Cinco detenidos en una operación contra una empresa del 'Govern'

El Mundo
Un juzgado de Barcelona investiga las adjudicaciones en Gerona desde 2007 de obras públicas encargadas por Gisa, sociedad dependiente de la Generalitat

El Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona ordenó ayer la detención de Jordi Vergé, gerente de obras de carreteras de la demarcación de Gerona de Gisa, empresa de la Generalitat dedicada a la adjudicación de obra pública, y cuatro personas más.

Según varias fuentes, la Fiscalía de Delitos Económicos investiga varias supuestas irregularidades en la concesión de obras públicas, como carreteras, a empresas de Gerona desde el año 2007. Por eso ha reclamado a Gisa que entregue diversa documentación sobre esta contratación. Además, efectivos de la Guardia Civil registraron ayer varias dependencias de la sede de Gisa en Barcelona, entre ellas el despacho de Vergé.

La operación empezó el pasado miércoles en Gerona, cuando los agentes registraron al menos dos empresas y detuvieron a cuatro personas. Dos de ellas quedaron en libertad mientras que otras dos pasarán hoy a disposición judicial.

La Generalitat ya anunció su «completa disposición» a colaborar con el juzgado con «celeridad y transparencia». Por eso, en las próximas horas aportará varia documentación solicitada por el fiscal y que no se ha podido entregar de momento.

Vergé fue nombrado en su cargo en Gisa por un gobierno anterior aunque es funcionario de carrera. La investigación se centra en la anterior etapa del tripartito y tratará de demostrar si las supuestas irregularidades se cometieron con el conocimiento de altos directivos de la empresa pública. Pese a esto, fuentes políticas explicaron que cuando el anterior Govern ganó las elecciones ya ocupaba esta responsabilidad.

La instrucción judicial está bajo secreto de sumario ordenado por el juzgado. Según ha podido saber este diario, la operación policial parte de otro supuesto caso de adjudicación irregular que investiga la misma juez y la Fiscalía de Delitos Económicos. Concretamente, se han encontrado conexiones entre algunos de los acusados con la trama iniciada por las irregularidades en la ampliación del Dique Este del Puerto de Barcelona, iniciado por el tripartito aunque fue adjudicado por el anterior gobierno de CiU.

Asimismo, se está investigando un agujero de casi 41 millones de euros entre la liquidación del proyecto y la obra realmente ejecutada. Por eso, el Puerto de Barcelona reclama a las empresas que formaron la UTE Dique Este la devolución de este dinero.

La obra se adjudicó en 2001 por 197,2 millones al conglomerado formado por FCC Construcción, Ferrovial Agroman, Construcciones Rubau y Copisa. El 53% de las obras se cubrieron con fondos europeos.

La Fiscalía de Delitos Económicos recibió una denuncia de los anteriores responsables del Puerto, por lo que se inició la investigación judicial. La desviación económica salió a luz tras ser detectada por la Agencia Tributaria al cotejar el IVA declarado por distintas empresas correspondiente al pago del material de obra.

En concreto, supuestamente, la UTE compró a la empresa Coterras 850.000 toneladas de piedra que, según algunos indicios, nunca existieron y que tuvieron un coste de 7,4 millones de euros, que fue facturado al Puerto de Barcelona.

'CASO ALMENARA'

MANUEL MARRACO / Madrid

Un juzgado de Toledo investiga las cuentas de la hípica de Bono

Un juzgado de Toledo admitió ayer a trámite una querella contra los administradores de la Hípica Almenara, propiedad del presidente del Congreso, José Bono, y su familia. El juzgado imputa por un delito societario a media docena de sucesivos administradores de la sociedad -ninguno de la familia Bono-, y ordena a Onde 2000, propiedad de Francisco Hernando, el Pocero, que remita toda la documentación sobre las obras realizadas en la hípica, lo que debería sacar a la luz quién las pagó realmente.

La querella fue presentada el pasado mes de julio por el abogado Antonio Panea en nombre de la asociación Ciudadanía Anticorrupción. El escrito se centraba en que, de acuerdo con los datos del registro del periodo 2004-2008, no se habían incorporado a los balances de la sociedad el «considerable» incremento patrimonial de la hípica, lo que supondría un falseamiento de las cuentas anuales.

Según fuentes del caso, la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 se ha producido en contra del criterio de la Fiscalía, que rechazó la legitimación de la asociación para querellarse. En principio, sólo los socios, como agraviados, pueden ejercer la vía penal contra los administradores de una sociedad, pero esa limitación se anula cuando el supuesto delito «afecte a los intereses generales». Y en este caso, el Juzgado estima que la relevancia pública de José Bono encaja en ese supuesto.

Formalmente, Bono y su familia, como socios de la hípica, serían los directos perjudicados, por lo que previsiblemente el Juzgado les ofrecerá actuar contra los querellados, entre los cuales se encuentra un ex chófer del dirigente socialista