La Fiscalía de la Audiencia Nacional golpeó ayer de nuevo en la herida que le
duele al Ministerio del Interior. Aprovechó que Instituciones Penitenciarias le
ha dado traslado del reciente informe del Servicio Vasco de Salud acerca del
estado del etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga –en libertad condicional a
iniciativa del Gobierno desde el verano pasado, con el argumento de que padece
un cáncer y su muerte es inminente– para enviar por iniciativa propia un
durísimo escrito al juez de Vigilancia Penitenciaria en el que echa en cara «la
evidencia, entonces y ahora», de que «ni era un enfermo en situación terminal»
ni «la excarcelación total estaba justificada». La Fiscalía y el Ministerio que dirige Jorge Fernández mantuvieron una enconada pugna desde que Instituciones Penitenciarias progresó a tercer grado a Bolinaga, condenado por el secuestro inhumano del funcionario José Antonio Ortega Lara y el asesinato de tres guardias civiles, y promovió su libertad condicional –que finalmente acordó la Audiencia Nacional– obviando que no está arrepentido –ni lo estará– ni ha pedido –ni pedirá– perdón a las víctimas, y apoyándose en informes del Servicio Vasco de Salud que sostenían que el etarra tenía un 50% de posibilidades de sobrevivir nueve meses y un 10% de pasar de 12.
Casi 11 meses después, Bolinaga sigue bajando al bar. El nuevo dictamen insiste en reafirmarse en esa superada esperanza de vida, aunque según el fiscal también pone de manifiesto que el paciente ha mejorado y responde positivamente al tratamiento paliativo: «Todas las metástasis han disminuido de tamaño en el curso del último año, lo que revela indiscutiblemente una evolución favorable de la enfermedad».
El escrito que firma el fiscal Pedro Rubira, por encargo del fiscal jefe Javier Zaragoza, viene a ser un contundente teníamos razón. «Lo que entonces era previsible se ha visto confirmado por el paso del tiempo y hoy es una realidad incuestionable»: Bolinaga no «era un enfermo en situación terminal, ni se encontraba en riesgo inminente de muerte, ni estaba sujeto a un pronóstico de vida tan corto como el que se le auguraba, ni la estancia en prisión constituía un peligro patente para su vida, ni la excarcelación total estaba justificada».
La Audiencia suavizó al excarcelar a Bolinaga la interpretación que debe hacerse del requisito del «peligro para la vida patente» que impone el Código Penal para exonerar a los presos terroristas enfermos de cumplir la condición del arrepentimiento: basta con que exista un riesgo «claro, notorio y manifiesto para su vida», aunque no sea «inminente». La Fiscalía también ataca por este flanco y subraya que todavía ningún informe, ni siquiera el más reciente, señala que «se encuentre en situación de peligro para su vida».
«Todos los pronósticos han fallado estrepitosamente» porque «la supervivencia del penado lleva camino de superar todos los registros», dice el fiscal, que señala a los médicos vascos por su «llamativa falta de rigor».
El Ministerio Público concluye solicitando al juez que ordene un nuevo informe a la forense Carmen Baena –que en 2012 apoyó las tesis del fiscal– con la asistencia de oncólogos designados por el Colegio de Médicos, que también cuestionó la libertad del etarra. Fuentes jurídicas consideran que la libertad condicional no es revocable aunque haya mejorado el estado de salud, sólo si vuelve a delinquir o incumple las normas de conducta que se le impusieron.
Pues claro, fué una dejación más del desgobierno a los asesinos, siguiendo lo pactado con zetaparo.
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