La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, considera que el actual está siendo «un verano negro» en materia de beneficios penitenciarios a terroristas que se ve «día tras día», y que la política en este sentido del Gobierno está dando una «vuelta atrás».
Así analizó en declaraciones a Europa Press sobre la inminente excarcelación, el próximo mes de octubre, del que fuera ideólogo de ETA José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, desvelada ayer por EL MUNDO.
En este sentido, insistió en que la AVT «está en contra de cualquier puesta en libertad de esta gente». Respecto al ex ideólogo de la banda terrorista, subrayó que en 2001 fue condenado a 34 años y en 2002 a otros 25 años de pena. «El requisito más importante, que es que tenga cumplidas las tres cuartas partes de la pena, no lo tiene», apostilló. Además, recordó que, aunque «gracias a su religión ha cambiado su forma de pensar», durante el tiempo en el que fue ideólogo, hubo «casi 200 asesinatos perpetrados por ETA».
Igualmente, reconoció que Txelis ha pedido perdón «genéricamente, aunque a las víctimas, una a una, no» y, a su juicio, el Gobierno vuelve a caer en lo que la AVT lleva «hablando varios días: que no se puede aplicar el artículo 100.2 porque es demasiado amplio y deja demasiado abierta la forma de actuar de Instituciones Penitenciarias». Por ese motivo, aseguró que «no van a apoyar esto ni a aceptar que se deje libre con estos cambios de grado, aplicando el artículo 100.2» a terroristas.
«Sería una vuelta atrás del Gobierno porque, si los terroristas saben que escribiendo esa carta absurda y ridícula que hemos visto publicada, van a poder acceder al segundo grado y al tercero y con eso van a obtener beneficios penitenciarios, todos lo van a hacer», insistió.
A este respecto, añadió que el citado artículo se aplica dependiendo de los informes técnicos que se hagan y que la AVT quiere conocer «cómo se hacen» y «desde luego, ver si es público ese arrepentimiento y si se están cumpliendo realmente los requisitos que se exigen para cambiar de grado», porque, en su opinión, «no hay toda la transparencia que debiera en este aspecto». Finalmente, añadió que su organización ultima una comisión que «empezará a trabajar en septiembre» para hacer un seguimiento de los casos y ver que realmente se cumplen los requisitos que la ley establece.
Por su parte, la portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, avisó de que permanecerá vigilante a la política antiterrorista del Gobierno para denunciar «cualquier tipo de fisura o grieta», ya que teme que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero «vuelva a las andadas» de la primera legislatura y retome la negociación con la organización terrorista.
Según indicó en una entrevista a Europa Press, cree que el Gobierno tratará de «hacer las mismas cosas» que en el proceso de diálogo con ETA, aunque «de una manera diferente y cambiando la táctica para que no se note». En defensa de esta sospecha, recordó que el propio Zapatero declaró este mes estar orgulloso de esa política antiterrorista. «Sólo puedo echarme a temblar -reconoció la líder de UPyD-. Si dice que está orgulloso de lo que hizo y que ahí se sentaron las bases, no puedo dejar de pensar en que está empeñado en hacer lo mismo».
Teniendo además en cuenta que los protagonistas -Zapatero y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba-, son los mismos, insistió en que no le queda otra alternativa que «desconfiar seriamente» del desarrollo de la política antiterrorista. Rosa Díez cree que el acercamiento de presos de la organización terrorista forma parte de la «estrategia» del Gobierno de hacer «concesiones» al entorno etarra.
Rosa Díez, ve lo mismo que estoy viendo yo. Y esto es lo mismo de siempre, negociación pura y dura. Hay que mantenerse en el sillón, ya que quedan muchos varones sin meter mano a la caja en condiciones...
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