ALEJANDRO D. ZAJAC / Madrid
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) considera que la Fiscalía debe actuar contra las compañías de telefonía móvil que no controlan la identidad de quienes compran tarjetas de prepago a través de internet. Así lo expresó José María Benito, portavoz del colectivo, quien opinó que la falta de control «pone en grave riesgo la seguridad de los ciudadanos».
Días atrás, EL MUNDO alertaba de la existencia de líneas -de Vodafone, Orange y Pepephone- a nombre de personas ficticias, en contra de lo que estipula la Ley de Conservación de Datos.
«Estas compañías incumplen flagrantemente la Ley de Conservación de Datos», denunció el SUP. Benito explicó que la irregularidad se da «al no exigir la identificación mediante documento acreditativo de la personalidad como paso previo a activar la línea». A su vez, calificó esta situación como un «agujero en la legislación», y aseguró que los ministerios del Interior y de Industria deben vigilar que la normativa vigente se cumpla.
El objetivo de la Ley 25/2007 es evitar que la titularidad de los móviles sea anónima. El portavoz sindical de los policías explicó que el riesgo está en que las tarjetas sean adquiridas por personas «cuya finalidad sea claramente delictiva, como organizaciones terroristas y bandas dedicadas al crimen organizado».
Para el SUP, estos hechos deben ponerse en conocimiento de la Fiscalía para que actúe «contra estas compañías». Benito consideró que en este caso no valen sanciones económicas, sino que son necesarias las penales.
El portavoz del colectivo fue aún más lejos en la postura del SUP. «De no poder garantizarse el cumplimiento de la ley, debería impedirse la venta de tarjetas prepago a través de internet», puntualizó.
Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), su presidenta, Ángeles Pedraza, criticó la falta de seguimiento sobre el cumplimiento de la legislación por parte de Interior. «Ya no vale el que luego tengamos que echarnos las manos a la cabeza otra vez porque pasemos por otro 11-M», expresó. «No podemos ver cómo la gente compra alegremente teléfonos sin identificar», se quejó.
A su vez, la titular de AVT lamentó que «la vida vale muy poco a través de un teléfono móvil», en referencia al modo en que fueron detonados los explosivos en la masacre de Atocha. Pedraza adelantó que presentará una queja al Ministerio de Interior para que actúe contra las compañías.
La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M también opinó sobre lo publicado por EL MUNDO. Ángeles Domínguez, presidenta de este colectivo, consideró que el Departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba debe tomar medidas para revertir la situación. «Debe controlar a las compañías», reclamó. Sin embargo, cree que por la situación económica, para ellas «lo importante es tener más clientes» y no se las quiere perjudicar. «Las leyes se tienen que aplicar; no deben quedar en un simple papel escrito», argumentó.
Michele Cercone, portavoz de Interior de la Comisión Europea, declaró a EL MUNDO desde Bruselas que las autoridades comunitarias están haciendo una evaluación sobre la legislación de los estados miembros en materia de conservación de datos y telecomunicaciones. Sin embargo, los resultados no estarán listos antes del otoño.
España es un país de muchas leyes, pero de poca justicia, porque se aplican cuando le interesa al político de turno, ya saben, por el tema del sillón y la caja...
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