropa.
LEYRE HUALDE / Bilbao
Sólo EA y la izquierda 'abertzale' valoran el 'ofrecimiento' de ETA
La organización terrorista manifestó a través del diario abertzale que ve «factible» que se constituya una «comisión internacional» que, pese a no contar con un «reconocimiento oficial», constate de manera «informal» el alto el fuego «permanente y de carácter general» que anunció el pasado 10 de enero. Algo que, como recordó el presidente de EA, Pello Urizar, está en sintonía con las propuestas del Grupo Internacional de Contacto, liderado por el abogado sudafricano Brian Currin. Este mediador defiende que una constatación del alto el fuego «resulta imprescindible y fundamental, como se ha visto en otros conflictos a lo largo de la historia», informa Efe.
Urizar, además, pidió a los gobiernos español y francés que «se sumen y ayuden a la creación» de esta comisión de constatación del alto el fuego. El presidente de Eusko Alkartasuna interpretó que la banda, al hablar de «verificación informal», hace referencia a una «verificación extraoficial», puesto que, «oficialmente, el Gobierno español no quiere ayudar a este proceso». En una rueda de prensa en San Sebastián, Urizar apeló a la «responsabilidad» de ambos ejecutivos para «verificar el desarme». «Sin embargo, lo que estamos viendo es lo contrario; lo que se está haciendo es bloquear», criticó.
ETA, en su escrito, afirma que el rechazo de los gobiernos español y francés a la verificación del desarme se debe a que, «pese a la hipocresía y a la intoxicación, quedaría acreditado, también en el plano internacional, que la única violencia existente en Euskal Herria es la que generan los propios estados». Para la banda, la actitud de ambos países busca «violar la voluntad de los vascos sin que medien testigos».
Un pueblo, el vasco, en el que ETA, en opinión de Tasio Erkizia, «ha dejado el testigo del futuro de Euskal Herria». El dirigente de la izquierda abertzale aseguró que el comunicado de la banda constituye un signo de «madurez política» y «una respuesta a la llamada del pueblo». «ETA demuestra que tiene confianza en el pueblo vasco porque conoce la determinación que posee y porque un pueblo que apuesta claramente por llegar a la independencia es invencible», dijo.
En su comunicado, ETA indica que existen dos bloques diferenciados en el escenario político vasco. Por un lado, el de los que desean «abrir un escenario de libertad», en el que se incluyen a ellos mismos; y, por otro, el constituido por «los que pretenden mantener la imposición y el bloqueo». «Una de las características principales del momento es la confrontación entre quienes queremos desarrollar el proceso democrático de cara a una solución definitiva del conflicto y aquellos que pretenden cerrar la oportunidad abierta», dice el texto.
El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, describió las intenciones que persigue la banda terrorista con este comunicado con una palabra: «enredo». «ETA pretende una vez más el enredo para que se hable de ellos una y otra vez», afirmó en su intervención en un acto político.
El Gobierno central y la oposición coincidieron en señalar que el «único» comunicado que esperan por parte de la banda terrorista es el que hable de un abandono definitivo de las armas». El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, recordó que, «si quieren participar en la vida política y estar con el resto de españoles», deben entregar las armas. «Mientras tanto, mientras cometan delitos, detrás de ellos estarán los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para colocarlos en el lugar que se merecen: la cárcel», subrayó. Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró que «no hacen falta verificaciones de la tregua por parte de organismos internacionales» porque «estamos en un país democrático y solvente, en el que la única verificación que vale es que ETA se disuelva».
El diputado de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en el País Vasco, Gorka Maneiro, instó a los terroristas a que se alejen «de la palabrería barata y absurda», mientras que el portavoz de Ezker Batua (EB), Serafín Llamas, pidió a ETA que «deje de lado comunicados ambiguos y apueste por el abandono definitivo de las armas».
ANÁLISIS
ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid
'Simple' presencia intimidatoria
Con este comunicado, ETA reivindica también su poder dentro de la izquierda abertzale y de todos sus socios y coaligados. Lejos de revolverse porque Batasuna, con los estatutos de Sortu, haya insistido en su «ruptura» con ETA -el abogado Iñigo Iruin insistió en ello con sus argumentos ante el Supremo- opta por incluirse en el bloque de los que «deseamos abrir un escenario de libertad» y «queremos desarrollar un proceso democrático» aunque, según el comunicado, siempre que se cumplan sus condiciones (en las que incluye sus aspiraciones de siempre: una vía para la autodeterminación y la territorialidad).
Sigue presente ahí, como instrumento disuasorio sin que la izquierda abertzale se moleste. Al contrario. Y es difícil ante esta actitud no inferir que lo que se ha estado presentando como una evolución hacia las vías «exclusivamente» políticas es simplemente un reparto de papeles para no salir derrotados e incluso para obtener réditos a cambio de dejar el terrorismo.
Los últimos comunicados de la banda y los pronunciamientos escasos y ambivalentes de la izquierda abertzale han hecho que el Gobierno dejara que Batasuna saliese del aislamiento en el que estaba y pasase de la prisión a dominar la escena política vasca, hasta el punto de que ha puesto en marcha su foro soberanista exhibiendo sus pactos con EA, creando una coalición con este y otros dos partidos y provocando la división en Aralar y en el bloque de Nafarroa Bai -ETA incluso lanza un guiño al PNV para que se una-.
Y la banda, en este texto, se jacta de ello, consciente de que, haga lo que haga el Constitucional, la izquierda abertzale va a estar en los ayuntamientos. Además, pide explicaciones en una frase algo enigmática cuando asegura que «no es compatible que en ciertos ámbitos se exprese una supuesta voluntad para la solución y por otro se mantenga la estrategia represiva». ¿Se refiere simplemente a las contradictorias declaraciones públicas de los ministros del Gobierno sobre Sortu y a las del lehendakari mostrándose esperanzado en general? ¿Se refiere a otro tipo de «ámbitos»?
Sea cual sea la verdadera intención de ETA, lo que queda claro es que, por el momento, no renuncia a su papel intimidatorio aunque calcule, por el momento, que le quedan por conseguir algunas cosas que atentando no podría lograr y que hasta sus propias bases le reprocharían que reventase la situación de la izquierda abertzale.
Pues nada, podemos dar saltos de alegría, por tener este gobierno, para cuando una acción popular????
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