FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid
Este complemento a mínimos asegura el cobro de unos 10.200 euros al año para quienes sólo tengan derecho a una pensión muy baja por no haber cotizado lo suficiente o durante poco tiempo. Lo percibe nada menos que el 27,7% del total del sistema público. Es más frecuente en los regímenes donde se elige la cotización por bases fijas cercanas a la mínima, por ejemplo, en autónomos (el 41% tiene una de estas pensiones) o empleados de hogar (el 60%). Por clases, casi el 30% de las pensiones de jubilación lo percibe, mientras que en el colectivo de viudedad llega al 34%.
En realidad, se trata de un enorme agujero que el Estado viene propinando a las cuentas de las pensiones y que, si se hubiera abonado con impuestos desde al menos el Pacto de Toledo, ahora mismo el Fondo de Reserva tendría el doble de recursos.
Incluso podría hacer innecesaria la reforma en marcha. Según los cálculos realizados, desde 1996 se han empleado 58.000 millones de las cotizaciones (6% del PIB) para pagar estas prestaciones. Es prácticamente la mitad del presupuesto de la Seguridad Social de 2011. Es más, se han incumplido los compromisos de financiación acordados con las fuerzas sociales. El uso del dinero de las pensiones para prestaciones ajenas al sistema ha sido una constante habitual de todos los gobiernos que han empleado para taponar la sangría del déficit público o incluso buscando réditos electorales.
Este complemento se creó en 1984, a instancia del PSOE y con el acuerdo del PP, para garantizar un nivel de subsistencia a los pensionistas que les quedaba una pensión exigua por su baja contributividad. Y el gasto, con el que debería correr el Estado, se lo endosaron a la caja de los pensionistas. Sin embargo, en la reforma del Pacto de Toledo de 1996 los grupos optaron por separar las fuentes de financiación y decidieron que el Estado debería soportar ese gasto aunque hasta ese año ya se realizaban algunas aportaciones.
Pero no se dijo ni cuándo ni de qué forma. Así, en 1997, el primer año de aplicación de la reforma y en pleno plan de austeridad del gasto público para la convergencia europea, el Gobierno del PP redujo drásticamente la aportación del Estado que en ese momento realizaba para este complemento. De los 1.394 millones de 1996 (el 38,39% del gasto total), mientras la Seguridad Social aportaba entonces 2.238 millones, se pasó a sólo 96 millones en 1997 (2.142 millones menos de golpe). La caja de las pensiones tuvo que hacerse cargo de casi la totalidad de estas prestaciones (a una media de 3.800 euros anuales) hasta 2002. En ese año, el Gobierno del PP, todavía en La Moncloa, firmó un acuerdo con CCOO (UGT se negó) y la CEOE para establecer un calendario «de modo paulatino» para que el Estado se hiciera cargo de este lastre para las cuentas de las pensiones.
El plazo que se determinó, según consta en la disposición transitoria decimocuarta del texto refundido de la Ley de la Seguridad Social, «no superará los 12 años contados a partir del 1 de enero de 2002 en los términos en que establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado». Sin embargo, los gobiernos del PP primero, y ahora del PSOE, no han aportado ni siquiera una doceava parte de esta partida a lo largo de estos años. Sólo la han ido aumentando de forma progresiva en 300 millones por año.
Así, se ha pasado de los 306 millones de 2002 (mientras la caja de las pensiones pagaba el 93% de los 4.187 millones restantes) a los 2.706 millones en 2010. Se trata del 38,82% del coste total de complemento a mínimos que es de casi 7.000 millones.
El caso es que en los últimos años mientras el Estado ponía 300 millones más por ejercicio, este gasto crecía a una media de 600 millones. La causa hay que buscarla en los compromisos de Zapatero en el tradicional acto anual de Rodiezmo (León) con las pensiones mínimas a las que ha aumentado su cuantía en más de un 30% en cinco años, muy por encima de las pensiones contributivas. Esta decisión política ha supuesto más carga para la caja de la Seguridad Social mientras que, por la vía de los presupuestos, el Gobierno no ha aportado un solo euro más para compensar la subida.
Y ahora el Gobierno ha decidido también usar la caja de las pensiones para encajar sus cifras de déficit presupuestario. Para 2011 va a aplicar la tijera a esa aportación. Sólo va a contribuir con 2.706 millones, es decir, 100 millones más que el año pasado frente al aumento en 300 millones que se venía realizando desde 2002. De esta forma, los presupuestos del Estado sólo contribuirán el año próximo con el 38,06% del gasto estimado para el complemento de las pensiones mínimas mientras que la Seguridad Social tendrá que aportar el 62% restante (más de 4.566 millones). Esta contribución en 2011 es similar en porcentaje a la de 1996.
Esta decisión puede acarrear más problemas cuando el Gobierno tenga que hacerse cargo de toda esta bola de nieve, salvo que los grupos políticos decidan otra cosa en la reforma del Pacto de Toledo. Tal como figura en la ley, la fecha coincide precisamente con los presupuestos de 2013. Así, en el año en que el Estado deberá reducir al 1,9% el déficit (un 3% en el consolidado con las demás administraciones) según el compromiso con Bruselas, el Ejecutivo de turno deberá hacer frente de golpe a unos gastos de cerca de 5.000 millones (medio punto de PIB) para completar los al menos 8.000 millones de coste total de esta partida que tendrá que asumir en su integridad.
A este paso, no vamos a tener ni para comprar los reyes.
ResponderEliminar