Inmigración ilegal: el debate tramposo

A FONDO
Inmigración ilegal: el debate tramposo

«Si alguien quiere venir a España, que lo haga por los cauces legales y no se ponga en contacto con las mafias, porque, si no, lo repatriaremos». Así de contundente se mostró el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el pasado 16 de enero cuando presentó el balance de la lucha contra la inmigración ilegal y dio los datos correspondientes a 2009. Justo tres días antes, el 13 de enero, el ayuntamiento de Vic aprobó la normativa que impedía empadronarse a los sin papeles.
Rubalcaba dijo que, en aplicación de la Ley de Extranjería, que obliga a expulsar a los inmigrantes que han entrado en España de forma ilegal, en 2009 se habían llevado a cabo 38.129 repatriaciones. Y advirtió que, aunque la crisis ha hecho caer la entrada de extranjeros desde Latinoamérica, la llegada de pateras a Baleares y la Península ha aumentado un 18,7% respecto a 2008.

La decisión, ilegal, del ayuntamiento de Vic de no empadronar a los sin papeles ponía de manifiesto la contradicción entre la Ley de Extranjería y la Ley de Bases de Régimen Local. Una obliga a expulsar a los inmigrantes que han entrado de forma ilegal y la otra obliga a empadronar a todo aquel que muestre un pasaporte, independientemente de su situación legal.

El empadronamiento, en España, da derecho al servicio sanitario, la educación y servicios sociales, como acceso a viviendas de protección oficial. Por tanto, mientras que, por un lado, la Policía está obligada a expulsar a los inmigrantes en situación irregular, los ayuntamientos están obligados a darles servicios sociales como a cualquier otro ciudadano.

Según los datos oficiales (enero de 2009) en España hay empadronadas 46,4 millones de personas. De ellas, 41 millones son españoles y 5,4 millones extranjeros. España es el segundo país de la Unión Europea por número de inmigrantes, sólo por detrás de Alemania (donde viven 7,3 millones de extranjeros).

Los datos más fiables apuntan a que en España viven entre 700.000 y 1.000.000 de inmigrantes en situación irregular.

El problema radica ahí: ¿qué se hace con ellos? Según Rubalcaba, no hay ninguna duda al respecto: expulsarlos.

Sin embargo, el debate, sobre todo a raíz de la decisión del PP de pedir una revisión de la Ley de Extranjería (cuyo último texto fue aprobado hace sólo un mes) se ha llevado al terreno de los derechos humanos: ¿tienen los inmigrantes en situación irregular derecho a sanidad y educación gratuita como el resto de los ciudadanos?

Esa es una pregunta trampa, porque nadie que no sea un racista o un xenófobo dirá que se les debe negar ese derecho.

Como se ha hecho tanta demagogia con este tema y nadie quiere pecar de políticamente incorrecto en un debate tan sensible, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, ha pedido abiertamente que la sanidad y la educación no tengan que ver con el padrón y se den de forma gratuita a todos los ciudadanos. Con lo cual la discusión sobre los derechos que conlleva el empadronamiento deja de tener sentido. Pero también la distinción entre inmigrantes legales e irregulares. Según esa lógica, lo mejor sería regularizar a todos los inmigrantes y hacer tabla rasa (una vez más).

¿Qué hacen otros países? Miremos a Alemania, único país europeo que tiene más inmigrantes que España y con una red de asistencia social que para sí quisiéramos aquí. En Alemania ningún extranjero puede empadronarse si no está en situación legal: es decir, reside en una vivienda y tiene un permiso de trabajo.

Desde la perspectiva del Gobierno, ¿qué calificación merecería la política que lleva a cabo Alemania? El presidente Zapatero declaró solemnemente el pasado martes, en referencia a la decisión de Vic, que no admitiría que «por un truco haya seres humanos sin sanidad ni educación».

Entonces, ¿por qué expulsa a los sin papeles? ¿Es que los 38.129 expulsados el año pasado no merecen los mismos derechos que los que lograron eludir la acción de la Policía?

El mismo Gobierno que habla de solidaridad y servicios para todos es el que puso en marcha los cupos de expulsión. Es decir, la fijación de objetivos en las comisarías para que se expulsase todos los meses a un número determinado de sin papeles. Aunque Rubalcaba se comprometió el año pasado a suprimir los cupos de expulsión, los sindicatos policiales han seguido denunciando esa práctica poco coherente con la defensa de los derechos humanos.

España, como reconoció el propio Rubalcaba, sigue siendo un país atractivo para las mafias de África y los cayucos y pateras seguirán llegando a nuestras costas, sobre todo porque, a través del padrón se puede conseguir no sólo el acceso a los servicios de sanidad, educación y vivienda, sino, con el paso del tiempo, a la regularización.

La dureza de Alemania en su política con la inmigración ilegal ha hecho que a ese país apenas lleguen ya inmigrantes ilegales.

El caso de Vic (Barcelona), como el de Alcarrás (Lérida) o el de Torrejón de Ardóz (Madrid), son sólo la primera erupción de un problema que irá a más, en la medida en la que el paro y la falta de recursos de los ayuntamientos vayan en aumento.

Muchos municipios han hecho la vista gorda en los tiempos de bonanza porque los sin papeles han hecho trabajos que otros no querían y porque han sido empleados en el campo o en la construcción cobrando salarios de miseria y sin seguridad social. ¿Acaso es esa situación la que se quiere preservar?

Si un empleado realiza un trabajo debe cobrar lo que marcan los convenios para su sector y debe estar afiliado a la Seguridad Social. Y, por supuesto, pagar impuestos.

Lo contrario es aceptar que hay ciudadanos de primera y de segunda. Los primeros son los que están en situación legal; los segundos, son los sin papeles a los que aceptamos porque nos viene muy bien su sobreexplotación. A cambio, se les da acceso a la sanidad y educación gratis. ¡Qué buenos somos!

Empresarios, sindicatos y ayuntamientos deberían de colaborar con la Policía en el cumplimiento de la ley. Es decir, en expulsar a todo aquel que esté en situación irregular. Hacer lo contrario, bajo el mantra de que todos los seres humanos tienen los mismos derechos, es ocultar que cientos de miles de personas malviven con salarios de miseria que les son pagados por gente sin escrúpulos que se aprovecha precisamente de su situación irregular.

casimiro.g.abadillo@elmundo.es