«Si se dio desde Interior, inhabilitaría a Rubalcaba»

JOAQUÍN MANSO / Madrid/ El Mundo

El PP cree que cumple con la doble condición de «haber sido el ministro del chivatazo» y «haber mentido al Congreso»

La oposición acecha por el flanco del Faisán. El portavoz del PP, Esteban González-Pons, consideró ayer que, «si se confirma que el chivatazo salió de un teléfono del Ministerio del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba estaría inhabilitado para suceder a Zapatero y para ejercer la política».

Casi todos los primeros espadas del PP, ahora sí, valoraron ayer la resolución del juez Pablo Ruz que ordena identificar quién usaba tres números del Ministerio del Interior que contactaron con los principales imputados por el chivatazo a ETA en horas próximas al soplo y el hecho comprobado de que uno de ellos perteneciese a Antonio Camacho, número dos de Rubalcaba, como publicó EL MUNDO hace más de un año.

El más diáfano fue González Pons que, en declaraciones a este diario, añadió que Rubalcaba cumpliría una doble condición: la de «haber sido el ministro del chivatazo» y la de «haber mentido al Parlamento para ocultar su responsabilidad política», en referencia a las decenas de preguntas sobre el asunto que le han hecho en el Congreso en el último año, sobre todo los diputados populares Ignacio Cosidó e Ignacio Gil Lázaro, en las que el ministro ha rechazado siempre cualquier participación de su equipo. «Y Rubalcaba fue quien dijo aquella frase de que 'España no se merece un Gobierno que le mienta', ¿verdad?», recordó el portavoz del PP.

En la misma línea que ya adelantó Mariano Rajoy durante su entrevista el martes en Veo7 con Pedro J. Ramírez, González Pons prometió que «el PP continuará apretando en el Parlamento para que aflore la verdad» y señaló que, si los representantes del Gobierno no contribuyen a esa investigación, «es porque tienen algo que ocultar». También afirmó que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tiene que dar «explicaciones públicas» de por qué la Fiscalía pidió el archivo de la causa.

Rajoy reiteró sus intenciones en Facebook -«exigiremos al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba una explicación ante las últimas informaciones publicadas en los medios de comunicación, que dan a conocer algunos nombres de las personas que utilizaron móviles del Ministerio del Interior relacionados con el caso Faisán»- y la secretaria general, María Dolores de Cospedal, dijo en Guadalajara que el ministro debe «dejar de contestar con evasivas o esconderse».

En una entrevista en Punto Radio, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, expresó, en cambio, que tiene «confianza plena en que los responsables del Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado se han comportado, en todo momento, con un escrupuloso respeto a la legalidad», y añadió que le parece «absurdo» plantear la posibilidad de que el chivatazo fue una orden política.

UPyD, a través de su directivo Carlos Martínez Gorriarán, dijo a Servimedia que la aparición del número de Camacho era previsible, puesto que se intuía que hay «implicaciones de altas autoridades del Gobierno», y que es «un típico caso político en medio de un proceso de negociación con ETA».

La asociación de víctimas Dignidad y Justicia, que es la acusación más activa en el sumario, insistió en que «lo dejará todo en el camino» para averiguar lo que sucedió. El presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, insistió en que «las víctimas piden saber toda la verdad del caso Faisán». «Queremos que todos los implicados pasen a disposición judicial», agregó.