El Gobierno enmascara que abrió tumbas en el Valle de los Caídos

M. CRUZ / L. Á. SANZ / Madrid

Accedió a buscar, en presencia de sus familiares, los restos de nueve de los 40.000 enterrados
Realizó «catas» en las cajas que supuestamente contienen a los anarquistas fusilados
Lo presenta como «un estudio forense para poder comprobar el estado de los osarios»

El Gobierno confirmó ayer que ha llevado a cabo varias operaciones de prospección forense o «catas», como se denominan científicamente, en los osarios del Valle de los Caídos, donde están enterradas aproximadamente 40.000 víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil.

La apertura de las cajas donde se encuentran los restos humanos se realizó sin publicidad, aprovechando que la basílica está cerrada desde finales del año pasado con la «excusa», según el PP, de que se está procediendo a trabajos de mantenimiento y conservación.

Las tres operaciones de prospección en las criptas, que se han llevado a cabo entre mayo y septiembre, no dieron lugar, según aclaró el Ministerio de Presidencia, a ninguna exhumación o traslado de restos. En la última, realizada hace un mes, estuvieron presentes miembros de las familias de nueve anarquistas fusilados en la Guerra Civil. Fausto Canales, portavoz de las citadas familias, confirmó ayer a este periódico dicha presencia.Sigue en página 4

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Las familias habían llevado ante la Audiencia Nacional su caso para recuperar los restos de las nueve víctimas republicanas. El asunto se remitió al juzgado de San Lorenzo de El Escorial, pero ahí quedó frenado porque no se consideró competente.

Los familiares decidieron entonces, como explica la revista Interviú, acudir al Ministerio de Presidencia, cuya titular es la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Fue este departamento el que permitió a miembros de las familias estar presentes en la última prospección que se llevó a cabo en los osarios. Tras esta operación que fuentes gubernamentales definen como «cata forense», se les comunicó a los familiares la «inviabilidad» de proceder a la identificación de los restos.

Expertos forenses policiales explicaron ayer a EL MUNDO que una «cata forense» es una toma de pruebas, de lo que se infiere que el forense y el biólogo que llevaron a cabo los trabajos en presencia de altos funcionarios de Presidencia y de Patrimonio Nacional tuvieron que abrir alguna de las cajas que contienen restos humanos.

Las cajas están señaladas con números y con el nombre del lugar de procedencia de los restos que contienen, de manera que no sería imposible localizar el emplazamiento de los cadáveres de los anarquistas.

El Ministerio de Presidencia hizo público ayer un comunicado de «aclaración» confirmando que «desde hace meses» el Gobierno trabaja en «un estudio sobre el estado de conservación del Valle de los Caídos y de sus criptas y osarios».

En dicho estudio concurren dos líneas de trabajo: la primera de ellas de carácter «documental» y la segunda, «arquitectónica».

La parte «documental» implica «compilar y examinar todas las fuentes existentes (los libros de registro de entrada de restos y la documentación de los gobiernos civiles) para determinar la distribución de los restos en los distintos osarios, a partir de su traslado desde sus distintos lugares de procedencia». El estudio «arquitectónico» tiene como objetivo «conocer el estado de conservación de la estructura del templo, de las criptas y de los osarios».

Presidencia recuerda que el 30 de septiembre de 2009, la Comisión Constitucional del Congreso aprobó una proposición no de ley que instaba al Gobierno a «elaborar un censo de las personas enterradas en el Valle de los Caídos, y a facilitar las exhumaciones y agilizar el traslado de los restos de las personas allí enterradas, cuando así lo soliciten los familiares o entidades representadas en los mismos». Igualmente, la convocatoria de ayudas relacionadas con la Ley de Memoria Histórica habla de la necesidad de priorizar los «proyectos de indagación, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas».

Por todo ello, según explicó ayer el departamento de De la Vega, «el Gobierno determinó, y así se lo trasladó a las asociaciones y familiares que lo habían solicitado, la necesidad de realizar un estudio forense para comprobar el estado de los restos y la viabilidad de las exhumaciones».

Según las explicaciones gubernamentales, el procedimiento es «público» y del mismo «ha tenido conocimiento» la comunidad de monjes benedictinos que reside en la abadía.

Presidencia admite que se han llevado a cabo varias prospecciones para «comprobar el estado de los osarios», que son las grandes salas en las que se encuentran apiladas las cajas con restos humanos. También puntualiza que en estas prospecciones no se ha llevado a cabo «ninguna exhumación ni traslado».

Añade, además, que «los estudios forenses aún no han concluido» y precisa que, una vez finalicen, el Gobierno «hará públicas las conclusiones» y se las dará a conocer a las fuerzas parlamentarias, a las asociaciones de Memoria Histórica y a los familiares interesados en conocer el estado de los restos.

Tras el comunicado de Presidencia, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, insistió en que los trabajos no son una exhumación, sino una «investigación hecha por forenses especializados para ver y saber el estado de los yacimientos de las personas que se encuentran allí», en definitiva, precisó, «para ver el estado de las instalaciones».

Para hacer las prospecciones, el Gobierno no ha pedido permiso ni a la Comunidad de Madrid, ni al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, como confirmaron ambas administraciones a este diario. La Ley de Memoria Histórica fija en su artículo 13 que «las administraciones públicas competentes autorizarán las tareas de prospección».

Fuentes de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Madrid señalaron que la administración competente es el Estado por hallarse los osarios en instalaciones propiedad de Patrimonio Nacional. Eso sí, puntualizaron que el Gobierno «no puede proceder a prospecciones y exhumaciones sin autorización judicial». Lo contrario, dijeron fuentes de la Comunidad, sería ilegal.

El Valle de los Caídos parece perdido en un limbo legal en cuanto a su competencia. Ayer, ni el Ejecutivo regional, ni el alcalde de San Lorenzo tenían claro a quién correspondía. El regidor, José Luis Fernández-Quejo, está seguro de que la competencia no es municipal.

El alcalde confirmó también que nadie de Patrimonio Nacional se ha puesto en contacto con él, como sí hacen habitualmente, sobre todo, cuando realizan cualquier tipo de obra o trabajos en la basílica.