Iruin defiende en el Supremo que «ETA apuesta por la vía política»

MARÍA PERAL / Madrid / El Mundo

Policías y guardias declaran que «hay signos de que la banda no se va a disolver»

Los abogados Íñigo Iruin y Adolfo Araiz defendieron ayer ante la Sala del 61 del Supremo que Sortu representa la «ruptura con la estrategia político-militar» para actuar «exclusivamente por vías políticas». Y no sólo no nace de ETA, sino que la organización terrorista ha visto rechazada por la izquierda abertzale una ponencia en la que se sostenía «el papel fundamental de la lucha armada». Al final, aunque no asume «palabra por palabra» el contenido del nuevo proyecto, «ETA apuesta por la vía política», dijo Iruin.

Para los agentes de la Comisaría General de Información y de la Guardia Civil cuyos informes han servido de base a las demandas contra Sortu presentadas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía, la nueva formación «surge de una estrategia compartida por ETA y Batasuna» en la que el rechazo a la violencia no responde a un debate de principios sino a una «estrategia utilitarista» para adaptarse «formalmente» al marco legal («no va a pedir su inscripción ciscándose en la Ley de Partidos») y conseguir la «relegalización de Batasuna» y así volver a las instituciones que más les importan: los ayuntamientos y las juntas generales. ETA, acorralada por la acción policial, ha «desactivado temporalmente» la estrategia terrorista, pero «hay signos evidentes de que no se va a disolver».

Entre esos dos polos argumentales giró la vista celebrada ante la Sala del 61, el órgano judicial que debe decidir si permite o no la inscripción de Sortu en el registro de partidos, de lo que depende su concurrencia a las elecciones del 22 de mayo.

Era el primer acto jurisdiccional presidido por Carlos Dívar al frente de una Sala de 15 miembros del Supremo cuya cambiante composición (la ley prescribe que en ella se integren los magistrados que pasen a ser los más antiguos y más modernos del Tribunal) ha hecho que la legalización de Sortu vaya a ser decidida por seis jueces que nunca se han enfrentado a un proceso de este tipo, entre ellos el ponente de la resolución, Carlos Lesmes. Además de él, son nuevos en la Sala del 61 Manuel Alarcón, Jesús Corbal, Rafael Gimeno-Bayón, Francisco Javier Mendoza y José Manuel Sieira.

También se estrenó ayer el representante de la Abogacía del Estado, Manuel Rivero. Entre el público, la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Uría pero, llamativamente, ningún promotor de Sortu, cuyo testimonio no han pedido ni demandantes ni demandados.

Sí comparecieron dos policías y dos guardias civiles expertos en ETA y Batasuna que presentaron una versión unívoca sobre la identificación entre Batasuna y Sortu. Aunque tuvieron que reconocer que es la primera vez que se expresa un rechazo a la «violencia de ETA», los agentes sostuvieron que se trata de un rechazo «utilitarista y modulado» que no se ha convertido en condena de la banda terrorista ni de sus acciones, porque ETA no lo permitiría.

Los abogados de Sortu, sin embargo, destrozaron algunas de las pruebas incluidas en las demandas. Al comienzo de la vista, el fiscal retiró la parte de su escrito referida a la cuenta corriente abierta por un promotor de Sortu, José Javier Artola, que según la demanda tenía como fin «ayudar al colectivo de presos de ETA». En su escrito de contestación a la demanda, los letrados demostraron que fue una iniciativa de trabajadores de la Facultad de Informática de San Sebastián, donde Artola es profesor, para ayudar a unos compañeros tras el encarcelamiento de sus familiares en prisiones lejanas.

Durante la vista, Araiz echó abajo otra supuesta conexión de Sortu con ETA, en este caso relativa a la aparición del nombre de Sonia Respaldiza, impulsora de Sortu, en un manuscrito del dirigente de ETA Súsper, que se referiría a ella como persona válida para dar «leña»; esto es, para integrarse en un comando, según la interpretación policial. El letrado puso de manifiesto que los informes policiales han omitido la traducción de las dos últimas palabras del documento, ikutu gabe, que significa «sin tocar», es decir, que no se habría llegado a contactar con Respaldiza. El guardia civil que testificó quiso hacer una traducción libre, según la cual ikutu gabe significaría «por tocar» o «para tocar». Pero, como admitió a preguntas de Araiz, él no sabe euskara.