FERNANDO LÁZARO / Madrid/ El Mundo
Todos ellos tendrán que responder a las preguntas que les planteen exclusivamente el juez y el fiscal, ya que la causa sobre esos nueve folios sigue secreta. Estos documentos son un extracto de las actas que levantó la organización terrorista ETA sobre sus contactos con el Gobierno durante el llamado proceso de paz. Esas actas fueron interceptadas por la policía francesa tras la captura del dirigente de ETA Francisco Javier López Peña, Thierry, en mayo de 2008.
Desde ese momento, su contenido se guardó como uno de los mayores secretos por parte del Ministerio del Interior. EL MUNDO desveló cómo en esas actas Thierry recogió algunas declaraciones del abogado y actual vocal del Consejo General del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez, quien intervino en las negociaciones entre el Gobierno y ETA. Thierry y Gómez Benítez se sentaron en la misma mesa. Y el jurista expuso el caso del chivatazo como gesto de buena voluntad del Gobierno hacia ETA, llegando a afirmar: «En relación a la operación llevada a cabo por Marlaska [las pesquisas sobre el propio chivatazo] os diré que, por dar el aviso, está encausado un alto policía de San Sebastián y casi el jefe de seguridad del PSOE». En aquellas fechas, las pesquisas no se habían centrado aún en los actuales imputados.
Sobre estas conversaciones han sido preguntados varios de los altos cargos de Interior llamados a declarar por el juez Ruz. Las pesquisas del chivatazo se cruzan con los movimientos políticos y policiales del llamado proceso de paz. No sólo por los papeles de Thierry. También aparecen cruces entre la delación y el proceso cuando se analizan los movimientos del teléfono prepago incautado a Jon Yurrebaso, etarra detenido en Francia y que mostró en el momento de ser capturado dos números de teléfono de seguridad: uno de un alto cargo policial francés y el otro, de una tarjeta prepago que utilizaba el que fuera director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, imputado en este procedimiento.
Fue Baltasar Garzón quien reclamó a la juez Le Vert, a petición de las acusaciones, que explicara por qué no actuó contra la trama de extorsión de ETA que giraba alrededor del bar Faisán. La magistrada francesa había acordado con el juez Grande-Marlaska intervenir contra ese entramado el 4 de mayo de 2006. El tono de la comisión rogatoria remitida por Garzón no fue precisamente del agrado de la juez francesa. Entendió que existía cierto reproche por parte de su colega español ante su actuación profesional en este caso. Y así, llegó a España la sensación de que Le Vert no pensaba responder a las peticiones de Garzón hasta que éste abandonara la Audiencia Nacional. Y, además, en los más de 600 folios de la comisión rogatoria deslizó nueve en los que deja claro que su comportamiento en esta operación contra la red de extorsión de ETA estaba fuera de duda, pero no así la del Gobierno.
Porque esos nueve folios recogen parte de las actas de Thierry en las que queda claro cómo interpretaba ETA las conversaciones que mantuvo con el Ejecutivo. En dichos escritos intervenidos al dirigente etarra, la organización terrorista recogía la intención del Ejecutivo de Zapatero de influir sobre las causas judiciales, incluida entonces la de Egunkaria, si el proceso de paz avanzaba.
De esta manera, el Gobierno habría trasladado su intención de presionar para que la actuación judicial se suavizara. Similares mensajes debieron de ser lanzados sobre Jarrai, ya que en las actas incautadas a Thierry quedaron recogidos como ofertas de buena voluntad del Ejecutivo. Todo pasaba por rebajar la presión judicial y policial si la negociación con la banda hubiera avanzado.
La elaboración de actas es una práctica habitual en ETA que, prescindiendo de la propaganda, refleja en ellas una versión muy ajustada de lo ocurrido en las reuniones que relata, según reconocen los propios servicios antiterroristas. Ya elaboró actas de las conversaciones de Argel, de los contactos con emisarios del Gobierno en la República Dominicana durante la deportación a la isla caribeña de su equipo de interlocución, de las reuniones con el PNV que precedieron al Pacto de Lizarra y la tregua de 1998 y de los encuentros con altos cargos del equipo de José María Aznar en Ginebra.
OORBYT.es
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Santiago González sobre el chivatazo.
El juez Ruz sigue pedaleando. Y ahora centra su atención en el llamado proceso de paz entre el Gobierno y ETA y su relación con el chivatazo del casoFaisán.
La llegada de la comisión rogatoria enviada por la juez francesa Laurence Le Vert espoleó sus gestiones, tanto que, por la pieza secreta que abrió con nueve de los folios de esa comisión, ha tenido que acudir a declarar una parte muy significativa de la cúpula policial del Ministerio del Interior en 2006 y el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren. Y es que, como explicaron a este periódico fuentes de las investigaciones, el instructor indaga si el chivatazo del bar Faisán estaba relacionado directamente con la negociación con los terroristas, que se rompió tras el atentado de la T-4.
El magistrado de la Audiencia Nacional realiza gestiones discretas sobre esos polémicos nueve folios de la comisión rogatoria aún declarados secretos.
SANTIAGO GONZÁLEZ
El 'faisandange'
Quienes hayan seguido con atención la trayectoria de Alfredo Pérez Rubalcaba, recordarán una frialdad y una contención admirables. Ni siquiera en los oscuros días del escándalo GAL y la corrupción de los primeros 90 era fácil verle perder la compostura. Nunca se le vio tan desasistido de gesto y de palabra como en la última sesión de control por el caso Faisán, pero, sobre todo, nunca se le habían escuchado argumentos de tan baja calidad intelectual y tan seguidos. Fue la del miércoles la segunda ocasión en que soslayó las preguntas con un proceso de intenciones a la oposición, en plan: «Usted hace esto para lucirse en las cadenas de la extrema derecha» o «a usted no le gusta lo que está pasando: estamos ante el principio del fin de ETA, esta semana mejor que la anterior y la semana que viene mejor que ésta», razonamientos sólo capaces de satisfacer a los desechos de tienta de su grupo.
Otra prueba de los nervios fue la de usar la misma construcción lógica de la medalla del amor, más que ayer, menos que mañana, que Zapatero empleó el 29 de diciembre de 2006, 20 horas antes de la T-4.
Los éxitos que hoy celebramos en la política antiterrorista se han producido cuando el Gobierno aplicó la que nunca habría debido abandonar. La falacia causal de que los éxitos de ahora vienen de aquello no se sostiene. Si fuera cierto, abordarían gallardamente otro proceso de paz, a negociar, a negociar, hasta enterrarlos en el mar.
No parece que la llamada al bar supusiera para ETA una ventaja inapreciable. Es el hecho en sí, es que la Policía entre al garito del crimen gritando: «¡Agua, agua, que viene la madera!». Es la imagen de una corrupción policial, no por dinero, sino por los intereses políticos del mando. Aquel día visitaba el bar Faisán el fallecido dirigente del PNV Gorka Agirre, imputado por Marlaska en la trama del cobro de la protección. Aquel día iba a recibir Zapatero en La Moncloa al presidente del PNV, Josu Jon Imaz, y lo que menos convenía era la detención de un miembro de su Ejecutiva.
Está la comisión rogatoria de la juez Le Vert y esos famosos nueve folios secretos. Se dice que vienen los teléfonos de seguridad para etarras en apuros, tal vez las actas de las conversaciones a las que Eguiguren acudía con los pantalones arrugados. Todo hace pensar que en estas charlas habrá mucho más picante que en la de Suiza.
Gorka Agirre, muñidor junto a Egibar del pacto PNV-EA-ETA previo a la tregua de Lizarra, en el verano de 1998, tuvo un disgusto con la Justicia seis años después. No fue por aquel miserable acuerdo en el que dos partidos considerados democráticos pactaron con una banda terrorista la exclusión política de sus adversarios (PP y PSE), sino porque Marlaska lo imputó en la trama que recaudaba el impuesto revolucionario. Los nervios de Rubalcaba también llegan años después de aquello. A veces, la Justicia recorre caminos insospechados y se presenta de improviso, con una tregua de retraso.
FERNANDO LÁZARO / Madrid
Grande-Marlaska pidió explicaciones a Cabanillas
El informe presentado por el comisario Cabanillas al juez Grande- Marlaska el 16 de mayo de 2006, en el que trataba de desacreditar a los investigadores de la delación a ETA, tuvo respuesta por parte del juez instructor, quien, en un tono claramente molesto, le pidió aclaraciones sobre las órdenes que dio cuando descubrió que se había producido un chivatazo policial.
Grande-Marlaska le requirió con urgencia que le diera toda una serie de explicaciones sobre las decisiones que adoptó al conocer la delación, ya que, en ese momento, ante la ausencia del comisario general de Información, este mando, que estaba al frente de la UCI, era el máximo responsable de Información.
El juez que entonces instruía la causa le envió un escrito el 22 de mayo de 2006, que fue respondido al día siguiente por el comisario Cabanillas. El juez le preguntó por qué le informó del chivatazo el día 8 si lo conocía desde el 5, «habiendo transcurrido 72 horas y dada la gravedad de lo sucedido». El juez reclamó que se hubiera activado un «protocolo de actuación urgente».
En su escrito de contestación, Cabanillas dice que no informó porque el día 5 era viernes y la información que facilitó el inspector jefe «era verbal y sin ningún tipo de material». Hasta las 20.00 horas del día 5 no contó con la información transcrita. «Del resultado de lo conocido en ese momento, ninguno de los funcionarios que hablaron del tema entendió la necesidad de una actuación inmediata en ese momento y hora». Y expone varias razones en este breve informe, el segundo que elevó al instructor del chivatazo.
Así, Cabanillas defiende la inactividad porque «la filtración ya se había producido en su totalidad; no había ninguna operación policial ni judicial prevista; era previsible que los objetivos de la investigación hubieran adoptado medidas de seguridad durante un periodo prudencial, haciendo desaparecer documentos o pruebas incriminatorias, si las hubiera, en sus domicilios, y que solo con algún tiempo tomaran los datos de la filtración como una 'mala broma', ya fuera de funcionarios policiales o de otros servicios».
«En cualquier caso -añadía el informe de Cabanillas remitido a Grande-Marlaska- la acción inmediata podía conducir a un fracaso, por las presuntas medidas que en buena lógica deberían haber adoptado los objetivos tras la comunicación recibida».
Cabanillas compareció ante el juez esta semana y prestó declaración básicamente contra el investigador de la causa, el entonces inspector jefe Carlos G. El comisario de la UCI señaló que este mando policial quería destruir la cinta clave del chivatazo, donde se recogía la conversación de Joseba Elosua, dueño del bar Faisán, en la que le contaba a su cuñado que un policía le había alertado de que estaba siendo seguido y de que iban a detenerle cuando cruzara la frontera tras recaudar dinero procedente de la extorsión a empresarios vascos.
Un ex guerrillero identifica a Cubillas
>Un ex miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) identificó ayer al etarra Arturo Cubillas como una de las personas encargadas de trasladar hasta los campamentos de la guerrilla a los miembros de ETA que les impartían cursos sobre explosivos, informaron ayer a la agencia Efe fuentes jurídicas.
>En su declaración por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, este antiguo guerrillero aseguró que, en estos traslados, Arturo Cubillas era acompañado por varias personas que aparentaban ser militares venezolanos. El testigo relató cómo uno de estos supuestos militares incluso vestía un chaleco de la Dirección General de Inteligencia Militar (DGIM) del Gobierno de Venezuela.
>Otro de los testigos que prestaron declaración ayer ante el juez, una ex guerrillera de las FARC de nombre Rosa, también reconoció a Lorenzo Ayestarán como uno de los etarras que recibió formación sobre explosivos en una de estas bases con las que contaba la guerrilla colombiana.
>En las declaraciones de anteayer ante el magistrado Velasco, otros tres ex miembros de las FARC identificaron a José María Zaldua Korta -fallecido en Francia el año pasado- y José Ignacio Olaskoaga Múgica como los etarras que les adiestraron en el manejo de explosivos en la selva venezolana.
>Los testigos confirmaron que miembros de ETA les dieron consejos para mejorar el manejo de explosivos, les enseñaron a utilizar teléfonos móviles como temporizadores y les adiestraron en el uso de coches y motos-bomba.
La parte final, es la más interesante, esperemos que no se contamine este juez.
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