Batasuna rechaza la violencia de ETA

ÁNGELES ESCRIVÁ / Bilbao/ El Mundo

Quiere 'blanquearse' sin asumir las decenas de asesinatos en los que fue connivente

Batasuna dio ayer un paso sin precedentes al presentar unos estatutos para su nuevo partido en los que se compromete a desarrollar su actividad «desde el rechazo a la violencia como instrumento de acción política (si la hubiera en cualquiera de sus manifestaciones); rechazo que, abiertamente y sin ambages, incluye a ETA en cuanto a sujeto activo de conductas que vulneran los derechos y libertades de las personas». Es más, sus representantes anunciaron una «nítida separación y ruptura» respecto de la organización.

Sin embargo, estos avances -provocados por la Ley de Partidos y el hostigamiento a la banda, aunque los dirigentes de la izquierda abertzale lo nieguen para no admitir que actúan forzados- no ocultaron otros datos: los comparecientes obviaron estudiadamente pedir a ETA su disolución; huyeron del término «condena», incluyeron asesinatos y secuestros en la frase «vulneración de derechos y libertades» y, sobre todo, quisieron hacer tabla rasa de los atentados pasados -casi 900 muertos- a los que ni se refirieron, y que se perpetraron con su connivencia.

El abogado Iñigo Iruin -que nunca antes se ha comprometido públicamente de forma semejante- demostró en su eficaz exposición jurídica que había hecho un prolijo estudio de la Ley de Partidos, de la ley Electoral (Loreg) y de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, y que se ha esforzado por que los principios fundacionales de la nueva formación cumplan todas las exigencias técnicas y reproduzcan los términos contenidos en la jurisprudencia. Lo justo para intentar que el partido pase el rasero de la legalidad.

De hecho, tanto Iruin como Rufino Etxeberria, el dirigente que le precedió, tuvieron la oportunidad de aumentar sus exigencias a ETA pero consideraron más oportuno no hacerlo. Etxeberria, cuando proclamó que «no habrá un proceso de diálogo y negociación sin un escenario de ausencia de violencia con garantías y restablecimiento de mínimos democráticos». Pareció que se sacrificaba pero, en realidad, dio por hecho su derecho a una negociación aunque la banda todavía exista siempre que haya «garantías», que no especificó. Respecto a Iruin, recurrió a la Declaración de Guernica, que no llega a pedir la desaparición de la organización sino una «demostración de la voluntad de dejar su actividad armada».

No pidieron la disolución de la banda pero anunciaron cómo iban a contribuir a acabar con su violencia: apostando por el Proceso Democrático contenido en los documentos de la organización, del que se han apropiado y que ha quedado blanqueado por el distanciamiento mostrado ayer. Un Proceso que incluye los Principios Mitchell (que realizan exigencias al Gobierno) y la convergencia de formaciones soberanistas activada desde hace más de un año.

Así pues, con la férrea intención de convertirse en un partido sin pasado, los dos portavoces, respaldados por el núcleo histórico de la Mesa Nacional de Batasuna, mostraron la voluntad de «contribuir con el resto de agentes políticos y sociales» a la «definitiva y total desaparición de cualquier clase de violencia, en particular la de ETA»; de colaborar en la «reconciliación de la sociedad vasca» y en el «reconocimiento y reparación de todas las víctimas originadas por las múltiples violencias».

«Un punto de inflexión», un «antes y un después» en el que se opondrán a quienes quieran su dependencia «vicarial» de ETA, nunca «un regate en corto a la legalidad», dijeron. «Un compromiso (irreversible) no sometido a variables tácticas y factores coyunturales», enfatizaron.

Iruin fue claro desde el principio. Se trataba de responder a una pregunta, «¿Qué exigen los tribunales españoles a la izquierda abertzale para ser legalizada?». Y se puso a buscar la respuesta en un momento que, casualmente, coincidió con su «reflexión estratégica». Se centró en los tres parámetros establecidos por el Supremo en la sentencia con la que ilegalizó el partido ASB en 2007. Según el Tribunal, citó, «nada puede impedir a los miembros de la izquierda abertzale crear un instrumento político para expresar su voluntad colectiva» siempre que el nuevo partido no constituya una continuación de uno ilegalizado; hay que mantener una «actitud de condena o rechazo del terrorismo» como «contraindicio», y hay que citar a ETA.

Y eso han hecho. Y, en esa voluntad de demostrar que no tienen nada que ver con el pasado, han cambiado sus estructuras internas, como exige la ley, y han establecido unas normas sin precedentes -otro de los puntos importantes y novedosos de la declaración- para los afiliados y los cargos electos. Serán expulsados si vulneran el artículo 9 de la Ley de Partidos, es decir, «si justifican o exculpan atentados, si fomentan o auspician la violencia o si apoyan o complementan a los terroristas para que consigan sus fines». Y, para ser candidato, habrá que asumir el rechazo a la violencia de ETA en una aplicación estricta de la reforma de la Loreg aprobada hace un mes. Tan estricta que, según recordó, no se establece el requisito de la «condena» porque los parlamentarios del PP y del PSOE sólo exigen el «rechazo».

Iruin planteó la situación: nosotros hemos cumplido, vino a decir; ahora, «el Gobierno español debe atenerse a estrictos criterios de legalidad» porque, dio lecciones, así funciona un Estado democrático.