MANUEL MARRACO / Madrid/ El Mundo
Una querella admitida, dos rechazadas pero pendientes de recurso y otra a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre su admisión. Ése es, a fecha de hoy, el balance judicial del presidente del Congreso, José Bono.
En esa ofensiva contra el ex presidente de Castilla-La Mancha, siempre con su supuesto enriquecimiento de fondo, Bono ha contado en todas las ocasiones con el respaldo de la Fiscalía, bien oponiéndose a que los jueces admitieran las causas que le afectaban, bien negándose a las peticiones del PP de que investigara su patrimonio.
La última decisión que le afecta, aunque no figure como querellado, es la de una jueza de Toledo que el miércoles imputó por un delito societario a cuatro administradores de Hípica Almenara, de la que Bono es propietario junto a su familia. Es su condición de figura pública la que precisamente ha llevado al juez a considerar que existe un «interés general» que permite la excepcional presencia de una acusación popular.
El juez recoge en su auto que el caso «atañe a la transparencia que debe imperar en toda sociedad democrática en tanto en cuanto el socio mayoritario de Hípica Almenara S.L. es actualmente un Alto Dignatario del Estado, así como un anterior Alto Dignatario del Gobierno de España y de la Administración autonómica castellano-manchega. Cuestión no baladí al tratarse de una actividad privada de un gestor público, de quien debe predicarse un digno ejercicio de todas sus actividades».
A petición del abogado Antonio Panea, en nombre de la asociación Ciudadanía Anticorrupción, el juzgado también ha reclamado documentación a la sociedad Onde 2000 -propiedad de Francisco Hernando, El Pocero-, lo que permitirá aclarar quién pagó las obras efectuadas en la hípica.
Las otras tres querellas vinculadas al caso Bono sí buscan directamente la imputación del presidente del Congreso. Puesto que se trata de un aforado, fueron presentadas ante el Supremo. Las dos primeras, de Preeminencia del Derecho y Ciudadanía Anticorrupción, se inadmitieron en diciembre, al considerar que «no hay indicio de la existencia y recepción de la dádiva ni de la ejecución de un acto contrario a los deberes del cargo, por lo que tampoco existen indicios de la existencia de un delito de cohecho».
El recorrido de ambas querellas aún no se ha agotado, ya que los letrados respectivos, José Luis Mazón y Antonio Panea, han presentado recursos de súplica con nuevos documentos sobre la tasación de los inmuebles que Bono y la inmobiliaria Reyal Urbis permutaron, supuestamente a beneficio del dirigente socialista.
Existe una tercera querella sobre cuya admisión el Supremo no se ha pronunciado. Fue presentada a principio de febrero por el ex diputado popular Jaime Ignacio del Burgo en nombre de la asociación Justitia et Veritas. El escrito atribuye a Bono los delitos de cohecho continuado, falsedad en documento público y delito fiscal. Por último, Anticorrupción mantiene formalmente abierta una investigación sobre el escándalo inmobiliario de Seseña que podría afectar a la Junta presidida por Bono.
Bueno, haber lo que dura esta querella, porque si las anteriores las han parado, está supongo que le tirarán de las orejas al juez, tiempo al tiempo.
ResponderEliminarLuego dicen que la justicia es igual para todos, vaya falacia.