07:16 (13-12-2010) La Gaceta
La consejera Eva Almunia realizó la concesión “sin justificación ni publicidad”. La Fiscalía estudia responsabilidades penales tras la denuncia del Tribunal de Cuentas. El Ejecutivo aragonés prorrogó “dos contratos con incrementos de precios que fueron excesivos”.
M. L. Alonso. Madrid
El último informe que el Tribunal de Cuentas ha publicado sobre la gestión del Gobierno de Aragón en 2004 y 2005 arroja gran desconfianza sobre la gestión realizada por el Ejecutivo que lidera el hoy secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias.
La mayoría de las irregularidades que ha detectado el exhaustivo análisis del máximo órgano fiscalizador del Estado están relacionadas con la adjudicación de subvenciones o contratos públicos que no han sido convenientemente justificados y, entre ésos, uno adjudicado por valor de 1,4 millones de euros de forma directa por la candidata del Partido Socialista a presidir la comunidad, Eva Almunia, cuando ésta era consejera de Educación del Gobierno regional.
El contrato tenía por objeto la redacción del proyecto de reforma y ampliación del Museo Pablo Zaragoza. “No se acreditó fehacientemente que los adjudicatarios de los contratos fueran los únicos capaces de realizar las prestaciones”, sentencia el Tribunal, que también advierte de que Eva Almunia visó una factura de más de 23.000 euros a la empresa contratada que no debió ser abonada.
Sin embargo, esta contratación irregular, todavía por esclarecer, no es la única que pesa sobre el Gobierno de Aragón y, según anunció el presidente del órgano fiscalizador en sede parlamentaria, están siendo investigadas ya por el Ministerio Fiscal para ver si pudieran derivar en responsabilidad penal alguna. En concreto, el informe del Tribunal de Cuentas revela que en el caso de las subvenciones concedidas sin convocatoria previa, el Ejecutivo de Iglesias no ha acreditado debidamente el motivo ni las razones “que justifican la concesión directa de las ayudas, ni puede deducirse del objeto de las mismas la imposibilidad de someterlas a procesos de concurrencia”.
Es decir, que el Gobierno socialista de Aragón ha otorgado subvenciones sin que se produjera un proceso público en el que se dirimiera quién y por qué merecía esa ayuda monetaria y tampoco ha explicado por qué se han dado a dedo algunas ayudas. Además, el Tribunal denuncia que el Ejecutivo aragonés no tiene en cuenta a la hora de conceder un contrato público las ofertas más bajas, aquéllas que resultan más baratas para la Administración Pública. Y en este aspecto resuelve que en muchos de los casos las empresas que se quedaron con la subvención eran las que ofrecían un proyecto más caro.
El Tribunal de Cuentas desvela también que se prorrogaron “dos contratos de campañas de publicidad institucional y otro del servicio de limpieza del Hospital de Barbastro con incrementos de precios que fueron excesivos en el caso de los contratos de publicidad e improcedente en el del servicio de limpieza”.
La supervisión de las obras adjudicadas también es un punto débil del Ejecutivo aragonés. En el caso de ese tipo de contratos, el órgano fiscalizador asegura que “se produjeron significativas demoras y ampliaciones de los plazos de ejecución no justificadas adecuadamente” y que, además, se correspondieron con empresas que habían ofertado reducciones de los plazos.
Continuismo
Eva Almunia, ex secretaria de Estado de Educación y amiga personal de Leire Pajín, constituye la imagen del continuismo del Ejecutivo del histórico barón socialista Marcelino Iglesias, que tras 11 años en el Gobierno regional ha decidido retirarse hace algo más de un mes en el momento en que Zapatero le llamó a filas para que se encargara de poner paz en las revueltas aguas socialistas como secretario de Organización del PSOE.
La elección de Almunia como candidata del PSOE no ha estado exenta de polémica desde el principio. En torno a un centenar de socialistas aragoneses intentaron sin éxito la celebración de unas primarias en esa comunidad, pero el candidato alternativo a Almunia, César Ciriano, estaba expedientado por Ferraz por haber destapado las supuestas irregularidades cometidas por el marido de la candidata, Carlos Esco, cuando éste era consejero autonómico, según ha denunciado Ciriano.
Ese pequeño obstáculo unido a las irregularidades destapadas por el Tribunal de Cuentas no han impedido que la ex consejera de Estado de Educación haya retornado al Gobierno aragonés para convertirse en vicepresidenta de Marcelino Iglesias y, por tanto, en una especie de presidenta en funciones de aquí hasta mayo del próximo año cuando tengan lugar las elecciones autonómicas.
Esta, antes de comenzar ya empieza al mangoneo, claro, tienen buenos maestros...
ResponderEliminar