FRANCISCO NUÑEZ / Madrid/ El Mundo
De esta forma, el sistema público de pensiones dejará de recaudar al menos 235 millones de euros en un año por la supresión de hasta el 100% de las cotizaciones a las empresas que decidan usar el contrato a tiempo parcial. El Gobierno ha optado ahora por potenciar vía decreto esta modalidad para reducir la estadística del paro.
Según fuentes oficiales, en ningún momento el Gobierno ha estudiado la posibilidad de compensar esta pérdida recaudatoria impuesta a la Seguridad Social, a pesar de la dura reforma y de la vuelta a la situación déficit de explotación en 2010 (los gastos superan ya los ingresos). Esta partida se suma a otras muchas que el Estado usa de la caja de las pensiones y que deberían abonarse con la recaudación de impuestos y no con las cuotas sociales.
Por tanto, la caja de las pensiones será la que asuma íntegramente el coste del programa de empleo para los jóvenes de hasta 30 años de edad y parados de larga duración, que podrán ser contratados a tiempo parcial (por horas) de forma temporal e indefinida. Las empresas podrán además encadenar este contrato con la conversión en otro indefinido y obtener otra bonificación de hasta 1.500 euros.
Según reconoció el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, la Seguridad Social disminuirá sus ingresos en 23,5 millones al mes por cada 10.000 contratos celebrados a lo largo del año en que «transitoriamente» se suprimen las cotizaciones. «Nos gustaría hacer más de 100.000 contratos», señaló Gómez. Por tanto, el recorte inicial para la caja es de esos 235 millones. Pero la cifra podría alcanzar los 314 millones si los cálculos se hacen con el coste individualizado por contrato. Según Trabajo, será de 262 euros mensuales por cada uno que se formule.
Esta es la principal apuesta del Gobierno para repartir el empleo que empiece a crearse y expandir el contrato por horas, una modalidad de escaso éxito hasta ahora en España, como señaló el ministro. En este sentido, ante la pregunta de si había demanda de este tipo de contrato, Gómez reconoció que «la preferencia de los españoles es tener un contrato a tiempo completo».
La segunda de las medidas que ayer aprobó el Gobierno por decreto, urgido por el fin del plan de ayuda de los 426 euros a los parados sin prestación, prevé un pago de 400 euros para los parados que agoten la prestación a partir de esa fecha (16 de febrero) con ingresos inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Pero se les obligará a hacer cursos de formación en «sectores emergentes y con itinerarios individualizados de inserción laboral», señaló el ministro.
Los demás parados, incluidos los que ahora cobran los 426 euros, no podrán cobrar esta ayuda, pero sí realizar otros cursos. En concreto, habrá un programa especial para parados «con baja cualificación», entre ellos jóvenes, desempleados de larga duración mayores de 45 años y procedentes de la construcción, así como «otros afectados por la crisis».
En principio, este programa es sólo para seis meses, pero durará más, hasta acercarse a las elecciones generales. En el decreto se recoge que las ayudas se podrán pedir hasta el 15 de agosto, pero los parados «tienen dos meses más, hasta el 15 de octubre», para solicitar la ayuda» de seis meses. Es decir, el pago durará hasta abril de 2012.
El Gobierno calcula una media de cinco meses de duración de esta ayuda de 399,98 euros exactos. Le sale un coste de 400 millones porque estima que la solicitarán unos 192.000 parados. Se financiará con 200 millones de la «reordenación de recursos» del Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem). Y, según señaló el vicepresidente primero y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, «se hará una derrama por los otros 200 millones entre los ministerios para no sobrepasar el techo de gasto aprobado».
Ya están metiendo mano a la caja de la seguridad social, como siempre hacen estos progres, que ni son socialistas, ni son obreros y mucho menos españoles.
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