Camacho se entrevistó con la juez Le Vert poco después del chivatazo

FERNANDO LÁZARO / Madrid/ El Mundo

El 'número dos' del Ministerio acudió a un almuerzo privado

El juez Pablo Ruz le ha puesto en el punto de mira. Ha decidido investigar tres teléfonos, dos móviles y un fijo, que comunicaron el día del chivatazo con los presuntos autores de la delación. Y uno de esos móviles (hasta ayer) era el suyo, el de Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad y número dos del Ministerio del Interior de Alfredo Pérez Rubalcaba. Ruz quiere saber no sólo quiénes dieron el chivatazo policial a ETA, sino, sobre todo, quiénes fueron los que dieron la orden, los «autores intelectuales».

Y es que, como ya adelantó EL MUNDO, el secretario de Estado de Seguridad mantuvo conversaciones justo antes y después del chivatazo con el ex director de la Policía e imputado en la causa Víctor García Hidalgo. Pero, además, este periódico ya desveló que Camacho se desplazó a Francia poco después de la delación y mantuvo un encuentro, que no trascendió a la prensa, con la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert.

Fue un viaje privado, sin eco mediático, y se produjo apenas tres semanas después del chivatazo policial a ETA y antes de que EL MUNDO desvelara su existencia. El secretario de Estado de Seguridad mantuvo un almuerzo con la juez aprovechando otro desplazamiento. Iba a Luxemburgo, pero hizo escala en la capital francesa exclusivamente para celebrar esa reunión.

El chivatazo a Joseba Elosua en el bar Faisán se produjo el 4 de mayo de 2006. El viaje del que el Ministerio del Interior no informó se concretó apenas 20 días después. Los interlocutores, además de hablar de ETA y de su situación en aquellas fechas, también lo hicieron del llamado proceso de paz. Porque el encuentro se produjo cuando el Gobierno negociaba con la cúpula etarra. Pero también tuvo lugar justo después de que la juez Le Vert no hubiera actuado contra la trama de extorsión de ETA liderada, presuntamente, por Joseba Elosua, pese al acuerdo que había alcanzado entonces con el juez Fernando Grande-Marlaska.

El 3 de mayo, la juez francesa y su colega español habían decidido actuar contra la trama del cobro del llamado impuesto revolucionario del bar Faisán. Pero, a última hora, Le Vert dio un paso atrás y no autorizó las detenciones en su territorio, lo que provocó un enfrentamiento tanto a nivel policial como judicial entre España y Francia. Grande-Marlaska y los investigadores, dirigidos por el inspector jefe Carlos G., se mostraron visiblemente molestos. No entendían por qué los franceses habían incumplido el acuerdo de actuar contra esta trama. Aún no sabía el juez español que se había producido la delación. Tampoco la juez gala. Y es que el chivatazo tuvo una doble dirección. La primera se produjo en el mismo bar Faisán, donde Joseba Elosua fue advertido por teléfono de que iba a ser detenido. Pero hubo una segunda gestión, encaminada a torpedear la actuación de Laurence Le Vert en ese mismo momento contra la trama extorsionadora terrorista.

Y, por este motivo, y a petición de las acusaciones, la Audiencia Nacional remitió una comisión rogatoria en la que se le reclamaba a la magistrada francesa los motivos por los que finalmente no actuó como había pactado con Grande-Marlaska contra la trama de extorsión de ETA. Y, tras recibir la comisión rogatoria hace apenas tres semanas, el juez Ruz ha reactivado la causa. Mantiene el secreto para las partes sobre nueve de los folios de esta comisión que entiende que pueden permitir el «total esclarecimiento de los hechos», cuya investigación arrancó el 4 de mayo de 2006. Primero estuvo en manos de Grande-Marlaska, Posteriormente, durante más de tres años, en poder de Baltasar Garzón. Y recientemente instruida por Pablo Ruz.