LAS JUNTAS de Andalucía y Extremadura se sumaron ayer a la carrera de las comunidades socialistas por subir impuestos. Pero además José Antonio Griñán, presidente andaluz, anunció la implantación de una tasa a los depósitos bancarios muy similar a la que ya existe en Extremadura, que ha decidido incrementar su cuantía en un 15%.
En concreto, Griñán va elevar el tipo máximo del IRPF a partir de 80.000 euros, mientras que Guillermo Fernández Vara, presidente extremeño, lo hará a partir de rentas de 60.000 euros. La subida será progresiva hasta llegar a los tres puntos para los ingresos que superen los 120.000 euros en ambas comunidades.
A parte de su escaso impacto recaudatorio, el alza del IRPF sobre las rentas de trabajo más altas nos parece una injusticia porque ya están gravadas con un tipo del 43%. Hacienda se ceba con las nóminas de los profesionales que son transparentes, ya que tiene muchas más dificultades para controlar las grandes rentas de capital o la economía sumergida.
Igualmente desafortunado nos parece ese impuesto sobre los depósitos, que supone un insólito gravamen sobre el ahorro. Lo tendrán que pagar los bancos, pero resulta evidente que las entidades financieras lo van a trasladar a sus clientes. La introducción de este tipo de impuestos es un grave error porque favorece la deslocalización de los capitales y distorsiona la igualdad de condiciones que debe regir en el mercado. En cualquier caso, no deja ser llamativo que Andalucía y Extremadura penalicen sus depósitos con esta tasa mientras el Gobierno que preside Zapatero pide ayuda a la banca para colocar las nuevas emisiones de deuda.
Los presidentes de Andalucía y Extremadura, que concertaron sus medidas, anunciaron también el aumento de otros impuestos que van desde un gravamen a las bolsas de plástico a un canon a la producción de electricidad.
Como ya hemos defendido anteriormente, no nos parece que aumentar la presión fiscal sea la estrategia más adecuada para reactivar una economía deprimida, en una situación en la que la mayoría de los ciudadanos han sufrido recortes de su capacidad adquisitiva.
Pero es que además Andalucía y Extremadura son las regiones españolas más subsidiadas, con menor renta per capita, con mayor número de funcionarios y con mayor tasa de paro. Es, por tanto, imposible de creer que una subida de impuestos vaya a suponer un impulso a una economía tan precarizada e intervenida.
Son también las dos únicas comunidades que reciben el antiguo PER, un subsidio de unos 420 euros mensuales para quienes cumplan el requisito de 20 jornadas de trabajo anuales. El PER le cuesta al Estado 750 millones de euros al año, que se reparten entre los 150.000 andaluces y extremeños que lo cobran. Más valdría crear empleo estable para este colectivo, al que se le da de comer unos peces pero no se le enseña a pescar jamás.
Aunque Griñán habló ayer de reducir el número de empresas públicas (cerca de 300) y de congelar la plantilla de funcionarios, nos parece más lógico y coherente que, en lugar de subir los impuestos, el Gobierno andaluz hubiera optado por recortar el gasto público. Margen no le falta.
Podría reducir el número de coches oficiales que hay en Sevilla, el mayor del mundo por kilómetro cuadrado, o retirar los 170 millones de euros que aporta cada año a su órgano propagandístico Canal Sur, que tiene 1.700 empleados. O podría haber simplificado el organigrama burocrático de la Junta, que supera al de cualquier Estado. Pero siempre es mucho más fácil seguir apretando a los que más pagan y cuentan con ingresos accesibles al Fisco, entre otras razones, porque la demagogia de subir los impuestos a los ricos además da votos.
Esta es la pura verdad.
ResponderEliminarPodría reducir el número de coches oficiales que hay en Sevilla, el mayor del mundo por kilómetro cuadrado, o retirar los 170 millones de euros que aporta cada año a su órgano propagandístico Canal Sur, que tiene 1.700 empleados. O podría haber simplificado el organigrama burocrático de la Junta, que supera al de cualquier Estado. Pero siempre es mucho más fácil seguir apretando a los que más pagan y cuentan con ingresos accesibles al Fisco, entre otras razones, porque la demagogia de subir los impuestos a los ricos además da votos.