EL MUNDO / Madrid
El juez, además, condena en costas a Montes y rechaza todas sus acusaciones. «Las informaciones no fueron constitutivas de atentado contra el derecho al honor y la consideración pública de Luis Montes», argumenta; «se imputa difamación que no ha existido», añade, «y una búsqueda de escándalo y alarma que no es tal», concluye la sentencia.
El juez Ángel L. Ramos Muñoz apunta que «en ningún caso se puede decir que los datos sean falsos, manipulados o cercenados», como argumentaba Montes, sino «objetivos, relevantes y veraces».
En marzo de 2005, estalló el caso Severo Ochoa, cuando la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad recibieron dos denuncias anónimas que hablaban de cientos de muertes causadas por la eutanasia activa aplicada por Montes a determinados pacientes sin consentimiento de sus familiares. La Comunidad de Madrid abrió una investigación que concluyó con la destitución del anestesista como coordinador de Urgencias del centro sanitario.
Posteriormente, comenzó una investigación judicial sobre las supuestas sedaciones «irregulares, excesivas y contraindicadas».
El Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés terminó archivando el caso porque «no es posible afirmar o negar con certeza absoluta si la causa directa de la muerte de alguno de los pacientes sedados fue la medicación administrada, ya que no fue posible realizar la autopsia de los pacientes fallecidos». La Audiencia Provincial corrigió el auto de archivo para que no hiciera mención a la mala praxis de los médicos.
Durante todo ese tiempo, EL MUNDO realizó una investigación sobre aquellos hechos, desveló informes confidenciales elaborados por médicos del Severo Ochoa que detectaron sedaciones contraindicadas que pudieron causar la muerte de varios enfermos y aportó datos que demostraban que lo que ocurría en Leganés era distinto a lo que pasaba en otros hospitales similares. Por ejemplo, que el 90% de los pacientes sedados por el doctor Montes murió en menos de 24 horas, o que la mortalidad de las Urgencias del Severo Ochoa triplicaba la de otros servicios similares.
En 2009, Montes demandó al director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, y al redactor Luis Ángel Sanz, como autor de las informaciones, y reclamó a la empresa editora una indemnización de 500.000 euros en defensa de su honor.
Según Montes, aquellas noticias fueron «insidiosas» y «sesgadas», «no contenían información veraz» y tenían como objetivo «deformar a la opinión pública a costa del desprestigio» del médico.
La sentencia examina una por una todas las noticias objeto de la demanda y concluye que «transmiten todas ellas hechos relevantes, de indudable interés público y de forma veraz». Además, añade que el periodista «ha basado sus informaciones en los documentos a los que ha tenido acceso y en las manifestaciones y opiniones de personas relacionadas con los hechos objeto de la información».
El juez también apunta que «tampoco se ha acreditado, ni se extrae de la lectura de las informaciones, una voluntad peyorativa hacia la persona de aquél [Montes], ni las pretendidas motivaciones políticas en el sesgo de la información». La sentencia incide en que los datos de las informaciones «se reflejan con asepsia destacable» y «no incluyen valoraciones del autor, sino de expertos consultados». Además, las noticias «recogen tanto las que resultan favorables como desfavorables para la actuación del demandante». Por todo ello, concluye que la información ha sido «veraz» y no se ha vulnerado el honor de Montes, que puede ahora recurrir ante la Audiencia.
Al cesar lo que es del cesar...
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