M. MARRACO / F. LÁZARO / Madrid / El Mundo
Esa fue la principal cuestión plantada por el magistrado de la Audiencia Nacional en su desplazamiento a Francia para avanzar en la parte secreta de la investigación del chivatazo. Los mandos políticos de las policías antiterroristas declararon en condición de testigos y en presencia de la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert. En las diligencias también participó el fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota, coordinador de las causas antiterroristas y responsable del sumario junto al fiscal Carlos Bautista.
El viaje de Ruz se produce después de que el magistrado recibiera de Le Vert una extensa comisión rogatoria que incluía la explicación oficial de por qué el país vecino no había practicado las detenciones previstas en el operativo. Parte de la comisión rogatoria se declaró secreta, y es dentro de esa pieza separada del sumario del chivatazo en la que se han incluido los interrogatorios de Francia.
El papel del país vecino durante la anterior tregua, y en concreto su actuación en el momento del chivatazo, ha surgido a lo largo de la investigación sobre el soplo del bar Faisán. Así, el investigador Carlos Germán, responsable de las pesquisas del chivatazo, consideró «inexplicable» la actitud de Francia el día de los hechos. «La operación prevista contra la red de extorsión de ETA [...] se frustraba en España debido a una filtración materializada por policías, y posteriormente se frustraba también en Francia por al negativa de la policía francesa a identificar a los objetivos y comprobar si, efectivamente, se había producido o no una entrega de dinero».
Otro elemento que reforzaría las sospechas sobre la actitud de Francia es el hecho de que entre los teléfonos que se se intervinieron al etarra Juan Carlos Iurrebaso en marzo de 2007, tras su detención en Francia, se encontraban los del prefecto Christian Lambert, figura muy próxima al presidente Nicolas Sarkozy. Iurrebaso se presentó ante los agentes como uno de los interlocutores con el Gobierno en la negociación de la tregua y presentó como salvoconducto, además del teléfono del Lambert, el del entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, uno de los tres imputados por el chivatazo.
Por otra parte, hoy están citados en la Audiencia Nacional varios de los autores de los recientes informes requeridos por Ruz. Entre ellos, los tres guardias civiles que señalaban como opción más probable que los cortes en la cinta de vídeo que recogía la entrada del bar Faisán el día del chivatazo se debían a una manipulación o a una actuación negligente. Su conclusión era mucho más precisa que la aportada inicialmente por la Policía, que no se decantaba por ninguna hipótesis, incluido el borrado accidental.
También están citados ante el juez los autores del informe sobre las grabaciones del acceso al bar Faisán de los días previos y posteriores al 4 de mayo de 2006, cuando se produjo el chivatazo. El informe señala que también existen cortes en esas jornadas, lo que reforzaría la tesis de que fueron casuales.
Ahora van a tener la culpa los franceses, je je, vaya tela y despropósito, estos de la kgb son la pera limonera. Espero que pronto se sepa lo que ya todos sabemos.
ResponderEliminarNo nos merecemos un gobierno que nos mienta (palabras dichas por rubalcaba)
Y espero que sus conciencias les pase factura.