S. PICCIONE / B. MONTAÑO / Madrid/ El Mundo
El Gobierno aprobó ayer limitar a 110 kilómetros por hora la velocidad en autopistas y autovías para ahorrar en la factura del petróleo. Una medida que, según el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, tendrá como consecuencia el recorte de prácticamente un 15% en el consumo de gasolina y gasóleos.
Tal cálculo ha colocado la sonrisa en la cara de los técnicos en motores de combustión, que sitúan el ahorro real en torno al 3% o, como máximo, en un 4%. Para empezar, esta limitación de velocidad afectará tan sólo a los turismos y carecerá de efecto sobre los camiones y autobuses, que consumen buena parte del total que se atribuye al transporte por carretera. Además, el nuevo límite sólo se aplicará en vías que, aunque soportan gran parte de la intensidad del tráfico, no absorben más que un 60% del total que se registra en España. Sigue en página 4
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Para compensar los efectos negativos de esta medida -y la subida de los carburantes- en la movilidad de los ciudadanos, igualmente se han anunciado reducciones del 5% en los precios de los billetes y abonos de los trenes de cercanías y de distancias medias.
Estas nuevas tarifas de Renfe entrarán en vigor el próximo día 7 de marzo, al mismo tiempo que la limitación de la velocidad a 110 kilómetros por hora.
Por otra parte, admitiendo que en los coches con motor diésel la reducción de la velocidad tendrá menos importancia, se ha decido también elevar al 7% el contenido de biocombustibles en el gasóleo.
El vicepresidente primero confirmó que tanto la bajada de la velocidad en autovías y autopistas como las rebajas en el precio de los billetes de Renfe son «temporales y transitorias». Pero, en España, sobre a la transitoriedad de medidas como ésta existe un mal precedente. Los primeros límites de velocidad que -también de forma provisional- se impusieron en 1973 para reducir el consumo de petróleo durante la crisis de suministro que se produjo tras la guerra del Yom Kipur, jamás se quitaron.
Lo que permanecerá será el contenido de un 7% de biocarburantes por cada litro de carburante. Esto es algo que se estaba haciendo en España desde hace algún tiempo con el objetivo de cumplir la normativa europea que indica que se debería llegar a un 15% de utilización en los biocombustibles.
El problema es que en un país con un parque tan viejo como el de España, hay motores que no aceptarán que se superen ciertos límites de estos carburantes ecológicos que reaparecen con fuerza cuando el precio del petróleo sube y desaparecen cuando baja. De cualquier forma, será el ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien tenga que reglamentar ulteriormente al respecto.
La introducción de más biocombustibles permitirá evitar la compra de dos millones de barriles de petróleo, lo que supone un ahorro de 160 millones de euros, según explicó Rubalcaba.
Éste lanzó un mensaje para tranquilizar a los ciudadanos, al afirmar que no hay riesgo para el suministro de petróleo en España por la crisis libia. Consideró que la situación de altos precios del crudo no entorpecerá el tímido proceso de recuperación económica iniciado en nuestro país.
Desde el sector del automóvil se ha contemplado la medida con escepticismo. Los vehículos más modernos, equipados con cajas de cambio de seis, siete y hasta ocho velocidades, están puestos a punto para lograr su máxima eficiencia a velocidades más altas, acordes con los límites de velocidad máxima, de 130 kilómetros por hora, generalizados en Europa. En esas condiciones, insisten en que el ahorro real de la medida estará entre el 3% y el 4%.
Y no se ha valorado que los vehículos de transporte, que consumen un 30% del total que se atribuye al automóvil, no ahorrarán nada. De la misma manera, dado que las carreteras nacionales, comarcales y locales, así como el tráfico urbano no se verá afectado, hay un 40% del tráfico que quedará libre de la posible reducción del consumo.
Desde Anfac, la asociación de fabricantes, se recuerda que desde hace algún tiempo insisten en que es posible un ahorro en el consumo de combustible de los automóviles, pero a partir de una mejor regulación del tráfico para evitar retenciones y atascos, así como de propiciar una forma diferente de conducir en los ciudadanos.
El Gobierno tampoco ha valorado el coste de adecuar la señalización de velocidad a la nueva norma, algo que además es imposible en el curso de una sola semana hasta que el lunes día 7 de marzo entre en vigor. Desde el Ministerio de Fomento se ha adelantado la cifra de 250.000 euros como posible coste de las pegatinas con el límite de 110 que se colocarán encima de las señales de 120 y que, posteriormente, serán retiradas.
Por cierto que, dado que la medida es provisional, se ha decidido que sólo se perderán puntos del carné de conducir cuando se sobrepasen los márgenes actualmente previstos. Sin embargo, si habrá multa económica para quien no respete los 110 kilómetros por hora.
Otra genialidad de la que nos tienen acostumbrados el gobierno. Cuando los expertos dicen lo contrario, para que tantos cargos de confianza y consejeros que no dan consejo, para nada, porque no son lo que dicen que son.
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