Uno de los mandos policiales que declararon hoy como testigos ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco reveló que el investigador del chivatazo a ETA y jefe del operativo, el comisario Carlos Germán, intentó borrar una conversación clave para esclarecer los hechos que tuvieron lugar el 4 de mayo de 2006, cuando se comunicó al dueño del bar “Faisán” de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosua, que se iba a llevar a cabo una operación contra el aparato de extorsión de la banda terrorista ETA.
El superior jerárquico de Germán, José C., que en el momento de los hechos era comisario jefe de la Unidad Central de Inteligencia de la Policía Nacional, señaló ante el juez que el investigador intentó borrar la baliza de sonido en la que se recoge una conversación mantenida en el coche de Elosua entre éste y su cuñado, Carmelo Luquín, momentos después del chivatazo, según informaron fuentes jurídicas.
En la conversación, Elosua le comentaba a su cuñado que le seguían y que una persona le había advertido en su bar de la operación que se iba a llevar a cabo contra el aparato de extorsión de ETA.
José C., cuya declaración duró cerca de hora y media, relató además las reticencias de Germán para llevar a cabo la operación contra el aparato de extorsión de ETA. Según el antiguo comisario jefe de Inteligencia, Germán llegó a decir que les iban “a crucificar” si llevaban a cabo la operación.
El testigo ratificó así el informe que ya remitió a la Audiencia Nacional en el que señalaba que durante el 3 de mayo de 2006, un día antes del chivatazo, Germán fue “reticente” a llevar a cabo el operativo contra el aparato de extorsión en torno al bar “Faisán” de Irún “argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos dado el momento de la tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre”.
La declaración de José C. también ha servido para dejar claro, según fuentes de la defensa de uno de los tres imputados, que el control sobre la operación contra el aparato de extorsión se ejercía desde Madrid y no desde el País Vasco, y que, por lo tanto, no tiene sentido pensar que el chivatazo pudo salir de la Comisaría de Información de San Sebastián.
Este testigo ha asegurado ante el magistrado de la Audiencia Nacional que quien dirigía la operación era Germán y ha añadido que el día del chivatazo “tres o cuatro” de sus agentes se encontraban en el bar Faisán. José C. dijo además que los mandos policiales de San Sebastián no tuvieron conocimiento de la operación hasta el día antes.
De los tres imputados -el ex director general de la Policía Nacional Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía en el País Vasco y un inspector-, la declaración de José C. beneficia sobre todo a los dos últimos, destinados en San Sebastián.
José C. también señaló que la cinta de video con la grabación del exterior del bar "Faisán" del día del chivatazo, en la que hay varios cortes, estuvo en todo momento bajo custodia del equipo de Germán.
Durante la mañana declararon también ante el juez Ruz el antiguo comisario provincial de San Sebastián, Fernando Amo García, así como el ex jefe de la Sección Operativa de la Brigada de Información de San Sebastián y la jefa de la Sección de Análisis de este departamento.
El magistrado también tomó declaración en calidad de testigo al subdirector del diario “La Razón” Jesús María Zuloaga, especializado en información de Interior y de la lucha antiterrorista. Ruz decidió llamarle a declarar por una conversación mantenida con el jefe superior de Policía del País Vasco el 19 de agosto de 2006.
Las declaraciones comenzaron sobre las 10.20 horas, no sin que antes los agentes decidiesen echar a todos los periodistas de la planta en la que se encuentra el juzgado de Ruz alegando unos genéricos “motivos de seguridad”.
El magistrado señalaba en un auto que los hechos que se atribuyen a los tres podrían ser constitutivos de delitos de revelación de secretos y colaboración con organización terrorista, una figuras penales que podrían acarrear unas condenas de hasta 13 años de cárcel.
La semana pasada el juez Ruz rechazó citar a declarar al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, por las llamadas que intercambió con los imputados del “caso Faisán” en las horas previas al chivatazo a ETA. El magistrado desestimó así la petición de la asociación Dignidad y Justicia, al entender que la declaración de Camacho y los demás titulares de los teléfonos carece “de relevancia alguna para la presente investigación”.
El magistrado señaló en un auto dictado el pasado viernes que “los contactos telefónicos mantenidos entre el secretario de Estado de Seguridad y Víctor García Hidalgo”, el ex director general de la Policía Nacional imputado en la causa, pueden explicarse “de forma lógica y racional” atendiendo a sus cargos.
Si de verdad son policías, deben de decir la verdad, para que se cumpla la ley, y no tapar a nadie, sea el que sea.
ResponderEliminarLa verdad os hará libres.