07:53 (21-12-2010) | La Gaceta
LA GACETA ha ofrecido una información rigurosa que ni el mismo Bono ha podido desmentir
Se equivoca de medio a medio José Bono al arremeter contra LA GACETA después de que el Tribunal Supremo haya rechazado dos querellas contra él. Se equivoca con nosotros, porque nos hemos limitado a cumplir con un deber contraído con los lectores y consagrado en el derecho a la información, ofreciendo una información veraz y rigurosa, que ni él mismo ha sido capaz de desmentir. Pero se equivoca también al hacerlo inmediatamente después del fallo del Supremo, por la sencilla razón de que la Justicia no ha dicho su última palabra.
Aquejado del daltonismo propio de los soberbios ha debido confundir la decisión del Alto Tribunal de no investigar su patrimonio con un certificado de inocencia; y arrebatado por la euforia ha tomado su cargo de presidente del Congreso como peana para repartir condenas, fustigar herejes y de paso intrigar (la liebre tira al monte), jugando, como es fama en él, a tirar la piedra de la sucesión de Zapatero y esconder la mano, aprovechándose del momento de extrema debilidad del Gobierno y del río revuelto de un partido sin líder.
Pero no ha habido tal beatificación, por más que un Bono crecido haya aprovechado la ocasión para dirigir su artillería pesada contra LA GACETA, tildándonos de “calumniadores” y “banda de delincuentes”, extremos que, con todo respeto, no estamos dispuestos a consentir. Si tiene algo que decir, que dé la cara. Incluso le ofrecemos la tribuna de este periódico o de El Gato al Agua de Intereconomía TV para que, a pecho descubierto, se explique y responda a las muchas preguntas que nuestros lectores y espectadores y nosotros mismos tenemos que hacerle, en lugar de atizarnos esquinadamente tras el parapeto de otros medios y acusarnos de “calumniadores” sin aportar la menor prueba.
Se ufana José Bono de que “al final, en un Estado democrático la verdad se abre camino”. Ojalá, porque en su caso la verdad sigue velada. Fundamentalmente porque el Supremo se ha negado a investigar su patrimonio. Tenía ante la mesa querellas contra Bono por cohecho así como tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento público y fraude en la obtención de subvenciones. Pero el Alto Tribunal eludió investigar la permuta hecha por el presidente del Congreso de un viejo piso en Madrid por dos áticos a estrenar en Estepona; y rechazó investigarle por recibir un regalo del constructor Santamaría.
Un trato muy diferente del dispensado por el Supremo a Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, al que le investiga desde hace dos años, a pesar de que no está probado el regalo de los trajes. Paradójicamente, en el caso Bono, el Supremo no admite la querella alegando falta de concreción de los hechos, a pesar de que están probados documentalmente los regalos de decoración y que se favoreció de una permuta. Y todo ello por sumas de dinero infinitamente mayores que por las que Camps es investigado. Paradójicamente, en el caso de Bono, los regalos se enmarcan dentro de una “relación de amistad”; en tanto que en el caso de Camps, el obsequio de los trajes se hizo en función de su cargo de autoridad.
¿Paradójicamente... o no tanto? ¿Es casualidad que el ponente del Alto Tribunal que inadmite las dosquerellas contra Bono sea Carlos Granados, fiscal general con Felipe González, que no acusó al entonces presidente del Gobierno en el asunto de los GAL?
La doble vara de medir en un caso y en el otro alimenta sospechas de partidismo. De hecho, el recurso de súplica ante el Supremo presentado por uno de los dos querellantes (Asociación Ciudadanía Anticorrupción), subraya que se ha infringido el principio de igualdad jurídica y de tulela judicial efectiva y pregunta si no les parece a los magistrados del Supremo que una suma no menor de 120.000 euros de beneficio, que Bono habría obtenido supuestamente por la permuta, “no es lo suficientemente importante para justificar una investigación”.
Como debería saber muy bien Bono, una querella, su admisión (y mucho menos su rechazo) no son, a diferencia de una sentencia, “cosa juzgada”. Es decir, que la Justicia no ha dicho aún su última palabra. Pero tampoco ha dicho nada el Parlamento, porque la Comisión del Estatuto del Diputado frenó el esclarecimiento de sus responsabilidades políticas. Y las explicaciones dadas por el propio Bono han sido un cúmulo de contradicciones y hasta de “olvidos” (el famoso apartamento de Alicante). O sea, que ni desde el punto de vista judicial, ni desde el punto de visto político, se puede decir que la verdad se abra camino.
José Bono ha presumido todos estos meses de transparencia. Pero en lugar de eso, sólo vemos cortinas de humo y una serie de incógnitas que siguen en el aire. En vez de explicaciones, el político socialista se escuda en el fallo del Supremo para arremeter contra “la banda de delincuentes”, incluyendo en el saco al PP (ya dedicó munición de grueso calibre hace meses contra Cospedal). En parte, lo hace porque le tiene cogida la medida al primer partido de la oposición, extrañamente tibio (¿o no tan extrañamente?) al amagar y no dar con la presentación de una querella.
“Han intentado hacer daño; no sé si será por una razón política o de otra índole... lo que es clara es la intención” aventura el presidente del Congreso. La única intención de LA GACETA ha sido la de informar. Jamás le hemos llamado delincuente, ni nos hemos puesto a su altura (la del insulto). Tampoco la de las mentiras veladas. Que nos diga el señor Bono o los periódicos que ahora le jalean y que antes han preguntado sobre su patrimonio, por ejemplo La Razón, en qué hemos mentido. Nadie puede reprocharnos en nuestras informaciones sobre Bono que haya adjetivos en lugar de datos. Nos hemos limitado a reflejar, como un espejo, los hechos y las cifras que aparecen en el registro de la propiedad. Si quiere querellarse, tendrá que hacerlo no contra nosotros sino contra los registros de la propiedad.
Hay le has dao, la doble vara de medir en un caso y en el otro alimenta sospechas de partidismo.
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