Cae una red ilegal de comida para necesitados

DAVID VIGARIO / Mérida / El Mundo

Los alimentos eran derivados por Cruz Roja a dos empresas cercanas al PSOE

Corresponsal

La Guardia Civil se incautó este jueves de un camión de alimentos excedentes de la Unión Europea cuyo destino inicial eran los más necesitados en Extremadura, pero que eran derivados a dos empresas con vinculaciones con cargos socialistas que a su vez los vendían a los ayuntamientos.

La confiscación se produjo en la localidad de Fuenlabrada de los Montes (Badajoz), pero los servicios abarcaban a una veintena de ayuntamientos de toda la región. De hecho, la delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, tras la denuncia del PP sobre los hechos, admitió que la Guardia Civil también había intervenido en un centro de día en la localidad cacereña de Bohonal de Ibor.

En algunos casos, los consistorios llegaban a pagar 4.000 euros por el servicio. La Policía Judicial investiga la trama y no se descartan detenciones en las próximas horas, a pesar de la fuerte presión política que está habiendo sobre el caso, según ha podido saber EL MUNDO.

Los alimentos eran desviados en camiones de Cruz Roja para dar servicio de comidas a centros de mayores, centros de día, guarderías, pisos tutelados y otros locales similares. Las empresas Red de Servicios Sociales y Día recibían, a cambio de los alimentos, una contraprestación económica aún sin determinar, según denunció este viernes el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago.

Ambas compañías están vinculadas al socialista Carlos Macías Martínez, ex coordinador de Cruz Roja de Extremadura, que también pertenece a la asociación Acodam, cuyo presidente es Gabriel Montesinos, ex alcalde de Badajoz, y que tiene como vocal a Julio César Fúster, actual concejal del PSOE de Mérida y ex coordinador de Cruz Roja en la capital extremeña.

Macías también está vinculado a Juan Manuel Rodríguez Tabares, director general de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional. En los últimos tiempos, algunos ayuntamientos habían rescindido su relación con estas empresas porque no pagaban a sus trabajadores.