Jáuregui defiende a Interior de las críticas por el chivatazo

LÁZARO / Madrid/ El Mundo

Asegura que Rubalcaba no debe depurar responsabilidades

Ayer fue el ministro de la Presidencia quien tuvo que afrontar las preguntas sobre el giro que han tomado las investigaciones judiciales sobre el chivatazo policial a ETA. Y es que desde que el juez Pablo Ruz autorizó que se iniciara una investigación sobre la vinculación del teléfono móvil del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, con este caso, el silencio del Ministerio del Interior es absoluto.

Hasta la fecha, el vicepresidente del Gobierno y titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se prodigaba de medio en medio y de comparecencia en comparecencia. Su número dos también tenía actos de forma habitual. Pero el silencio se ha impuesto durante los últimos días y ni el uno ni el otro han dicho una palabra después de los movimientos judiciales.

Ayer tuvo que salir a la palestra el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, nombrado en su cargo a la vez que Rubalcaba ganaba los galones de la vicepresidencia. Y con un «no» rotundo, tras ser preguntado en Sevilla sobre si habría que depurar «responsabilidades políticas» en el Ministerio del Interior a raíz de las nuevas investigaciones policiales en relación con el asunto del chivatazo en el caso Faisán, salió en defensa de su compañero de gabinete.

Jáuregui atendió a los medios de comunicación antes de pronunciar una conferencia sobre Crisis y reformas: las oportunidades de España, en Sevilla. Con ese «no» abrió y cerró sus palabras sobre el caso del chivatazo y las posibles responsabilidades que se pueden derivar en el Ministerio del Interior.

Pero la oposición no está dispuesta a que la delación a la banda terrorista, que se produjo cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero estaba negociando con ETA, quede en el olvido parlamentario. Y para la semana que viene ha registrado ya tres preguntas: al vicepresidente, al ministro de la Presidencia y al titular de Justicia.

Ayer, fue el portavoz del PP en la comisión de Interior del Congreso, Ignacio Cosidó, quien se encargó de arremeter contra el Departamento de Rubalcaba. Consideró que «el silencio» que ha guardado el Gobierno socialista tras las últimas revelaciones relacionadas con los teléfonos que se utilizaron en el chivatazo constituye «el mejor síntoma de asentimiento político».

En su blog, Cosidó indica que «la vinculación telefónica» del número dos de Alfredo Pérez Rubalcaba con alguno de los imputados en la misma noche en que se puso en marcha esa delación, «pone en evidencia la conexión política del caso». Es más, dice que su «convicción política» de que el chivatazo partió de «las más altas esferas del Ministerio del Interior, y no de ningún policía, se transforma según avanza la instrucción del sumario en un hecho probado en sede judicial», según informa Europa Press. Cosidó sostiene que esta delación «es algo más que un delito de colaboración con banda armada que puede ser penado con hasta diez años de cárcel». En su opinión, constituye también «una traición a nuestra democracia, especialmente a todos aquellos que se han jugado la vida luchando contra ETA, y a todas las víctimas del terrorismo».

La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, considera que el Gobierno de Zapatero acabará pagando antes o después por el chivatazo ya que, en su opinión, es el responsable «político» de ese «gravísimo» hecho. En declaraciones a Europa Press, Díez subrayó que el citado caso es «uno de los agujeros negros» de la primera legislatura de Zapatero, que su Gobierno ha tratado de «tapar» para que no se conozca «toda la verdad». Señaló que «en algún momento» se va a aclarar todo lo que ha ocurrido en torno al supuesto chivatazo y que ello acabará salpicando políticamente a sus responsables, esto es, «al Ejecutivo de Zapatero».