PEDRO BLASCO
El Mundo
El TSJM informó el martes que celebrará el juicio del llamado caso Patrimonio Siglo XXI del 14 al 17 de diciembre, por lo que da por denegada la petición.
La Fiscalía del TSJM acusa a cada uno de los imputados de un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal en relación con el artículo 78 de la Ley de Bases del Régimen Local. Cada uno de ellos se enfrenta a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Trinidad Rollán, actual número dos del PSM-PSOE, era alcaldesa cuando el Pleno municipal aprobó un convenio con una empresa, a pesar de los informes contrarios de la Secretaría e Intervención.
La abogada alega que «más del 90% de las denuncias realizadas contra personas en el ejercicio de la función pública no tiene otra finalidad que la del descrédito político». «Por ello -añade- se publican en distintos medios de comunicación cualesquiera resoluciones judiciales de impulso del procedimiento para tratar de formar un juicio paralelo con la opinión pública y confundirla, entendiendo condenado al mero imputado, pues las personas que no son legas en la materia confunden los conceptos de imputado, acusado y condenado que se producen en los distintos estados procesales».
El escrito señala que eso es precisamente lo que está ocurriendo en este procedimiento, «por la comisión de un presunto delito de prevaricación cometido nada menos que siete años atrás, con la única finalidad del oportunismo político dentro del marco de las elecciones municipales que se iban a celebrar en ese momento».
Se queja de que, desde el inicio, se han ido filtrando diversas resoluciones judiciales de la causa «que han aparecido en prensa y televisión y a las que se han dado bombo y platillo por personas con intereses políticos contrapuestos a los de mi demandante».
Y la letrada cita como ejemplo el propio escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Antes de que fuera presentado a las partes imputadas -señala- fue utilizado por Ignacio González, vicepresidente, consejero de Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el Pleno celebrado en la Asamblea el 8 de abril.
Esto es una justicia concordada, lo demás son mariconadas. Fíjense uds. si a los narcos o a cualquier delincuente común, se le pudiera hacer esto, sería la leche. En fin, estamos en un país, donde los políticos, parece que tienen gula en todo, para que luego diagn, que la justicia es igual para todos, y una leche... (con perdón).
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