El juez ordena identificar al jefe político del chivatazo

MANSO / FERNANDO LÁZARO / Madrid/ El Mundo

Pide averiguar quiénes telefonearon desde números de Interior, uno de los cuales, según reveló EL MUNDO, era utilizado por el secretario de Estado

De los otros dos números, uno corresponde a la centralita del Ministerio y el otro, un móvil, puede ser el que empleaba un comisario que actuaba en aquellas fechas como asesor del secretario de Estado de Seguridad, según aseguraron a este diario fuentes de la investigación.

En el auto dictado ayer, en el que el juez responde a la petición de nuevas diligencias de acusaciones y defensas a partir de la documentación remitida por las autoridades francesas, el juez también pide explicaciones al equipo de la Policía que todavía dirige el inspector jefe Carlos G. -paradójicamente, el mismo que investigaba la trama de extorsión que recibió el chivatazo- acerca de por qué no incluyó en sus informes las llamadas que se hicieron hacia y desde esos números.

Así, Ruz acuerda que, en el plazo de 15 días, el equipo investigador emita un «informe ampliatorio» que recoja esas comunicaciones de los imputados con el Ministerio del Interior, «precisando los motivos por los que fue descartada su inclusión en los anteriores informes de análisis como teléfonos de relevancia para la determinación de la autoría de los hechos investigados». La Fiscalía también había aludido a esa omisión, pero para subrayar su escaso entusiasmo por la petición que hizo la asociación de víctimas Dignidad y Justicia para que se identifique a los usuarios de esos números, que sostiene que son «de seguridad».

Ahora, el juez va más allá y se lo pone fácil a la Policía: precisa con detalle minucioso qué comunicaciones concretas de los imputados con Interior son exactamente las que le interesan. Entre ellas, están las que ya publicó EL MUNDO entre el número de móvil de Antonio Camacho y el del ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, el principal sospechoso de haber alertado en persona al cobrador de ETA. Dos se produjeron en la víspera del chivatazo -y habrían sido inmediatamente después de que García Hidalgo planificase el soplo-, otra una hora antes y la última, de cuatro segundos de duración, sólo unos minutos después.

Ruz incluye, además, el detalle de otras conversaciones desde esos números de Interior que tuvieron lugar meses después, en septiembre y octubre de 2006, que es cuando se sospecha que los imputados recibieron la noticia de que estaban siendo investigados por la Policía.

La resolución dictada ayer pospone la decisión sobre la petición de que, una vez identificados los usuarios de esos números, se les cite a declarar. El juez señala que dictará «elpronunciamiento oportuno» a ese respecto cuando conozca el informe ampliatorio de Carlos G.

Precisamente, Ruz aceptó ayer que se cite a declarar como testigo al comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia, que asume un informe incorporado al sumario en el que expone que, en la víspera del chivatazo, Carlos G., encargado entonces del operativo contra la red de extorsión, «fue reticente en diversos momentos» a llevar cabo los arrestos programados, «argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos, dado el momento de tregua de ETA». Sin embargo, el juez rechaza la reclamación de la AVT de que se envíen todas las diligencias a la Guardia Civil para que realice un nuevo «informe exhaustivo» que complemente los que ha presentado el equipo de Carlos G., en los que se basó el fiscal Carlos Bautista para pedir, hace un año, el archivo de la causa.

La resolución de ayer también frustra la estrategia del Ministerio Fiscal para que el Instituto Armado analizase todo el tráfico de llamadas desde móviles con tarjeta prepago en el entorno del bar Faisán de Irún.

Esta batería de diligencias se suma a la que ya ordenó el juez la semana pasada, cuando dio el paso decisivo de convertir la causa en sumario y ordenó averiguar, entre otras cosas, si la Policía manipuló un vídeo de la entrada del bar Faisán para ocultar la imagen del autor de la delación. Y a ellas se añadirán las que deriven de ocho folios enviados por Francia que han sido declarados secretos por Ruz, que considera que de ellos puede obtenerse el «total esclarecimiento de los hechos».

El diputado del PP Ignacio Gil Lázaro dijo ayer a Efeque el caso Faisán «pende cada vez más» sobre la cabeza de Pérez Rubalcaba. El parlamentario aseguró que «el chivatazo cerca» al ministro.

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Fernando Lázaro.

La investigación de la Audiencia Nacional por un delito de colaboración con el terrorismo en el chivatazo a ETA alcanza ya al Ministerio del Interior. El juez Pablo Ruz ordenó ayer al Departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba que identifique a los usuarios de tres números de su Subsecretaría con los que contactaron los principales imputados -el director general de la Policía y el jefe superior del País Vasco- en las horas próximas a que el cobrador de la banda, Joseba Elosua, recibiese en el bar Faisán el 4 de mayo de 2006 el soplo de que había una operación en marcha para detenerle.

Es decir, la investigación se dirige ya a esclarecer si existió una orden política en pleno proceso de paz. «Resulta preciso aclarar la real significancia» de esas llamadas, en palabras del juez que ha reactivado una causa que estaba moribunda en manos de Garzón. EL MUNDO señaló hace un año quién usaba uno de esos teléfonos: el número dos de Interior, Antonio Camacho.Sigue en pág. 4