Los derechos de todos

11 de Diciembre de 2010 - 12:11:39 - Luis del Pino /Libertad Digital

Editorial del programa Sin Complejos del sábado 11/12/2010

Hace siete días que el Gobierno español decretó un estado de alarma ilegal, que restringe las garantías constitucionales, como respuesta a un conflicto con los controladores que cada vez tiene más visos de haber sido buscado y provocado por el propio Gobierno.

Hace siete días que ciudadanos españoles están sometidos de forma inconstitucional a la jurisdicción militar, en clara violación del artículo 117.5 de nuestra Carta Magna y de la Ley Orgánica que regula los estados de alarma, de excepción y de sitio.

Hace siete días que en España, debido a la declaración del estado de alarma, resulta imposible disolver las cámaras y convocar elecciones anticipadas, incluso aunque mañana nuestro país se declarara en suspensión de pagos.

El pasado jueves, el pleno del Congreso se reunía para que el Gobierno comunicara a la cámara la declaración del estado de alarma. Y la intervención del presidente Zapatero no pudo ser más alarmante.

Porque, lejos de recular en su intento de limitar los derechos constitucionales de los españoles, se reafirmó, por ejemplo, en que el Gobierno utilizará este tipo de resortes legales "para evitar o corregir" situaciones como la que hemos vivido. O sea, que el Gobierno no sólo está dispuesto a implantar estados de alarma ilegales como respuesta a una crisis, sino incluso para evitar crisis futuras. Estado de alarma preventivo, se llama eso.

Trató asimismo Zapatero de explicar cómo es posible que se aplique el Código de Justicia Militar a civiles, cuando la Constitución sólo autoriza a hacer eso en caso de declaración del estado de sitio. Y su explicación no puede ser más siniestra: no es que se haya aplicado el Código de Justicia Militar a civiles, vino a decir Zapatero, sino que primero hemos militarizado a los controladores y luego les hemos aplicado el Código de Justicia Militar.

¿Se dan ustedes cuenta de lo que eso implica? Con ese fraude de ley, el Gobierno podría, a partir de ahora, aplicar por decreto el Código de Justicia Militar a cualquier español sin necesidad de declarar el estado de sitio. Lo único que tendría que hacer, para ello, es militarizar ilegalmente a ese español por decreto.

Como cabía esperar, CIU y PNV respaldaron esta nueva ilegalidad del Gobierno. Supongo que venderán a un precio conveniente el apoyo a la prórroga del estado de alarma.

Rajoy, por parte del PP, estuvo brillante en su intervención y especialmente en su réplica, poniendo el acento en las responsabilidades que tiene el Gobierno en el conflicto desatado en la tarde del viernes 3 de diciembre. Rajoy recordó que todos apoyamos en febrero al Gobierno cuando esté zanjó, mediante decreto, el contencioso con los controladores. Pero recordó también que, desde entonces, el Gobierno debía haber contratado nuevos controladores y no lo hizo, y recordó que debía haber convalidado las licencias de los controladores militares y tampoco quiso hacerlo. Si el Gobierno hubiera hecho alguna de esas dos cosas, no hubiera habido necesidad de sacar ningún nuevo decreto de regulación de las condiciones laborales de los controladores el viernes pasado.

En lo que Rajoy no quiso entrar, y me parece injustificable que no lo hiciera, fue en la ilegalidad del decreto de alarma aprobado por el Gobierno. Quienes sí señalaron esa ilegalidad fueron Izquierda Unida, el Bloque Nacionalista Gallego y Rosa Díez, que pidió la derogación inmediata del estado de alarma, puesto que ya han desaparecido las circunstancias que motivaron su promulgación.

Gaspar Llamazares preguntó, con muy buen criterio, qué vendrá después de este decreto. ¿Se extenderá indefinidamente el estado de alarma, prohibiendo de forma fraudulenta las huelgas en los aeropuertos españoles? ¿Se extenderá la medida a otros colectivos de trabajadores en caso necesario, como por ejemplo los transportistas?

En realidad, Llamazares, por una vez en la vida y sin que sirva necesariamente de precedente, puso el dedo en la principal de las llagas. Porque todos nos tememos, con razón, que el Gobierno va a imponer durísimos recortes sociales en los próximos meses, gracias a la ruina en la que el PSOE ha sumido al país.

Y si se consiente que el Gobierno restrinja ilegalmente los derechos constitucionales de un colectivo de trabajadores, por muy privilegiado que éste sea, se sentirá automáticamente legitimado para aplicar medidas ilegales de represión a cualquier otro colectivo que ose plantear, por ejemplo, que antes de recortar las pensiones, o los sueldos de los funcionarios, o las ayudas de desempleo, primero debería acabarse, de manera radical, con los privilegios de la clase política y de sus mamandurrieros asociados.

Es mucho lo que todos nos jugamos en el conflicto de los controladores. Para empezar, nos jugamos algo tan importante como dar o no carta blanca al Gobierno para restringir a voluntad los derechos constitucionales en caso de crisis. Lo cual sería tanto como dar carta blanca al Gobierno para provocar las crisis que desee con el fin de justificar cada nuevo recorte que se le emperejile.

Ahora, el Gobierno está estudiando proponer con urgencia al Congreso la prolongación del estado de alarma ilegal, más allá del límite de quince días inicial. Ya no está cerrado el espacio aéreo, ni hay gente tirada en los aeropuertos, pero el Gobierno pretende prolongar el recorte de derechos constitucionales.

¿Hasta dónde pretende prolongarlo? ¿Hasta que se termine de privatizar esa empresa, AENA, a la que el propio Gobierno - y no los controladores - ha llevado a la quiebra con su política de inversiones? ¿Hasta las elecciones municipales y autonómicas? ¿Hasta que se clarifique la guerra civil abierta en el seno del PSOE a raíz de la debacle en las elecciones catalanas? ¿Hasta que se aprueben nuevos recortes sociales? ¿Hasta que pasemos la siguiente crisis de suspensión de pagos en enero?

¿Qué pretende exactamente este Gobierno manteniendo, sin justificación ninguna, un estado de alarma ilegal?

No lo sabemos.

Pero lo que sí está claro es que, independientemente de la distribución de culpas que cada uno efectúe en el asunto de los controladores, nos corresponde a todos exigir que el Gobierno cancele, de manera inmediata e incondicional, un estado de alarma que supone una amenaza para los derechos de todos.

Desde aquí lo exijo. Y les animo a ustedes a que lo exijan también.