El Juzgado 5 de Marbella mantiene secretas las diligencias sobre la identidad de J. A. G.

08:23 (15-11-2010)

Se relacionan con la investigación sobre la identidad de estas siglas que figuran en las agendas de Roca. El juez Santiago Torres “podría estar cometiendo un ilícito penal de posible prevaricación”.

Las diligencias previas 318/07 que instruye el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella se encuentran archivadas desde hace tres años y mantienen desde entonces su carácter de secretas. Esta extraña resolución judicial impide conocer su contenido, relacionado con el nombre de la persona que aparece en las agendas de Juan Antonio Roca y que, según estas mismas anotaciones, recibió al menos 200.000 euros por alertar al antiguo asesor de Urbanismo del ayuntamiento que dirigía Julián Muñoz de la marcha de las investigaciones policiales.

Fuentes judiciales consultadas por LA GACETA no dudaron en mostrar su extrañeza y perplejidad al conocer que un procedimiento judicial que se encuentra archivado se siga manteniendo secreto para impedir a los interesados el conocimiento de su contenido. “El secreto del sumario se acuerda para evitar que los acusados de un hecho delictivo sepan lo que se sabe de ellos y puedan destruir pruebas, por eso la Ley señala un plazo de un mes para dar tiempo a los investigadores a reunir esas pruebas.

Es cierto que el secreto de las actuaciones puede ir prorrogándose más allá del plazo de un mes, pero es la primera vez en mi larga vida profesional que sé que unas diligencias que están archivadas sigan secretas. El juez, obviamente, no puede hacer eso porque estaría cometiendo un ilícito penal de posible prevaricación. Ni tampoco puede admitirlo el fiscal en su calidad de garante de la legalidad”, señalan estas fuentes.

Como ya informó este periódico, los firmantes de una querella contra Juan Antonio González García le señalan como la persona a la que presumiblemente corresponden las citadas siglas. El pasado lunes, el titular del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, Mariano Ascandoni, archivó esta querella sin practicar una sola prueba. Los querellantes acusan al comisario González de la presunta comisión de los delitos de prevaricación y detención ilegal, entre otros. Los abogados de los perjudicados por esta actuación presumiblemente irregular recurrirán en los próximos días el archivo de esta querella ante la Audiencia Provincial de Madrid.
‘Operación Jazmín’

En 2005, las Policías española, peruana, británica y holandesa detectaron que por el puerto de Róterdam entraban cargamentos de cocaína camuflados en latas de espárragos procedentes de Perú.
La mercancía la comerciaba un grupo organizado de delincuentes cuya cabeza visible era el peruano de origen holandés Ment Dikkhuizen Cáceres, y en la que militaban los británicos Dennis O’Brien, hijo de James Kelly y Riswan Choudhuy.

Éste último, de origen paquistaní, sería detenido después en Madrid bajo el falso nombre de Hussein Syd.  A la banda se le imputó y decomisó un total de 1.650 kilos de cocaína.

A esta importante operación antidroga se la bautizó con los nombres de “Jazmín”, en Europa, y con el de “Espárragos Blancos”, en Perú. La explotación de este servicio fue todo un éxito policial. Pero durante las investigaciones para su total desarticulación, a la pareja de amigos y socios investigadores residentes en Marbella, formada por el español Juan Ramón Gómez de Salazar Gracia, antiguo colaborador del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), y el británico Noel Francés, ex agente del MI-6, el Servicio Secreto inglés, elaboraron un informe sobre las actividades en la Costa del Sol de Juan Antonio Roca.

El informe versaba sobre sociedades of shore que desde Marbella remitía importantes cantidades de dinero a las islas británicas por medio del testaferro de Roca, Óscar Benavente. Este informe se unía a otros dos que un detective marbellí habían enviado al CNI en 1998 y a la Policía en 2004 en relación con la finca de La Caridad, propiedad de Juan Antonio Roca. Estos informes consiguieron –según la denuncia en poder de LA GACETA– herir la sensibilidad de determinados mandos del Cuerpo Nacional de Policía temerosos de que sus nombres salieran a la luz pública relacionados con Juan Antonio Roca, quien hasta entonces no se encontraba investigado al menos oficialmente.
La ofensiva policial

El 21 de junio de 2005, meses antes de que se iniciaran las investigaciones en torno a la operación Malaya, la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), no la Brigada de Estupefacientes, se dirige por oficio al magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, solicitando la observación de ocho teléfonos utilizados por el entorno de Gómez de Salazar, de Francis Noel, del detective que había informado sobre la finca de Roca y de otras personas ajenas por completo a las investigaciones policiales que se seguían en torno a la operación Jazmín.

En el escrito de solicitud de estas intervenciones los agentes de la UDEV decían al juez Pedraz que en esta organización presumiblemente criminal podrían estar implicados “agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil)”.

Durante más de 11 meses el juez Pedraz permitió a estos agentes que escucharan las conversaciones de las personas que habían denunciado la corrupción en Marbella, pese a que en ninguna de las transcripciones de las cintas escuchadas se detectó que estas personas nada tenían que ver con la banda de narcotraficantes de la operación Jazmín.

Durante uno de los registros domiciliarios efectuados a Juan Antonio Roca, en una de sus agendas apareció la famosa anotación del pago de 200.000 € a J. A. G. Fue el fiscal Anticorrupción quien pidió al juez Miguel Ángel Torres que abriera con todo sigilo una pieza separada para investigar a quién correspondían las siglas J. A. G. y los agentes de Policía que pudieran estar implicados en esta trama de presunta corrupción. Cuatro o cinco meses después de la apertura de las Diligencias Previas 318/07 fueron archivadas y desde entonces permanecen rodeadas de un halo de misterio y secretismo.

Las diligencias que el juez Pedraz instruyó contra Noel Francis, Juan Ramón Gómez de Salazar y otros hace tiempo que también fueron archivadas. En repetidas ocasiones, la justicia holandesa se ha dirigido a estas personas para decirles que sus nombres jamás aparecieron implicados en la operación Jazmín.

La Policía británica manifiesta que registraron el domicilio de Noel Francis en las afueras de Londres a petición de la Policía española y por un presunto delito de “Corrupción”, no de narcotráfico como los de la UDEV aseguraron al juez Pedraz para que les concedieran las intervenciones telefónicas.