Pumpido, obligado a comparecer en el Congreso por el procesamiento de Garzón

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tendrá que comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar la polémica surgida a raíz de la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela de encausar al juez Baltasar Garzón. La Mesa de la Cámara Baja admitió en su reunión de ayer el escrito que presentó el PP, después de que los populares reformularan su solicitud de comparecencia. La comparecencia de Conde-Pumpido no tiene fecha todavía, según fuentes del órgano rector del Congreso.
La polémica se desató cuando el juez Varela decidió encausar al juez Garzón por un presunto delito de prevaricación, al investigar los crímenes del franquismo. Los sindicatos y la izquierda, incluido algún miembro del Gobierno, como el «número dos» de Manuel Chaves, participaron en actos de presión hacia los magistrados del Tribunal Supremo, una actitud que ha degenerado con el paso de los días en un cuestionamiento mismo de la Transición democrática.
«No fue modélica»
Sin ir más lejos, el portavoz de ERC, Joan Ridao, aseguró ayer en el Congreso que al final se ha comprobado «que la Transición no fue tan modélica, porque hubo predominio de franquistas y dejó grietas abiertas que se han ido ensanchando». Ridao, además, subrayó que la Ley de Amnistía de 1977 no está vigente porque está superada por la Constitución. Precisamente, el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares interpelará hoy al Gobierno sobre la «memoria histórica» y forzará una votación sobre la Ley de Amnistía en el Pleno de dentro de dos semanas.
También en el ámbito de los procesos abiertos por el Supremo al juez de la Audiencia Nacional, ayer se supo que el instructor de la causa contra Garzón por el dinero que recibió durante su estancia en la Universidad de Nueva York, Manuel Marchena, ha pedido a la Policía que averigüe si dos empleados del Centro Rey Juan Carlos I que no comparecieron como testigos tienen residencia en España.
Así consta en una providencia dictada por el magistrado del Tribunal Supremo (TS) fechada el mismo día -el pasado 21 de abril- en que había citado a declarar como testigos a una funcionaria judicial que acompañó a Garzón a Nueva York, María del Mar Bernabé; a la subdirectora del Centro Rey Juan Carlos I Laura Turégano y al ex director de este organismo James D. Fernández.
Ninguno de los dos últimos comparecieron en sede judicial ante «la imposibilidad, residiendo en Nueva York», de trasladarse a España, según consta en la notificación que la universidad norteamericana remitió al instructor una semana antes. Ante su incomparecencia, Marchena ha emplazado a la Policía Judicial a que «averigüe si dichos testigos tienen residencia en España».