Zapatero ofrece más traspasos a Cataluña aunque el TC impida su 'inclusión formal' en el Estatuto

CAROL ÁLVAREZ / Barcelona

Lo que el Tribunal Constitucional ha recortado del Estatuto catalán, el Gobierno lo quiere recuperar. En un intento de apaciguar los ánimos de los catalanes tras conocerse el fallo de la sentencia del TC, Rodríguez Zapatero les dedicó ayer palabras de aliento al reafirmar su apoyo al proyecto.

Un compromiso que se abre ahora a la ampliación de competencias de la Generalitat, a partir de la búsqueda de un nuevo cauce legal para aquellos aspectos en los que el TC ha puesto reparos a la hora de su «inclusión formal» en el Estatut.Sigue en página 9

En un artículo publicado en el diario La Vanguardia, el presidente del Gobierno desgrana el contenido del fallo del alto tribunal, al que da un valor altamente satisfactorio para los catalanes en tanto que «nada parece justificar que los avances sustanciales que el Estatuto comporta en el reconocimiento y reafirmación de la autonomía se hayan visto cercenados».

Con todo, una vez admite la anulación de preceptos de 14 artículos de la ley y la interpretación de otros 27, abre la vía a que se aborde la regulación de los elementos excluidos «por el cauce constitucionalmente procedente», si es que algunos de los aspectos no aceptados por el TC lo son por una cuestión formal, como pudiera ser que no debieran formar parte de una norma estatutaria.

De hecho, el acatamiento necesario de la sentencia, que reclama Zapatero, también significa, según sus propias palabras, la íntegra aplicación del Estatuto «y las posibilidades de su desarrollo». Es más, apunta el presidente que «ahora se abre un escenario más seguro, un horizonte de posibilidades a explorar, un camino que recorrer», en el que admite desde ya mismo que habrá discrepancias y negociaciones, aunque les resta valor por formar parte «de la fisiología del sistema».

El presidente del Gobierno insiste en la bondad del fallo y en los beneficios que aportará a Cataluña, ya que tras la sentencia, la comunidad «cuenta con el más alto grado de autogobierno que jamás haya conocido».

No sólo porque confirma las competencias en educación, sanidad, instituciones o el sistema financiero de Cataluña y las amplía en inspección de trabajo, transporte de cercanías o autorizaciones de trabajo a inmigrantes, sino porque la sentencia incluye, «en los mismos términos que cuando se aprobó, el reconocimiento de sus elementos identitarios y símbolos nacionales», una reivindicación cuyo valor político no se le escapa a Zapatero.

A falta de conocer la literalidad de la sentencia del Tribunal Constitucional, el presidente del Ejecutivo se aferra al fallo para insistir en que el Estatuto no sólo no rompía España, sino que en su redactado luego impugnado «profundizaba en el modelo autonómico» que ahora, con la sentencia ya resuelta, lejos de frenar este avance, lo consolida».

Sus palabras corrigen nuevamente la lectura crítica que hace el presidente catalán, José Montilla, de un fallo que considera que recorta aspectos identitarios de Cataluña y que le ha movido a hacer un llamamiento a la participación ciudadana en la próxima manifestación del 10 de julio con el lema Nosotros decidimos. Somos una nación.

A la espera de conocerse los fundamentos jurídicos de la sentencia, Zapatero y Montilla se reunirán para articular la respuesta del Ejecutivo ante la demanda catalana de obtener, vía distintas modificaciones legales, aquello que el Constitucional les niega.

En sentido contrario trabaja la maquinaria jurídica del PP catalán, que pretende forzar a la Generalitat a adaptar a la reciente sentencia las leyes afectadas por su inconstitucionalidad, estén ya aprobadas o en trámite.

Desde su posición contraria a Montilla, Zapatero abunda en la tesis de que los recortes del Tribunal Constitucional han sido mínimos y subraya que las declaraciones de inconstitucionalidad «se contraen al Consejo de Justicia y a seis aspectos concretos más, entre las más de 300 cuestiones impugnadas».

Precisamente en cuanto a los preceptos declarados inconstitucionales por el TC, el 95.5 y 6, el 97, el 98.2 y 3, el 99.1, el 100.1 y 2 desarrollaban las funciones y competencias del Consejo de Justicia, una herramienta pensada para la descentralización del poder judicial que en breve podrían tener validez a través de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que le delegará las competencias que actualmente recaen en las salas de gobierno de los diferentes tribunales superiores de justicia.

En el artículo, Zapatero hace también un gesto de sinceridad al manifestar su «arraigada convicción» tanto de la fuerte identidad política de Cataluña como de «la capacidad de nuestro sistema constitucional para reconocerla» y reitera que se «comprometió a coadyuvar al buen fin de esa decidida voluntad de reforma».

A renglón seguido, José Luis Rodríguez Zapatero se justifica ante los catalanes por la lentitud del proceso de reforma estatutaria, que pivota en lo que él define como «el singular diálogo político-institucional que se establece entre dos parlamentos», el de la comunidad autónoma y las Cortes Generales, y que luego ha de pasar por el filtro del Constitucional una vez recurrido.

Ahora, ya vigente, sólo le queda a Zapatero admitir las dificultades que el proceso estatutario ha tenido que afrontar en su largo trámite y lamenta que «habrá de transcurrir algún tiempo hasta que cicatricen algunos de los rasguños que la controversia política, demasiado acre en ocasiones, ha abierto entre nosotros».